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Aborto legal, seguro y gratuito en Argentina: la ley IVE cumple un año

© Sputnik / Francisco LucottiMujeres manifestándose por el aborto legal en Buenos Aires, Argentina
Mujeres manifestándose por el aborto legal en Buenos Aires, Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 30.12.2021
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El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), tras décadas de militancia del movimiento de mujeres y disidencias. En el primer año se realizaron más de 32.000 abortos legales, seguros y gratuitos en el sistema público, pero de forma dispar, por lo que se exige mayor difusión y monitoreo.
Se cumple el primer año desde la legalización del aborto en Argentina, una conquista que fue el resultado de décadas de lucha del feminismo y los derechos humanos, que fue el debate político y social más convocante de los últimos años y que llevó a miles de personas a las calles para hacer valer su posición.
El Gobierno nacional difundió que se hicieron más de 32.000 abortos seguros mediante el sistema de salud público de todo el país en los primeros 12 meses desde su sanción. Las organizaciones que supervisan el cumplimiento de la ley insisten en la importancia de profundizar con la campaña de difusión y monitoreo, para asegurar el acceso y su cumplimiento.
"Es un año transitado de conquista, con la sensación de que luchar sirve. Hubo un 30% más de hospitales y centros de salud que adhirieron y se han capacitado, en relación a los que ya realizaban la interrupción legal del embarazo", dijo a Sputnik Yanina Waldhorn, referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) legitimó prácticas preexistentes y brinda ahora contención y seguridad a las mujeres y personas gestantes, ya que en Argentina había más de 39.000 internaciones por año como consecuencia de abortos clandestinos y, desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta 2019, hubo al menos 3.200 muertes por esta causa.
La implementación de la política tuvo obstáculos coyunturales y estructurales en el sistema de salud público, con disparidad según los distritos. La falta de habilitación de obstétricas, los problemas de referencia y contrarreferencia entre niveles del sistema, el uso inapropiado de la tecnología, la cultura de poder en el vínculo profesional-paciente que solicita un aborto fueron algunas de las limitaciones detectadas en el reporte de Proyecto Mirar, dedicado al monitoreo nacional.
Tanto la militancia a favor como su resistencia, así como el debate legislativo, generaron visibilidad hacia el tema, que permitió trabajar en la implementación de la política de acceso. Sin embargo, al cabo de la sanción, el hecho de perder presencia mediática y alejarse de la agenda política llevó a que se redujera la presión para el correcto cumplimiento de los protocolos, aseguran las organizaciones que monitorean la aplicación a nivel nacional.
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La ley reconoce el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a abortar sin necesidad de justificación dentro de las 14 semanas de gestación inclusive, de manera gratuita y segura, además de poder hacerlo con posterioridad a ese plazo si se trata del resultado de una violación o si se encuentra en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
"Hubo 35 acciones judiciales de sectores antiderechos o fundamentalismos religiosos contra la ley. Solo dos prosperaron pero son amedrentamientos y obstáculos claros contra la implementación de la ley", comentó Waldhorn.

Estado, sociedad civil y militancia

El misoprostol, fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la aspiración manual endouterina son dos de las tecnologías que actualmente permiten garantizar un aborto seguro en Argentina. El 75% de los abortos se realizó de manera autogestiva en los domicilios, mientras que 25% se efectuó dentro del sistema de salud.
La cantidad de insumos distribuidos por el Ministerio de Salud aumentó en los últimos dos años y en el primer semestre de 2021 igualó los valores correspondientes al 2020. La disponibilidad de los insumos fue clave para garantizar el derecho, y se espera que en 2022 se pueda avanzar en la incorporación de otras fármacos como la mifepristona, utilizado complemento del misoprostol.
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El misoprostol forma parte de la canasta de insumos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) y se distribuye a los depósitos provinciales y en algunas situaciones a los servicios de salud directamente a través del programa estatal Remediar.
"Encontramos en los territorios donde estamos organizadas que es desigual el acceso. A veces hay derivaciones que demoran el acceso a la práctica, que se contradice con los 10 días que dice la ley, hoy no se accede a la mifepristona, que sirve para abortar sin dolor", destacó Waldhorn.
El rol de la sociedad civil fue clave para identificar violaciones a la implementación de la ley y para potenciar el acceso a la información en las comunidades y acompañar a las personas que buscaban contención y atención médica.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires (este central) publicó un mapa interactivo en el que señaliza más de 400 establecimientos públicos, entre hospitales y centros sanitarios, disponibles para la interrupción voluntaria de los embarazos.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad realizará los días 29 y 30 de diciembre una serie de actividades en todo el país con el objetivo de brindar información y concientizar a través de manifestaciones artísticas, culturales y encuentros de debate.
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En el marco de la campaña Decidir es tu Derecho se proyectarán imágenes alusivas en edificios emblemáticos para promover una mayor difusión de los alcances de la Ley de IVE. Habrá un Pañuelazo Federal convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en plazas de todo el país y un conversatorio en la sede del Ministerio en la ciudad de Buenos Aires.
"Todavía cada tres horas en Argentina hay una niña obligada a gestar y parir. Sigue habiendo una política vinculada a la educación sexual integral, al acceso a la información que necesitamos que circule, que crezca. Tenemos más de 1.000 personas presas por abortos que queremos que se liberen", enfatizó la militante feminista.
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