El comité de la ONU contra la tortura pide a México que no "criminalice la defensa de los DDHH"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó a México que deje de criminalizar la defensa de los derechos humanos, en un posicionamiento emitido desde la sede del organismo en Ginebra sobre un caso ocurrido en el año 2013.

El Comité exhortó a México a "tomar las medidas necesarias para brindar garantías de no repetición, incluida la garantía de que quienes defienden la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos".

La petición fue hecha después de que el Comité analizó el caso de un defensor de los derechos humanos, atacado por su labor por el pueblo indígena Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca (sur) "resultando en su detención y tortura durante más de cinco años por un delito que no cometió".

En una decisión publicada, el órgano contra la tortura de la ONU determinó que "Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, fue víctima de tortura en México".

Esas agresiones son una violación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dice un comunicado emitido en la desde del organismo en Ginebra.

Gallardo Martínez, miembro de un pueblo indígena de la Región Mixe (sur), había estado promoviendo la educación comunitaria en comunidades indígenas de Oaxaca durante varios años, y participó en protestas lideradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2013 en esa entidad del sur del país habitada en su mayoría por indígenas.

En mayo de ese año, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron, sin orden judicial.

El activista estuvo "detenido en régimen de incomunicación en un centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de Policía", para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación.

Acusación falsa y prisión

Gallardo Martínez denunció que los agentes "amenazaron con violar a su hija y su pareja antes de matarlas, y con asesinar a sus padres".

La víctima fue obligada a firmar hojas de papel en blanco, que luego fueron utilizadas como una supuesta confesión.

Con base en esta supuesta "confesión", fue acusado de "participación en crimen organizado y de secuestro de dos jóvenes, sobrinos de uno de los empresarios más importantes de México".

El imputado con pruebas falsas fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, capital de Jalisco (centro), donde estuvo detenido más de cinco años.

El Ministerio Público federal finalmente solicitó el desistimiento del caso, en diciembre de 2018.

Durante este tiempo, el detenido "fue golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día".

Mientras estuvo detenido, el padre de la víctima permaneció diariamente en la plaza principal de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, exigiendo justicia para su hijo.

Toda la familia del detenido sufrió "estigmatización y hostigamiento y, como resultado, tuvo que abandonar su comunidad indígena", deplora el Comité.

Gallardo Martínez y su familia presentaron en México denuncias por los actos de tortura, pero estas no dieron lugar a ninguna investigación significativa.

Ante esa negativa llevaron su caso ante la ONU, en 2019.

Peter Vedel Kessing, miembro del Comité de la ONU dijo en el posicionamiento que el activista "fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte".

Los familiares del activista también son "víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron".

El Comité concluye que el proceso penal iniciado contra Gallardo Martínez "se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales".

El Comité también solicitó que México proporcione una reparación integral, que ofrezca una disculpa pública y difunda ampliamente la decisión del Comité en un diario de amplia circulación en Oaxaca.

El Comité está integrado por 10 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo.