Sentencia de Corte IDH es un "tirón de orejas" a justicia uruguaya por causas de dictadura

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Corte IDH que reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en dos casos de delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) es un mensaje muy fuerte sobre el accionar de la justicia en este tipo de casos, dijeron a Sputnik un abogado y un presidente de una asociación de ex presos políticos.

"La sentencia es un mensaje contundente para el Gobierno, pero muy especialmente para el Poder Judicial, que tiene que investigar y esclarecer y sancionar los delitos. Es un mensaje muy potente para la Suprema Corte de Justicia, que hasta el momento sigue sin reconocer que estas graves violaciones de derechos humanos son crímenes de lesa humanidad (…) es un tirón de oreja", dijo a Sputnik el presidente de Crysol, Gastón Grisoni.

En la misma sintonía, uno de los abogados demandantes, Martín Fernández, consideró que la Suprema Corte debería darle prioridad a estas causas.

"Como son expedientes de hace 30 años, se quedan ahí en el olvido (…y) deberían ser priorizados de manera importante. La sentencia muestra que se debería agilizar y no dar trámite a las cuestiones dilatorias que muchas veces se procede (…) Cuando pasa el tiempo genera que las personas que están siendo denunciadas se mueran. Entonces, es pérdida por todos lados. Creo que hay un tema de no priorización por parte de la Suprema Corte", expresó el abogado.

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afirmó el 20 de diciembre que el Estado uruguayo es "responsable internacionalmente por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu y sus familiares".

También determinó la responsabilidad internacional de Uruguay por violaciones a derechos humanos en perjuicio de los familiares de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, quienes fueron ejecutadas por militares en la misma época.

González tenía 22 años, era estudiante de medicina, obrero, y militaba en el PCR (Partido Comunista Revolucionario) y en el gremio estudiantil.

El 13 de diciembre de 1974 fue detenido en su domicilio en Montevideo junto a su esposa, embarazada de 4 meses; fue torturado e interrogado durante días, según el portal Sitios de Memoria Uruguay.

Tassino Asteazu tenía 40 años, era empleado de la empresa estatal de energía eléctrica, UTE, y militante del Partido Comunista; el 19 de julio de 1977 lo secuestran en un operativo de las Fuerzas Conjuntas, por testimonios de otros secuestrados en el lugar se dice que muere a consecuencia de una golpiza.

Por su parte, Maidanik, Reyes y Raggio son conocidas como las "muchachas de abril".

En la madrugada del 21 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Conjuntas abrió fuego en un pequeño apartamento en el barrio Brazo Oriental en Montevideo.

En el interior estaban las tres jóvenes, quienes se habrían quedado a estudiar y dormir; los cuerpos de las tres jóvenes fueron retirados en bolsas, cada uno con decenas de balazos, según decían sus familiares.

"Más de tres décadas después, no se sabe toda la verdad sobre lo ocurrido ni se han determinado todas las responsabilidades penales por estos hechos", dijo la Corte IDH en un comunicado.

Importancia

Fernández destacó que, con esta sentencia, la Corte IDH volvió a encontrar responsable al Estado, lo que define como "muy importante" porque "marca el camino de búsqueda de justicia".

"Lo que vamos a hacer a continuación es seguir insistiendo a nivel judicial, porque todavía falta establecerse la responsabilidad de los casos", dijo el integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.

El abogado explicó que se va a seguir "muy de cerca" el cumplimiento de la sentencia por parte del Estado, como la incorporación de lo relacionado con derechos humanos en la formación militar, investigaciones judiciales y "reforzar" la fiscalía con recursos humanos y materiales.

Por su parte, Grisoni consideró que la sentencia es "un mensaje muy importante para el Gobierno y para los que están impulsando iniciativas de impunidad".

A principios de agosto, el partido Cabildo Abierto, que integra la coalición de Gobierno y es liderado por el excomandante del Ejército y actual senador Guido Manini, presentó en la cámara alta un proyecto de ley para que los presos mayores de 65 años pasen a prisión domiciliaria.

Eso implicaría que exmilitares y policías detenidos por abusos a los derechos humanos durante la dictadura puedan pasar a un régimen de prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.

"Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y las personas que los comenten, más allá que la tipificación que se use sea la del viejo Código Penal, no se merecen ningún beneficio extraordinario. Eso ha quedado demostrado. Suponemos que las autoridades de Gobierno y la coalición oficialista van a recapacitar y no van a insistir en la prisión domiciliaria", afirmó Grisoni.

En Uruguay existen 370 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.

Sin embargo, solo tres por ciento de las denuncias (11 causas) terminaron en una sentencia, según el Observatorio Luz Ibarburu.