FMI reconoce que programa con Argentina no cumplió sus objetivos

WASHINGTON (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una evaluación de su programa acordado con Argentina durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019), en el que admitió que este no cumplió sus metas y falló en identificar los "problemas estructurales" de la nación sudamericana.

La evaluación concluye que "el programa de 2018 no cumplió sus objetivos de restaurar la confianza del mercado, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población."

Asimismo, considera que "la estrategia y la condicionalidad del programa no fueron lo suficientemente robustas para afrontar los profundos problemas estructurales de Argentina".

Entre esos problemas, la evaluación del FMI señala "las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de políticas monetarias, un pequeño sector financiero interno y una estrecha base de exportaciones".

Asimismo, admite que el Acuerdo Stand-By (SBA, por sus siglas en inglés) de 44.000 millones de dólares otorgado a Argentina en 2018 le creó "sustanciales riesgos financieros y de reputación" al Fondo.

El FMI concluye que la experiencia le deja "lecciones importantes" que deberán ser consideradas "en las actuales discusiones sobre un eventual seguimiento del programa".

El Gobierno argentino convino con el FMI en que el programa por el que se prestaron al país 44.000 millones de dólares se malogró al no cumplir ninguna de sus cuatro metas: generar confianza, proteger a los sectores más carenciados, entender el fenómeno de la inflación y reducir los problemas en la balanza de pagos.

"La República Argentina entiende que el programa fracasó porque no logró cumplir con ninguno de los siguientes cuatro objetivos trazados en el acuerdo", señaló el Ministerio de Economía al marcar su posición en un documento al que tuvo acceso la Agencia Sputnik.

Revisión

El Gobierno de Alberto Fernández, que desde la asunción de su mandato hace dos años busca cerrar un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda, estimó que el programa "Stand-By" suscrito en 2018 "minimizó y descartó los riesgos de la liberalización de la cuenta de capital y la justificación para imponer regulaciones a los flujos de capitales".

El análisis de la actual gestión hizo énfasis en que la liberalización establecida por el Gobierno anterior llevó a una entrada masiva de capitales entre 2016 y 2017, y que la economía argentina quedó vulnerable ante cualquier contratiempo, lo que ocurrió un año después, en 2018.

"Se suponía que la contracción fiscal y monetaria restablecería la confianza, pero, en cambio, redujo la demanda agregada y obligó a la quiebra a muchas empresas endeudadas, socavando las condiciones sociales y aumentando la incertidumbre", puntualizó el ministerio.

Aunque el Palacio de Hacienda admitió que algunas reformas estructurales podían tener efectos positivos, los beneficios de esa liberalización "fueron sobredimensionados y sus riesgos minimizados".

Hacia adelante

Ante este escenario, Argentina reclamó que se investigue si el FMI incumplió sus propios estatutos, puesto que la entidad multilateral "requiere un análisis introspectivo de la definición de éxito".

"Dado que Argentina perdió acceso a los mercados internacionales en mayo de 2018 y aún no lo ha recuperado, eso debería haber llevado a que se diagnostique que el programa estaba fallando y que hacía falta un cambio de estrategia y de políticas. Sin embargo, esto no ocurrió", manifestó el ministerio.

La cartera económica demandó que se investigue el cumplimiento del artículo VI del Acta Constitutiva del Fondo, que señala en su primer párrafo que ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del FMI para hacer frente a una salida considerable o continua de capital.

También reclamó que no se dé más uso político a los programas del FMI.

El programa concedido a Argentina "perseguía motivos políticos, siendo el objetivo principal evitar una operación de reestructuración de deuda muy necesaria y la reintroducción de controles de capitales a toda costa", lo que "llevó a desatender la necesidad de abordar una crisis creciente", reprochó la cartera económica.

El Gobierno argentino también recomendó al Fondo definir de manera adecuada el concepto de apropiación de un programa ("ownership").

"La atención debe centrarse en defender una noción de apropiación más exigente, que incluya el apoyo al programa del Congreso, la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos, y la sociedad en general", detalló el ministerio.

La administración actual añadió que para que el país pueda crecer, debe mejorar en términos fiscales con un mayor crecimiento de la actividad económica y el apoyo de la comunidad internacional.

"Para lograr todo esto, es necesario llevar a cabo políticas que mejoren el desempeño del sector transable de Argentina y fortalecer el mercado de capitales en moneda doméstica", concluyó.

El acuerdo actual con el FMI obliga a Argentina a pagar 19.023 millones de dólares en 2022, 19.270 millones de dólares en 2023 y otros 4.856 millones de dólares para 2024.

A finales de septiembre, Argentina pagó 1.884 millones de dólares al FMI para saldar el primer pago correspondiente al préstamo.

Estos fondos se abonaron con los Derechos Especiales de Giro (DEG) distribuidos por el organismo de crédito a sus países miembros, y por los cuales la nación sudamericana recibió el pasado 23 de agosto 4.334 millones de dólares.

Argentina debía pagar otros 1.892 millones de dólares en vencimientos antes del 22 de diciembre.

La deuda de Argentina con el FMI llega en la actualidad a los 42.845 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía actualizadas al 30 de noviembre.

El país sudamericano tuvo recesión entre 2018 y 2020, con una caída económica que el año pasado fue de 9,9%.