Las necesidades y los retos de Nicaragua, un país en eterna lucha contra la pobreza

MANAGUA (Sputnik) — El aumento del gasto público con enfoque a la reducción de la pobreza en Nicaragua se ha mantenido por encima del 51% del Presupuesto General de la República en los últimos 15 años, para sostener la gratuidad de la salud y la educación e inversión en vivienda y servicios comunitarios.

En 2007, la cooperación venezolana fue clave para que la actual administración liderada por el presidente Daniel Ortega iniciara "el combate" hacia la pobreza, en una nación donde la miseria le mereció el premio de ingresar a la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (Highly Indebted Poor Countries, HIPC en inglés) en 1999, bajo la administración del presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), Gobierno de corte neoliberal.

"Hoy en día no somos un país pobre altamente endeudado, somos un país que combate la pobreza, que está en un franco desarrollo garantizándole bienestar a los sectores amplios y vulnerables de la sociedad nicaragüense", afirmó a la Agencia Sputnik el diputado Wálmaro Gutiérrez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda)

HIPC, fue una iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le condonó más de 3 mil millones de dólares de la deuda externa calculada en casi 7 mil millones; no obstante la medida significaba extender el pago de la deuda en otras condiciones "recalendarizadas" y cumplir con un ajuste estructural que minimizó el gasto social, incrementó los impuestos y sumió en la pobreza y la pobreza extrema a más de 50% de la población nicaragüense.

"Nosotros consideramos que estar en iniciativas como HIPC de manera coyuntural, obviamente le permite acceder a préstamos altamente concesionales para el combate a la pobreza, pero por otra parte te lastra, porque no te permite acceder a una cantidad de líneas de financiamiento existente en los organismos financieros internacionales para desarrollar productivamente ", expresó Gutiérrez.

La medida corresponde al enfoque de los gobiernos neoliberales de Alemán y de Enrique Bolaños (2002-2007), que privatizaron la salud, la educación, y limitaron la inversión en infraestructura pública.

Ortega restituyó la gratuidad de los servicios negados, otorgó subsidios al transporte, la energía, servicio de agua potable y viviendas, inició la construcción de carreteras, caminos productivos, escuelas, hospitales, centros de salud, casas maternas e infraestructura para la cobertura de 99% del servicio de energía.

El Informe de Gasto Social 2007-2021 y la Proyección de 2022 detallan que Nicaragua pasó de ejecutar 341 millones de dólares en 2007 a 1.600 millones de dólares aprobados para 2022, lo que significa 58% del gasto nacional destinado a programas de reducción de la pobreza e infraestructura productiva.

Salud

El gasto en la salud es la prioridad de la administración sandinista. Éste creció 32,4% de 2007 a 2020 para ampliar la capacidad y cobertura del sistema sanitario con una red de 19 nuevos hospitales y 46 rehabilitados, 1.259 puestos médicos nuevos y reconstruidos, 192 nuevos centros de salud y 178 Casas Maternas.

La ministra de Salud, Martha Reyes, afirmó en diciembre pasado que la mejora de la calidad de la atención responde a la capacitación del personal, la infraestructura y el equipamiento de las unidades, no obstante el desafío del país es el desarrollo de la estrategia nacional para el combate al COVID-19.

Como resultado de la prioridad del gasto y atención en salud, Reyes destacó la reducción de la mortalidad materno-infantil y la mortalidad materna por la atención preventiva de las mujeres en gestación, este último indicador redujo de 92.8 a 32.9 las fallecidas por cada mil nacidos vivos.

En 2020, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) colocó a Nicaragua como la nación que más invierte en salud en la región, de acuerdo a la relación del gasto en salud en proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

Sistema educativo

La falta de educación ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país centroamericano. En Nicaragua la deserción escolar es motivada por las necesidades de las familias empobrecidas y en el peor de los casos los escolares deben trabajar para su sostenibilidad, lo que ha obligado al gobierno a ejecutar diversos programas para la retención escolar y para reducir el analfabetismo a 4%.

El Ministerio de Educación elevó en 2021 la matrícula escolar en 1,8 millones de estudiantes, se han construido o ampliado 35.393 escuelas y el personal docente aumentó en casi 15 mil plazas.

Entre los programas insignes se destacan la Merienda Escolar para 1,2 millones de estudiantes, la Mochila Escolar (cuadernos, libros, uniformes y zapatos) para 700 niñas y niños y tecnologías educativas para la profesionalización de 1.806 docentes no graduados.

"Nos hemos preocupado por la calidad educativa, por superar el empirismo del sector educativo, en otras palabras nos hemos preocupado por la calidad de los contenidos curriculares que se ha mejorado significativamente y la calidad del sistema", afirmó Gutiérrez.

El gasto en la educación pública en Nicaragua se ha visto incrementado de 146 millones a 563 millones de dólares de 2007 a 2022, según lo aprobado en el presupuesto para el próximo año; esto ha significado un incremento de la matrícula escolar de 1,6 a 1m8 millones de estudiantes en los últimos 15 años.

Infraestructura social

El derecho a una vivienda es uno de los principales problemas que enfrenta un sector de la población de Nicaragua: más de 833 mil personas alquilan o viven en casas familiares, pese a los programas sociales del gobierno sandinista que han permitido 123.359 soluciones habitacionales en los últimos 15 años.

"Por supuesto las necesidades y los retos son incontables, si otros países con mejores economías están en una crisis galopante, esa es una tarea que podemos decir que no hemos completado por la rémora (atraso) que traíamos históricamente", admitió a la Agencia Sputnik el diputado liberal Wilfredo Navarro, aliado del FSLN.

Los recursos al sector vivienda y servicios comunitarios ascienden a 18,2% del gasto social de Nicaragua, que pasó de 48 millones de dólares a 164 millones de dólares en los últimos 15 años. En 2022 se prevé entregar 1,2 millones de planes techo para igual número de familias, 10.929 viviendas solidarias y 21.800 lotes para la construcción de nuevas casas.

Nicaragua es la única nación de Centroamérica que no cuenta con un programa de alivio financiero del FMI desde 2011, cuando el organismo cerró sus oficinas en Managua; la razón entonces fue que el país había logrado concluir el Servicio de Crédito Ampliado, gracias al "buen manejo" de la economía.