Antivacunas en el Parlamento italiano: batallas y derrotas

ROMA (Sputnik) — Los parlamentarios italianos antivacunas, que luchaban contra la obligación de disponer del pase sanitario para acceder a las Cámaras, sufren una sonora derrota con la reciente decisión de la Corte Constitucional de rechazar su recurso.

En Italia en los últimos meses el pase sanitario, conocido como green pass (pase verde), se convirtió en un requisito obligatorio para viajar, ir al gimnasio e incluso acceder a su propio puesto de trabajo. Las autoridades lo conceden a los que se han sometido a la pauta completa de la vacunación anti-COVID o se han curado del virus en los últimos seis meses.

También existe la opción de recibirlo dando negativo en un test: antes era una escapatoria para los que no querían inmunizarse, pero el pasado 6 de diciembre entraron en vigor nuevas normas que reducen drásticamente los espacios a los que pueden tener acceso los no inmunizados, incluso si se hacen la prueba cada dos días.

Antivacunas en el parlamento

Eso no deja de crear una cierta tensión social, y no solo entre la gente común. En el Parlamento italiano hay diputados y senadores que llevan meses luchando contra el pase verde.

En sus discursos aman recurrir a metáforas pintorescas. El deputado Pino Cabras asegura que el pase sanitario conlleva el riesgo de que el Estado imponga "un control en masa, como en China", mientras la línea dura de las autoridades en cuanto al pase le recuerda a los tiempos del macartismo en EEUU, "cuando los intelectuales que se oponían al poder caían víctimas de una caza de brujas. Hoy vivimos algo parecido en Italia".

Las opiniones del senador Gianluigi Paragone suenan igual de impactantes: "El green pass es discriminatorio, una cosa bolchevique". Tacha de mentira los datos, según los cuales los enfermos vacunados de COVID tienen síntomas menos graves, y afirma que la vacunación en medio de la pandemia favorece la creación de nuevas variantes.

Una diputada radical

Quizás el caso más emblemático de los parlamentarios disidentes sea Sara Cunial. Ya en su campaña electoral de 2018 Cunial convirtió la lucha contra las vacunas en uno de sus caballos de batalla, al definir como genocidio la suministración gratis de vacunas a los niños: "Recuerda mucho la política de hace unos años que preveía la eutanasia en masa para llevar a cabo una regeneración genética".

En una revelación similar no podía faltar un toque de conspiración: "Con la complicidad de médicos y personal sanitario las residencias de ancianos fueron dotadas de instalaciones de inhalación de gases tóxicos y hornos crematorios para eliminar los cadáveres e impedir las eventuales investigaciones sobre las causas del deceso de parte de las familias de los enfermos".

El estallido de la pandemia del COVID-19 dio a la diputada una excelente ocasión para practicar su talento de desenmascarar los "verdaderos" propósitos de las autoridades. En su opinión, es más probable morir por un asteroide que por covid, con lo cual las medidas de contención impuestas por el Gobierno no son más que una excusa para destruir los "derechos fundamentales, naturales y constitucionales" de los ciudadanos.

En cuanto a la obligación de procurarse el pase sanitario, en una de las sesiones de la Cámara Baja Cunial la comparó con el Holocausto, causando una reacción de estupor e indignación entre los parlamentarios.

Veredicto en la corte constitucional

A mediados de noviembre la diputada Cunial dio un nuevo paso en su batalla sin cuartel contra la política sanitaria del Gobierno, presentando un recurso contra la obligación para los parlamentarios de presentar el pase verde para acceder a la Cámara.

El Colegio de Cuestores de la Cámara tomó una decisión intermedia, permitiendo a Cunial entrar en el Aula, pero obligándola a permanecer en las tribunas. Después el permiso de Cunial fue anulado, pero más tarde el presidente del Colegio de Apelación se lo devolvió. Y parece que la saga de la diputada aún no ha terminado.

A su vez, la iniciativa del senador Paragone y ocho diputados, encabezados por Cabras, tuvo menos suerte. En un recurso presentado a finales de noviembre denunciaban que la obligación de disponer del pase sanitario había sido tomada por los órganos internos del Parlamento y no a través de una modificación de los reglamentos parlamentarios que requeriría la mayoría absoluta de ambas Cámaras. En su opinión, se trataba de una violación del artículo 64 de la Constitución.

El 15 de diciembre la Corte Constitucional declinó el recurso, sentenciando que las normas sobre el pase verde no lesionan los derechos de los parlamentarios. Según comentó el Colegio de cuestores, "los senadores, igual que cualquier otro ciudadano deben respetar las reglas previstas en el ordenamiento general para toda la colectividad".

Es dudoso que la sentencia acalle a los parlamentarios antivacunas, los cuales, con mucha probabilidad, seguirán arremetiendo contra el pase verde y otras medidas anti-COVID del Gobierno. Sin embargo, la decisión de la Corte reduce drásticamente su espacio de maniobra en el campo legal. Dura lex sed lex (la ley es dura pero es ley).