Zoraida Ávalos, la controvertida fiscal que denuncia a los presidentes de Perú

La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, decidió abrir una investigación contra el presidente Pedro Castillo, algo que ya había hecho con el exmandatario Martín Vizcarra y el expresidente interino Manuel Merino. Sin embargo, el trámite que acaban teniendo esas causas también le valió el rechazo de la oposición.

En el clima de crisis política del que Perú, hay un nombre que toma relevancia fuera de los despachos del Palacio de Gobierno o el Congreso: el de Zoraida Ávalos, la fiscal de la Nación que impulsa una investigación judicial contra el presidente Pedro Castillo por supuestos delitos de corrupción en tres causas diferentes.

La oposición no dio tregua a Castillo durante los últimos meses de 2021: primero cuestionaron la presunta injerencia indebida del mandatario en los ascensos militares, una serie de reuniones con empresarios en una residencia particular en el distrito limeño de Breña y una presunta participación indebida en las licitaciones para la construcción del Puente Tarata sobre el río Huallaga y la compra de biodiesel para Petroperú.

La decisión de Ávalos de iniciar una investigación que aglutine todas las causas llega una semana después de que la fiscal de la Nación no pudiera tomarle declaración a Pedro Castillo —en ese momento únicamente por los ascensos militares— por una "dolencia física" que la obligó a ser hospitalizada. Finalmente, los médicos le diagnosticaron un cálculo renal y le recomendaron reposo.

Pero los aplausos que Ávalos parecía despertar en la oposición peruana por el inicio de la investigación cambiaron a cuestionamientos al notificarse de que la fiscal de la Nación resolvió dejar en suspenso el proceso judicial hasta el final del mandato de Castillo, previsto para 2026, debido a que la Constitución establece que el presidente solo podrá ser juzgado en funciones por el delito de traición a la patria.

No es la primera vez que, desde su cargo, Ávalos arremete contra un presidente peruano. De hecho, la jurista fue la protagonista del único antecedente de una investigación a un mandatario en funciones en la historia del Ministerio Público peruano. Fue en octubre de 2020, cuando Ávalos indagó al entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) por supuestas irregularidades en las contrataciones por parte del Ministerio de Cultura al músico Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing.

La acusación motivó una moción de vacancia contra el presidente en septiembre de 2020, apenas dos meses antes de que otro intento de destituirlo sí tuviera efecto. De todas maneras, Ávalos no ocultó su orgullo por ser la primera fiscal de la Nación en acusar a un presidente. "Ningún fiscal de la Nación denunciaba a un presidente en funciones. Nunca. Conmigo se rompió. La única fiscal de la Nación que ha denunciado a un presidente en funciones soy yo", reivindicó durante una entrevista en septiembre de 2021.

La investigación a Vizcarra también fue suspendida por Ávalos hasta el final de su mandato, algo que finalmente llegó en noviembre de 2020. La fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional contra Vizcarra ante el Congreso en mayo de 2021.

Sin embargo, y al igual que sucede con Castillo, Zoraida Ávalos quedó en el medio de la polarización política peruana. Mientras investigaba al exmandatario, la derecha peruana la cuestionaba por lo que entendía, había sido un "blindaje" a Vizcarra para evitar que respondiera a otras acusaciones en su contra, como el escándalo de la 'vacunación VIP' contra el COVID-19.

En julio de 2021 Ávalos fue denunciada en el Congreso por, supuestamente, proteger a Vizcarra. Algo similar ocurrió el 24 de diciembre del mismo año, cuando la congresista de Avanza País Patricia Chirinos —la misma que ya impulsó una vacancia contra Castillo— denunció a la fiscal de la Nación por no haber denunciado al actual presidente.

Ávalos también había denunciado a Manuel Merino, titular del Congreso durante la gestión de Vizcarra y presidente durante una semana en noviembre de 2020, tras la salida de Vizcarra. La denuncia constitucional de Ávalos, presentada en octubre de 2021, responsabilizó a Merino, su jefe de Gabinete y su ministro del Interior por el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, muertos durante las protestas registradas en Perú durante esa semana.

El combate a la corrupción se convirtió en uno de los pilares de la gestión de Ávalos al frente de la Fiscalía de la Nación, oficina a la que llegó, precisamente, tras un escándalo. Su antecesor, Pedro Chávarry, debió renunciar en enero de 2019 tras verse envuelto en la causa conocida como los 'Cuellos Blancos del Puerto' que investiga a más de 300 jueces y fiscales por presuntos actos de corrupción.

Pero Ávalos tampoco salió indemne del escándalo. Rocío Sánchez, una exfiscal que trabajó en la causa decidió denunciar a la fiscal de la Nación en noviembre de 2021 por presuntas "injerencias" en la investigación. La denuncia, de todos modos, fue desmentida por la propia Ávalos y los otros fiscales a cargo de la causa.