Se desalojan piquetes en Uruguay, se instala la polémica

MONTEVIDEO (Sputnik) — La disolución por la fuerza esta semana de un piquete sindical en el puerto de la capital uruguaya, en base a una polémica "ley ómnibus" impulsada por el Gobierno y que será sometida a referéndum el año próximo, intensificó un debate en el país sobre los riesgos que esta podría suponer para el derecho a huelga.

Temprano en la mañana del 22 de diciembre, varios camiones se fueron colocando frente a la terminal marítima montevideana, de tal manera que se impedía el paso y el acceso a ese punto neurálgico y emblema comercial histórico de la capital.

Eran miembros del Sindicato Único del Transporte de Cargas y Ramas Afines que se manifestaban, entre otras cosas, para denunciar que el sector recibe pagos inferiores a lo laudado en el Consejo de Salarios, instancia de negociación entre trabajadores, empresarios y el Gobierno.

Se enciende la luc

Esto, que por décadas fue algo habitual, está prohibido desde la aprobación relámpago en julio de 2020 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de nada menos que 476 artículos, una promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou que incluye cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda): educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.

Su artículo 468 declara "ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público".

Pese a las llamadas telefónicas entre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el presidente de la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores), Marcelo Abdala, para reducir la tensión, se dio la orden de desalojo de la protesta.

Llegaron uniformados de la Guardia Republicana (fuerza de elite). Trabajadores se sentaron en el suelo negándose a retirarse. Hubo forcejeos, y algunos sindicalistas fueron esposados y sacados por la fuerza.

Se enciende la polémica

"Esto no es Uruguay", escribió en su cuenta de Twitter la diputada Micaela Melgar, del Partido Comunista, integrante del Frente Amplio, mientras el también diputado frentista Nicolás Viera apuntaba: "La receta perfecta del Gobierno: enfrentar trabajadores. ¡Lamentable por donde se lo mire!"

Esto no es Uruguay. https://t.co/vaevTR4FQ9

— Mica Melgar (@MicaMelgar) December 22, 2021

Su correligionario Daniel Caggiani fue directo contra la polémica ley: "La LUC es la ley que habilita esto. Quita derechos a los trabajadores y al pobrerío de protestar (…) Por eso hay que anularla", escribió.

En respuesta, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó que la intervención policial se ajustó a las nuevas disposiciones legales y subrayó que la LUC no solo procura asegurar la libre circulación, sino también que los trabajadores que no forman parte de la huelga puedan acceder a su lugar de labores.

"Todo el que quiera manifestarse se puede manifestar. Estamos en un país democrático, lo asegura la Constitución. Lo que no podemos es impedir la libre circulación. Manifestación, críticas, carteles… todo lo que se quiera, pero el límite es la libre circulación", dijo al informativo televisivo local Telemundo.

"La LUC asegura la libre circulación, el derecho a la huelga y del huelguista a trabajar", afirmó Álvaro Delgado tras desalojo policial en el puerto.

En este caso se estaba impidiendo la libre circulación porque se impedía el paso de camiones con ganado que debía ser embarcado pic.twitter.com/664aMqi09q

— Telemundo (@TelemundoUY) December 22, 2021

Luego el propio presidente Lacalle Pou, en una entrevista para el informativo Telenoche, subrayó que el operativo se realizó sin violencia. "No entró ningún policía con un palo a sacar gente. Pero yo lo vi en otros gobiernos, en el gobierno pasado (…) No vamos a actuar así. La policía, en uso de la fuerza legítima, retiró a personas", afirmó.

Oficialistas recuerdan a sus críticos que el anterior presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) firmó en 2017 un decreto que ya prohibía la instalación de piquetes en calles y rutas, y que autorizaba su desalojo. Aquel decreto se aprobó en el marco de una protesta en los accesos a las instalaciones de la controvertida planta de celulosa de Montes del Plata en el departamento de Colonia (suroeste).

También señalan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no avala los piquetes que "perturben el orden público" y "amenacen a los trabajadores que continúan trabajando", pero ese mismo organismo de Naciones Unidas instó el año pasado a Uruguay a "revisar" los artículos de LUC referidos al tema, ya que los considera "muy amplios y abiertos".

Amnistía Internacional también alertó esta semana que "la limitación del derecho a la protesta pacífica significa una vulneración a la libertad de expresión" y le recordó a las autoridades uruguayas "que tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente".

Referéndum en la mira

La polémica se produce cuando faltan 93 días para un referéndum que propone derogar 135 artículos de la LUC, impulsado por el Frente Amplio y el PIT-CNT.

El Gobierno de Lacalle Pou insiste en que en las últimas semanas han recrudecido las protestas sindicales "desproporcionadas", sugiriendo que tendrían motivos políticos, pero un estudio de la Universidad Católica del Uruguay reveló que el nivel de conflictividad laboral en 2021 ha sido "relativamente bajo".

Además del mencionado artículo sobre los piquetes, la consulta popular también propone derogar las disposiciones que extienden el concepto de legítima defensa, alargan de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a la fiscalía una detención y le dan potestades a policías y militares para el registro de personas y autos en procedimientos preventivos.

Asimismo, se pretenden dejar sin efecto algunas modificaciones que hizo la LUC al estatuto de la educación, que eliminan la participación docente en los consejos de dirección y redefinen la obligatoriedad de la enseñanza, así como las referidas a los alquileres sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.

La controversia promete incrementarse de cara la votación del 27 de marzo, que será una prueba para la coalición gobernante, denominada "multicolor" –del Partido Nacional, el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha)- pero también para las aspiraciones del Frente Amplio de cara a las presidenciales del 2024.