El recibo de la luz, el nuevo quebradero de cabeza de los españoles

BILBAO, ESPAÑA — Los españoles pusieron el grito en el cielo el 8 de enero de 2021, cuando vieron cómo el precio de la luz marcaba un segundo máximo histórico de 94,99 euros por megavatio/hora, en pleno paso de la borrasca Filomena por España. No sabían aún lo que les iba a deparar el año.

Aquel hito en los precios del mercado mayorista no se volvió a superar hasta el 2 de julio, con unos —hoy en día ridículos— 99,8 euros por megavatio/hora (€/MWh), momento en el cual comenzó una escalada que aún no parece haber tocado techo y que encendió todas las alarmas en el seno del Gobierno desde finales de verano.

No en vano, 2021 ha dejado cifras y récords de todo tipo en lo que a la carestía de la electricidad en España se refiere. Hasta esta última semana, los tres días que más había costado la luz de la historia en el país se habían registrado en los tres últimos meses: 7 octubre (288€/MWh), 30 de noviembre (274€/MWh) y 13 de diciembre (268€/MWh).

Sin embargo, la carrera alcista iniciada la semana pasada llevó a que este lunes, 20 de diciembre, se marque un nuevo récord histórico —339,84 €/MWh—, el quinto en los últimos seis días, por delante de los 319,63 euros/MWh del domingo, 19 de diciembre, y de los 309,2 euros/MWh del pasado viernes, 17 de diciembre. Desde el 15 de diciembre, la electricidad viene registrando máximos históricos durante todos los días a excepción del sábado.

También los meses históricamente más caros se han marcado conforme comenzaba el invierno y aumentaba la demanda, con los 200 euros de media en octubre y los 193 euros de noviembre, a falta del promedio que registre diciembre, que lleva camino de superarlos a ambos.

Conviene explicar que el problema que se le ha presentado a España con el coste de la energía eléctrica, de una manera más acusada en la segunda parte del año, no es fácil de entender; aunque muchos españoles se hayan convertido, con el transcurso de los meses, en unos entendidos en una materia particularmente enrevesada.

El gas, la clave

El origen hay que buscarlo en el llamado sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, que se usa en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Según este sistema, el precio de la luz en el mercado mayorista, que acaba repercutiendo en los usuarios particulares, viene fijado por la última tecnología a la que haya habido que recurrir para satisfacer la demanda prevista al día siguiente.

Para componer lo que se llama el mix eléctrico, en primer lugar se compra la electricidad de origen nuclear y renovable, más barata; pero al final siempre hay que recurrir a tecnologías que, como el ciclo combinado, utilizan gas para generar electricidad.

Los precios del gas se han disparado en los mercados internacionales a lo largo de 2021, disparando también la factura eléctrica de los hogares, y se prevé que permanezcan en estos niveles unos meses más a principios de 2022.

El cisma europeo

Este sistema está ahora en cuestión y en el contexto de la Unión Europea, fueron el Gobierno español y el propio Pedro Sánchez los encargados de poner sobre la mesa las dudas en el Consejo Europeo de octubre, presionado por la opinión pública española, especialmente sensibilizada con la cuestión en aquellas semanas.

La propuesta mantiene enconados dos bloques en el seno de los 27. Por un lado España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía, partidarias de modificar este sistema. Y enfrente un bloque liderado por Alemania e integrado además por Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Letonia y Holanda.

En la última reunión de ministros de Energía, este 3 de diciembre, se evidenció este cisma y tras el último Consejo Europeo del pasado 16 de diciembre, el propio Sánchez consideró sin ambages “insuficiente” la propuesta del Consejo para hacer compras centralizadas de gas en situaciones de emergencia; una propuesta válida solo en momentos en que peligre el suministro y no por perturbaciones en los precios, como ocurre desde hace meses.

No obstante, la decisión sobre qué hacer con el sistema de precios marginalista se retrasará hasta el mes de abril, cuando se conocerá un informe encargado a los reguladores, que deberá estudiar el Colegio de comisarios y sobre el que posteriormente decidirá el Consejo Europeo.

Sánchez en prime time

Sin embargo, la situación dominaba tanto las tertulias a pie de calle a la vuelta de las vacaciones de verano, que el presidente del Gobierno español no podía esperar a que la lenta maquinaria de Bruselas tomara decisiones sobre lo que ya se había convertido en el principal problema del Ejecutivo, que amenazaba además con ensombrecer el resto de sus decisiones.

El 13 de septiembre de 2021, en una recordada entrevista en directo, emitida en el informativo nocturno de la televisión pública TVE, es decir, en horario de máxima audiencia, Sánchez encadenó una serie de anuncios para rebajar el recibo de la luz, que cambiaron de golpe todas las portadas de los periódicos del día siguiente.

Consistieron en una serie de bajadas y eliminaciones temporales —hasta final de año— en los impuestos que se cargan en el recibo de la luz de los hogares.

Pero además y como medida estrella, Sanchez anunció un decreto con la "detracción" —utilizando sus términos— de los beneficios extraordinarios que estaban consiguiendo las eléctricas (que gestionan las renovables y las nucleares) por el sistema de precios marginalista inflado por el gas. En argot se los llama "beneficios caídos del cielo" y con ese dinero el Gobierno pasaría a —también según sus términos— "topar" el precio del gas.

"Se lo pueden permitir", enfatizó Sánchez en varias ocasiones en aquella intervención en un mensaje dirigido a las cuatro grandes empresas eléctricas que dominan en el mercado en el país (Endesa, Iberdrola, Naturgy —antes Gas Natural— y EDP), contra las que se comenzaba a dirigir la ira popular en aquel momento y a las que formaciones de izquierda acusaban de actuar de facto en un régimen de oligopolio.

Triángulo España-Argelia-Marruecos

Por si esto fuera poco, el complicado equilibrio que ha de jugar España entre sus dos vecinos del sur en conflicto permanente entre sí, Argelia y Marruecos, también tiene una derivada energética, concretamente gasística.

Las tensiones políticas vividas entre ambos países magrebíes por sus discrepancias respecto al territorio del Sáhara Occidental llevaron a que Argelia, importante productor de gas, cerrara el pasado 1 de noviembre el Gasoducto Magreb Europa (GME) que pasa por Marruecos.

El GME es uno de los dos tubos que abastece a España de gas argelino, el mayoritario en las preferencias ibéricas por una cuestión de cercanía. De hecho hasta esa fecha, suponía casi la mitad del gas importado por España.

El anuncio motivó la acción diplomática española con sendas visitas a Argel de la ministra de Transición Ecológica y el canciller españoles en octubre para mantener el suministro de las autoridades argelinas. Lo consiguieron, aunque a costa de aumentar las importaciones en buques metaneros, un método tradicionalmente más caro y más aún en el actual contexto de incremento de la demanda, que genera dificultad para contratar este tipo de embarcaciones.

Fábricas que paran

Para añadir más dramatismo, a comienzos de octubre varias fábricas del norte de España anunciaron paradas en su actividad, ante los altos precios de la electricidad. A la cabeza de ellas, la siderúrgica Sidenor, una empresa señera en el País Vasco, donde emplea a casi mil trabajadores en su planta de Basauri, en la que anunció una parada de 20 días.

Recientemente, un grupo de empresas que consumen grandes cantidades de energía en sus procesos de producción que se agrupan en la asociación AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía) reclamaron al Gobierno que hiciera cumplir a las eléctricas su compromiso de presentarles ofertas de contratos anteriores a la crisis energética.

El comunicado de la llamada "industria electrointensiva" llegaba después de varios choques públicos entre la compañía Sidenor, presidida por el conocido empresario vasco José Antonio Jainaga, que también preside la AEGE; y la eléctrica vasca Iberdrola, que ha venido llevando la voz cantante en la posición de las eléctricas.

La siderúrgica acusó a la eléctrica de no aplicar precios competitivos a la industria, abocándola al cierre; mientras que Iberdrola acusó a Sidenor de aprovecharse de la situación e inflar artificialmente los precios del acero que, por ejemplo, la eléctrica necesita para construir nuevos parques eólicos.

En paralelo, el activo presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, amagó con paralizar sus inversiones en España en renovables y contraatacó con una foto con Boris Johnson, dado que la empresa está particularmente presente en el Reino Unido.

Finalmente, el Gobierno redujo las condiciones del decreto para reducir los beneficios caídos del cielo presentados por Sánchez en pleno informativo nocturno de televisión y las aguas volvieron a su cauce.

Vaciado de embalses

Donde las aguas literalmente desaparecieron fue en dos pantanos de las provincias de Zamora y Cáceres, en pleno mes de agosto, donde esta misma empresa, Iberdrola, la concesionaria de la explotación de sus presas y turbinas generadoras, desembalsó agua para generar electricidad.

La consecuencia fue que los vecinos de la zona no pudieron utilizar el agua de la red pública para beber ya que venía con sedimentos, al ser del fondo del pantano, según declararon a todos los reporteros de televisión que se acercaron por la zona en unas semanas particularmente escasas en cuanto a noticias, dado el periodo vacacional.

El Gobierno tuvo que salir al paso de este tipo de prácticas con el establecimiento por decreto de una cota mínima que nunca podría ser desembalsada y la limitación a un máximo de caudal mensual para la turbinación; pero se vio incapaz de imponer multas al admitir que no había resquicios legislativos para llevarlo a cabo.

En este sentido, desde Unidas Podemos, su diputado Juantxo López de Uralde, expresó a la agencia Sputnik, la llegada próxima de una proposición de ley al Parlamento para crear una empresa pública de energía, que comenzaría precisamente por las presas donde se genera electricidad aprovechando los saltos de agua.

"Es un sector estratégico para el país. Comenzaríamos por los saltos hidroeléctricos, donde hay una serie de concesiones próximas a caducar. El agua es un bien público", manifestó a Sputnik López de Uralde, que recordó que en prácticamente todos los países del contexto europeo el Estado tiene participación en el mercado eléctrico.

Está por ver si hay tiempo para que esta propuesta llegue al Parlamento antes de que acabe el año y se cierre así un agitado 2021 para el recibo eléctrico español, en el que pasó a ser una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.