Argentina entra en un juego de malabares para mantenerse a flote

BUENOS AIRES (Sputnik) — Solo un oficialismo se salvó en las elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron en América Latina en 2020 y en 2021: el de El Salvador.

Las derrotas fueron el plato servido en el resto de los casos. Ninguno de los gobernantes retuvo el poder en las seis elecciones presidenciales realizadas en los últimos dos años: República Dominicana (2020), Bolivia (2020), Ecuador (2021), Perú (2021), Chile (2021) y Honduras (2021).

Tampoco hubo mejor suerte para los gobiernos en las elecciones legislativas que transcurrieron en los últimos meses. Perú (2020) y Chile (2021) dan cuenta de ello, y en menor medida México (2021), donde el oficialismo se dejó la mayoría absoluta en el camino aunque ganó peso en las gobernaciones.

Argentina, en este caso, no es la excepción. Las elecciones legislativas de noviembre fueron reconfortantes para la gestión actual en cuanto que no repetían el fracaso estrepitoso de los comicios primarios, celebrados dos meses antes, pero el mayor festejo fue así de resignado: podía haber sido mucho peor.

Este panorama repasa el politólogo Javier Cachés, consultor y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al analizar los dos años del Ejecutivo de Alberto Fernández y observar la consistencia de un voto castigo para los oficialismos en las convocatorias electorales celebradas hasta ahora.

"Estamos en un contexto de muchas dificultades para los gobiernos de la región y de todo el mundo, ante la aparición de un evento cada 100 años que en América Latina llegó con particular fuerza", recuerda Cachés en diálogo con la Agencia Sputnik en relación a la pandemia de COVID-19.

Escollos

La coalición gobernante Frente de Todos llegó al poder en diciembre de 2019 "con una situación económica muy compleja por la herencia de la gestión precedente [de Mauricio Macri 2015-2019], ante la dificultad de resolver la cuestión de la deuda con los acreedores privados y del Fondo Monetario Internacional [FMI]", esboza Cachés.

El Ejecutivo resolvió con solvencia lo primero. En agosto de 2020, el Ministerio de Economía anunció el canje del 99% de la deuda emitida bajo legislación extranjera. Un mes después, reestructuraba el 98,8% de los títulos bajo la normativa local. La nación consiguió así arreglar con los acreedores externos la devolución de 66.238 millones de dólares en una primera instancia, y de 41.715 millones de dólares en un segundo acuerdo.

En ese intento por equilibrar sus cuentas macroeconómicas, llegó la pandemia a Argentina y al resto del mundo.

"Hay un contexto regional particularmente complicado, pues los gobiernos de América Latina tuvieron bastante menos herramientas para enfrentar la pandemia que los países más desarrollados, al tener menos recursos fiscales y sistemas de salud más debilitados", pone de relieve el politólogo.

En contrapartida, Argentina terminará este año con un alza del Producto Interior Bruto (PIB) del 10%, según estimó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Con esta recuperación, la nación sudamericana supera las expectativas que tenían sobre ella diversas entidades internacionales, que estimaban que al país le costaría entre cuatro y cinco años reponerse de la contracción generada por la pandemia.

"Cuánto de esa reactivación ha llegado a sectores asalariados y de menores ingresos, es lo que hay que ver con lupa", matiza Cachés.

Añade que "el malestar que hay en la sociedad, que ya venía de años de recesión durante tres de los cuatro años que gobernó el expresidente Mauricio Macri, más dos años de pandemia, hacen que los salarios todavía estén rezagados en términos de poder de compra".

Peso del FMI

El gran desafío que ahora tiene el Gobierno es cerrar sus negociaciones con el FMI para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares concedido entre 2018 y 2019 a la gestión precedente.

"Todos los socios de coalición quieren que haya un acuerdo con el FMI, porque saben que la alternativa del cese de pagos es más gravosa, ante un Banco Central con pocas reservas, una inflación del 50% y una pobreza del 40%", contextualiza Cachés.

El Gobierno enviará al Congreso antes de fin año un proyecto de ley conocido como el 'Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable' que pretende conseguir un impulso político al acuerdo con el FMI.

"El reto es poder cerrar ese acuerdo manteniendo grados de autonomía para preservar la política fiscal y monetaria y no caer en programa ortodoxo, como suele imponer el Fondo", explica el politólogo.

Cierto que el contexto no ayuda. Lejos está el Ejecutivo de tener un panorama favorable como le tocó al Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), "cuando la deuda y los términos de intercambio internacional eran otros, y había un mayor margen de acción para poder utilizar resortes de la política económica, en términos fiscales", acota Cachés.

En esta situación más incómoda, el Gobierno deberá asumir políticas a regañadientes, como parte del acuerdo con el FMI, que pueden conllevar la retirada de subsidios en las políticas tarifarias, "algo muy sensible para la base electoral del Gobierno, al pegar en la clase media de lleno".

Sin un crecimiento exponencial como tuvo su antecesor, 2022 se presenta como un año que demandará equilibrios, dentro de un Gobierno peronista que encontró en la coalición sostenida por sus tres pilares —Alberto Fernánez, la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa— el artilugio eficaz para llegar al poder en 2019, pero que acarrea más de un disgusto cuando hay que definir el rumbo a seguir.

"El Gobierno necesitará mucha sintonía fina para tratar de estabilizar las variables macroeconómicas y sostener el crecimiento sin caer en un programa que enfríe la economía, pues los que más pierden son los votantes de la coalición del oficialismo", concluye Cachés.

En ese juego de malabares estará ocupado el oficialismo por los próximos dos años.