Las claves de la causa en la que intentan involucrar a Pedro Castillo en Perú

Una reunión que el presidente Pedro Castillo mantuvo con un empresario petrolero en el Palacio de Gobierno es investigada por la Fiscalía peruana, que busca determinar si el mandatario favoreció a la compañía en una licitación de Petroperú. Para Castillo, es una maniobra para hacerlo parecer "culpable" sin que haya pruebas.

Los frentes de conflicto parecen nunca terminar para el presidente de Perú, Pedro Castillo. A los intentos de la oposición por cuestionar a sus ministros, ahora se suma una investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la empresa petrolera estatal peruana Petroperú. Además de jerarcas de la compañía y otros empresarios del sector, la investigación también apunta al mandatario por reuniones que mantuvo en octubre de 2021.

La investigación fue iniciada por el Ministerio Público peruano, que el 20 de diciembre informó la apertura de una indagatoria por los presuntos delitos de 'colusión simple' y 'negociación incompatible' contra varios jerarcas y funcionarios de Petroperú. Los investigados como 'autores' son el propio gerente general de la empresa, Hugo Chávez Arévalo y los gerentes de distribución, Gunther Documet Celis; de cadena de suministros, Muslaim Abusada Sumar, y de compras e hidrocarburos, Roger Liy.

Si bien Pedro Castillo todavía no aparece entre los implicados, el propio presidente se presentó ante la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, para solicitar que se fije una fecha para su declaración como testigo y que se levante su secreto bancario, tributario y telefónico.

¿Por qué investigan las reuniones de Pedro Castillo?

Según informó la Fiscalía,se busca establecer si los funcionarios cometieron delitos en el proceso de selección para la adquisición de Biodiesel B 100 para la Planta de Ventas del Callao, Conchán y Mollendo para 2022.

En ese proceso habrían resultado beneficiada la empresa Heaven Petroleum Operators, cuyo gerente general, Samir Abudayeh Giha, también es parte de la causa, aunque en calidad de 'cómplice'. En igual condición se encuentran Karelim López Arredondo y Gregorio Sáenz Moya, a quienes la Fiscalía identifica como "representantes de la Junta Nacional de Palmicultores".

La clave son una serie de reuniones que, según la investigación, tuvieron lugar en la sede del Gobierno peruano entre el 15 y el 28 de octubre de 2021. En esos encuentros, de acuerdo a la causa, habría participado el propio presidente Pedro Castillo.

Por eso, en el marco de las primeras diligencias, la fiscal Norah Córdova, a cargo del caso, dispuso la intervención de la sede de Petroperú y del propio Palacio de Gobierno de Perú. En ambos casos, solicitaron los registros de visitas y las cámaras de videovigilancia para establecer si los investigados estuvieron en la sede del Gobierno.

Según un acta de la fiscal Córdoba consignada por el diario El Comercio, el gerente de Heaven Petroleum Operators S.A., Samir Abudayeh Giha, ingresó a la sede del Gobierno peruano a las 15:53 del viernes 15 de octubre y salió a las 17:54. El documento de la fiscal señala, según recoge el periódico, que en ese encuentro el empresario "habría requerido" a Castillo "interceder ante los funcionarios y servidores públicos de Petroperú a fin de favorecerlo con la adjudicación de los procesos de selección a su cargo para la adquisición de Biodiesel B100".

La investigación de la fiscal señala que hubo nuevas reuniones en los días siguientes, ya con los representantes de la Junta Nacional de Palmicultores y representantes de Petroperú. Allí, de acuerdo a la fiscal, "se habrían realizado coordinaciones destinadas a beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A."

Si bien había trascendido en medios peruanos que Castillo intentó no autorizar la presencia de funcionarios del Ministerio Público en la sede de Gobierno, un comunicado emitido el 21 de diciembre por la Presidencia de Perú aclara que el mandatario "dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan su labor con total apertura" y que "en ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno".

Por su parte, la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. divulgó un comunicado en el que asegura que la reunión de Abudayeh Giha con Castillo tuvo como objetivo dialogar "en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Energía Renovable, Limpia y Alternativa (Serla)". El comunicado agrega que en el encuentro "no hubo más personas" y que el gerente de la firma no conoce a Karelim López ni a Hugo Chávez Arévalo.

La firma también se definió como "líderes de los biocombustibles en el Perú" y recordó que provee a Petroperú "hace más de cuatro años".

El 21 de diciembre, el abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, solicitó la exclusión de la causa de Luis Medina Rodrigo, uno de los fiscales a cargo de las diligencias en el Palacio de Gobierno. De acuerdo a lo consignado por RPP Noticias, Presidencia considera que el fiscal actuó "de forma abusiva y ha incumplido sus funciones", al tiempo que tampoco "tiene la competencia funcional ni el cargo de fiscal de la Nación para realizar diligencias y búsqueda de pruebas en contra del presidente en ejercicio".

El documento consigna que el fiscal abordó a los funcionarios de la secretaría del despacho presidencial "quitándole celulares, máquinas, computadores, archivos y tomar declaraciones a las secretarias, asistentes, personal policial y a todos las personas se les oponía", mediante amenazas de denunciarlos por "obstrucción de la justicia".

Castillo, además, denunció que es víctima de un "juicio paralelo" en los medios de comunicación peruanos, a quienes se les filtraron documentos de la investigación fiscal. Según recoge RPP, Castillo dice que es mostrado en los medios "como culpable" sin que se hayan presentado pruebas.