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La eutanasia llegó a España en 2021, pero su aplicación es lenta y opaca

© AP Photo / Paul WhiteLas protestas a favor de la ley de eutanasia en España (archivo)
Las protestas a favor de la ley de eutanasia en España (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 23.12.2021
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MADRID (Sputnik) — El Congreso de los Diputados aprobó en marzo la primera ley de eutanasia de la historia de España.
Tras décadas de movilizaciones, los colectivos a favor de la muerte digna consiguieron que el poder legislativo diera su brazo a torcer, reconociendo el derecho a la muerte asistida como una prestación más del sistema nacional de salud, algo que apoya el 72% de la población, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La nueva norma entró en vigor de forma definitiva el 25 de junio. Sin embargo, el acceso a este nuevo derecho no fue efectivo desde el minuto cero. Hasta la fecha, la ley se topó con una serie de obstáculos burocráticos que impidieron su correcta aplicación, que depende de las distintas administraciones regionales en cada territorio.

Aplicación desigual

Esta circunstancia da lugar a un desarrollo desigual de la ley. "Damos la bienvenida a la ley, porque pasamos muchos años luchando por ella, desde 1984 en nuestro caso, pero resulta muy difícil evaluar su aplicación porque hay muchas diferencias dependiendo del lugar. En algunas comunidades autónomas se aplica muy bien, y en otras la valoración es absolutamente negativa", señala a esta agencia Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
El mayor ejemplo de esto se da en las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Extremadura, que tardaron más de tres meses en crear la comisiones encargadas de evaluar las solicitudes de los pacientes, impidiendo a los ciudadanos el acceso a un derecho reconocido por la ley. La otra cara de la moneda está en comunidades como País Vasco o Cataluña, donde la aplicación está siendo más ágil.
De hecho, Cataluña es la única región que rompe la tendencia de la administración hacia la opacidad. Hasta la fecha, la región tramitó 53 solicitudes de ayuda a morir, de las que 28 fueron aprobadas y 24 ya se llevaron a cabo. En el resto de regiones no existen estadísticas oficiales.
A esta falta de datos se suma que la protección de la intimidad del paciente impide conocer los procesos de deliberación de las comisiones de evaluación, dibujando un panorama en el que resulta complicado tener elementos de juicio para evaluar cómo se está aplicando la ley. La norma obliga al Ministerio de Sanidad a publicar un informe de seguimiento sobre la aplicación de la eutanasia, pero no se espera que lo haga hasta finales de 2022, un horizonte que no acaba con las incertidumbres en el corto plazo.

Desinformación

Pese a ello, la experiencia directa de DMD –que ofrece ayuda a sus socios para tramitar las peticiones– permite señalar deficiencias en el proceso. "En general creemos que la puesta en práctica va muy lenta, a veces con excesivas dificultades, por la falta información entre la ciudadanía e incluso entre los propios profesionales sanitarios. Son muchos los médicos que acuden a nosotros en busca de asesoramiento. Muchos ciudadanos no pueden acceder a este nuevo derecho porque sus médicos no saben nada", apunta Javier Velasco.
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Esta incapacidad de la administración degenera en algunas ocasiones en situaciones dramáticas. El pasado mes de noviembre una mujer se suicidó en Zaragoza tras no conseguir que sus médicos tramitaran su petición de eutanasia. La paciente padecía una luxación de cadera congénita que le obligaba a permanecer en la cama con dolores constantes, pero su médica de cabecera y el coordinador de su centro de salud no dieron trámite a la petición, que ni siquiera llegó a la comisión de evaluación.
A posteriori se supo que esa médica se inscribió en el registro habilitado por la ley de eutanasia para que los facultativos se declaren objetores de conciencia, lo que les permite no participar en la prestación de la ayuda a morir, pero en ningún caso bloquear las solicitudes de los pacientes.

La concienciación sigue siendo clave

La ley de eutanasia establece —de forma literal— que pueden solicitar "la prestación de ayuda para morir" aquellas personas que padecen enfermedades graves, crónicas o incurables causantes de "un sufrimiento físico o psíquico intolerable" siempre que lo hagan de forma "voluntaria y consciente". Como en cualquier ley, su aplicación no depende exclusivamente de lo que esté plasmado en el papel, sino en la lectura que la sociedad, la administración y los tribunales hagan de ello.
A lo largo de los años los movimientos en favor de la muerte digna consiguieron introducir en la esfera mediática varios casos para visibilizar qué significa tener un "sufrimiento intolerable", pero ninguno con la fuerza de Ángel Hernández y María José Carrasco.
Este matrimonio dio el empujón definitivo al debate público sobre la ley de eutanasia el 3 de abril de 2019, fecha en la que Ángel Hernández proporcionó una sustancia letal a su esposa, que se encontraba en fase terminal tras más de tres décadas padeciendo una esclerosis múltiple. Ángel Hernández documentó el proceso en un vídeo en el que ella reafirmó ante cámaras su voluntad de "morir cuanto antes mejor" para dejar de sufrir, tras lo que el marido responde "yo te voy a prestar mis manos porque tú no puedes".
Lo que a ojos de muchos fue un acto de amor fue interpretado por la Justicia como la posible comisión de un delito de cooperación al suicidio —de dos a tres años de cárcel— con agravante de violencia de género, lo que conlleva de dos a tres años extra. La ley de eutanasia llegó tarde para su esposa, pero su aprobación motivó la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía, quien admitió que la actuación de Hernández se debió a que estaba completamente "desamparado" por parte de la administración.
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Casi dos años después de que su caso catalizara el debate sobre la muerte digna, Hernández afirma en una conversación con Sputnik que la concienciación en todos los niveles de la sociedad —y sobre todo entre la administración— sigue siendo uno de los campos de batalla para conseguir que el acceso a este nuevo derecho se afiance y no ocurran situaciones como la de la mujer de Zaragoza.
"Esta mujer estaba en unas condiciones terribles. Me pongo en su caso, y si mi compañera hubiera estado en una situación similar, y no se lo hubieran concedido, me habrían obligado a actuar de la misma forma en que lo hice entonces", señala.
En ese sentido, Hernández se muestra preocupado por lo que percibe como una "falta de interés" por parte de la administración para aplicar la ley de eutanasia de forma eficiente, sobre todo en las regiones gobernadas por el Partido Popular, que votó contra la norma y la recurrió ante el Tribunal Constitucional.
"En Madrid [donde él reside] hay un claro problema ideológico. La ley obliga, y no queda más remedio que aplicarla, pero la retrasan y entorpecen para que la ley no esté verdaderamente en vigor", afirma.

Una ley a dos velocidades

El testimonio de Javier Velasco confirma que los esfuerzos por aplicar la ley de eutanasia están siendo desiguales por territorios, hasta el punto de que la concesión o no del derecho a la muerte asistida puede depender de dónde residas.
"Sabemos que en casos muy similares el territorio va a influir a la hora de conceder o denegar la ayuda a morir. Ya conocemos casos concretos donde el médico responsable deniega la solicitud y la posterior comisión de evaluación simplemente lo ratifica sin ver al paciente, mientras que en otros territorios se actúa distinto: cuando se deniega en primera instancia, la comisión entrevista al solicitante y nombra un médico especialista para valorar", apunta el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
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A modo de conclusión, Velasco pide un esfuerzo a la administración por asegurar el cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones, con transparencia y sin hacer que los ciudadanos pasen por un calvario burocrático para tramitarla.
"Esta falta de transparencia es algo que nos preocupa porque es volver a desnaturalizar el tabú de la muerte, como si fuese algo a ocultar o en lo que hay que ser excesivamente prudentes. La eutanasia es un servicio más del sistema de salud, y como tal, se debería llevar a cabo con naturalidad. Claro que es algo delicado, pero también lo son otras cosas cuando hablamos de sanidad", afirma.
En esa línea, Velasco concluye que frente a la visión de la eutanasia como algo "excesivamente extraordinario, delicado y problemático", deben darse pasos para asumir que la realidad actual en España es que la muerte asistida "es una nueva posibilidad que la ley nos reconoce para abordar nuestro final, por lo que debería hacerse de la forma más natural".
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