Bolivia en un nuevo intento por reformar su sistema judicial politizado

LA PAZ (Sputnik) — Una nueva tentativa de reforma del sistema judicial de Bolivia parece avecinarse en el inicio de 2022, tras décadas de quejas y debates que van dejando claro uno de los principales problemas de la justicia local: la falta de independencia política de los jueces.

Desde la fundación de Bolivia como república independiente en 1825, la organización de la justicia ha sido un dolor de cabeza, o algo peor, tanto para gobernantes como para opositores y ciudadanos comunes, sin contar con las mayorías indígenas, generalmente marginadas.

Los jueces han sido designados durante casi dos siglos por decisión exclusiva de los gobiernos o por pactos parlamentarios, pasando por intentos de participación de colegios de abogados, hasta que en la Constitución Plurinacional de 2009 el país adoptó una fórmula supuestamente revolucionaria de elección popular.

"Ahora el proceso se inicia con la elección de los magistrados nacionales por voto popular, y éstos designan a los jueces departamentales y de jurisdicciones menores, pero el problema sigue en el origen, porque los candidatos son cernidos o preseleccionados por el parlamento", dijo a la Agencia Sputnik el abogado Juan Wenceslao Chávez.

Eso significa, agregó, que los candidatos pasan por un primer filtro político en el que decide la mayoría parlamentaria, "como ha ocurrido en las dos elecciones judiciales ya realizadas, con candidatos impuestos por la mayoría oficialista [Movimiento Al Socialismo, MAS] y el posterior intento fallido de sabotaje opositor a la votación popular".

Diagnóstico

El ministro de Justicia, Iván Lima, hizo esta semana varias presentaciones en foros y medios sobre las declaraciones del presidente, Luis Arce, quien el lunes 3 al inaugurar el Año Judicial calificó al 2022 como el año de la reforma del sistema de justicia boliviano.

"Se ha marcado una ruta clara de compromiso del Gobierno nacional con una transformación estructural de la justicia, pública, inclusiva y de amplia consulta, que culminará inicialmente en marzo en un encuentro o cumbre nacional que definirá un documento básico o ruta crítica de acción", dijo Lima.

Esa consulta parte de la constatación de que el sistema judicial arrastra una crisis que puede llegar a poner en riesgo la estabilidad democrática, reconoció el ministro.

Según destacó Arce, el mal funcionamiento de la justicia, atribuible a leyes, jueces, abogados, litigantes y al sistema en general, provoca que unos 11.000 presos, que representan el 65% de los recluidos en las sobrepobladas cárceles del país, no tengan condena, sino que están cumpliendo detención preventiva.

Entre los afectados actualmente con detención preventiva destaca la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), quien lleva casi 10 meses esperando que la fiscalía presente la acusación formal por el golpe de Estado que la puso al frente de un Gobierno transitorio que por su parte encarceló sin proceso a más de un millar de los entonces masistas opositores.

Otra cifra alarmante: en casi un tercio de los municipios, mayormente en áreas rurales, no hay juzgados de ninguna naturaleza, lo que deja a más de 1,3 millones de bolivianos, o más de la décima parte de la población, sin acceso inmediato a la justicia.

Lima señaló que propuestas recogidas por el Gobierno en el último año, así como informes y recomendaciones de organismos internacionales, han coincidido en que el "problema mayor" de la justicia boliviana es la "falta de credibilidad en la institución, por falta de independencia, entre otros factores".

"Queda claro que no solamente un cambio en las leyes de funcionamiento o un aumento de los gastos en la justicia van a solucionar el problema que tenemos, sino que se tiene que atacar el problema de una manera estructural, integral", afirmó el ministro.

Lima explicó que, con miras a la "cumbre nacional de transformación de la justicia", el Gobierno pone en consideración de toda la sociedad, tanto organizaciones como individuos, una propuesta de reforma basada en seis ejes, incluida la independencia.

"De los seis ejes el fundamental es el de la independencia y es el que han resaltado todos los organismos internacionales y es el que ha quedado muy claro en el anuncio del presidente Arce. Nuestra Constitución, cuando habla de independencia, habla de coordinación y cooperación entre los poderes públicos", dijo Lima.

Los otros ejes de la propuesta preliminar oficial se refieren a una revolución tecnológica para poner fin a los juicios en papel, la erradicación de la corrupción, cambios de leyes de procedimientos judiciales, profesionalización y estabilización de los cargos judiciales y acceso universal a la justicia.

Cordón umbilical

Más directo, uno de los subalternos de Lima, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo al diario El Deber que la injerencia política en la designación de los jueces era la raíz de la falta de idoneidad, eficiencia e independencia de los tribunales, lo que hacía inútiles a muchas leyes.

"Tenemos que cortar ese vínculo umbilical entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, y eso significa que ningún senador, diputado, ministro o empresario tenga su juez o fiscal por ahí metido para que lo proteja en cualquier momento", planteó Silva, un miembro de la dirección nacional del MAS.

Esa relación de casi dependencia hace que muchos jueces se subordinen al poder, indicó, con una poco frecuente admisión:

"Los jueces se ponen la camiseta del partido en función de Gobierno, y eso no está bien, eso hace daño a la administración de justicia; el cambio de camiseta, el sometimiento y la subordinación al Gobierno de turno, eso tenemos que romper (…) Muchos de los actuales administradores de justicia han sido los que nos han perseguido a los masistas, y ahora están con la camiseta azul [del MAS], eso no puede ser, eso tenemos que cambiar para que la justicia sea independiente y todos podamos acceder a la justicia", expresó.

Silva afirmó que en Bolivia "a título de coordinación siempre ha habido subordinación, el Poder Judicial ha estado subordinado siempre al Poder Ejecutivo, incluso al Legislativo; no es un tema de hoy, es un tema que se arrastra desde el principio de la República, hoy Estado Plurinacional, es una deuda que con la población".