La imposición del castellano en los colegios aviva la tensión en Cataluña

BARCELONA (Sputnik) — El debate sobre el catalán sigue agitado en el plano político y mediático de España, esta vez después de que una familia denunciara una ola de acoso por pedir clases en castellano en la escuela de su hijo.

"No estamos en contra del catalán, lo amamos, y disfrutamos de la gran riqueza que comporta para nosotros como individuos y como sociedad. Pero somos bilingües, y también amamos el español", argumentaban este lunes en una carta difundida a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña.

La polémica comenzó a principios de diciembre, a partir de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña (TSJC), que ordenó a una escuela de la localidad de Canet de Mar (Barcelona) ofrecer un 25% de clases en castellano.

Fue a partir de la solicitud de los padres de un alumno de cinco años, que pidieron imponer la mitad de clases en este idioma frente al sistema de inmersión en catalán que seguía el colegio.

La medida enfadó a la comunidad educativa del centro, por el cuestionamiento a su modelo de enseñanza, y a los nacionalistas catalanes, que ven en esta acción un ataque contra su lengua.

El asunto escaló hasta el punto de que la familia denunció una campaña de señalamiento y amenazas por redes sociales, que está siendo investigada por la Fiscalía de Barcelona y llevó a los jueces a ordenar a las autoridades que protejan al menor.

Desde la dirección del colegio pidieron evitar cualquier hostilidad contra el niño y su familia, aunque se mostraron en desacuerdo con la denuncia y advirtieron de sus "efectos negativos" sobre el proyecto pedagógico.

Trabas a la inmersión

El debate en torno a la presencia del catalán en las escuelas, y en el conjunto de la vida pública, lleva décadas inflamado en España, donde además del castellano conviven como cooficiales esta lengua, el gallego y el vasco.

La medida judicial para la escuela de Canet llega poco después de que el Tribunal Supremo español ratificara una sentencia de 2020 que obligaba a impartir una cuarta parte de la enseñanza pública en castellano.

El gobierno de la región, integrado por una coalición de partidos independentistas, instó a las escuelas a desobedecer el fallo y mantener el régimen lingüístico de inmersión.

"No debéis hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos con motivo de la sentencia", aseguró el responsable catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que tachó la sentencia de "un grave ataque a la escuela catalana".

El sistema de inmersión lingüística se comenzó a implementar de manera generalizada a partir de 1992, aunque ya se utilizaba en algunas escuelas desde 1983.

Fue creado en respuesta a las demandas de miles de familias castellanoparlantes, procedentes de otras regiones de España, que perseguían la integración de sus hijos en Cataluña.

Su aplicación no causó demasiada polémica en los primeros años, siendo ampliamente aceptada por los profesionales del ámbito educativo y el conjunto de la sociedad y reconocida como un "modelo de éxito".

Con los años, la medida comenzó a ser cuestionada por diferentes instancias de la justicia, incluido el Tribunal Constitucional de España, que en 2010 rechazó el uso preferente del catalán sobre el castellano.

Según los datos del Gobierno catalán, desde 2005 un total de 80 grupos escolares tuvieron que alterar su programa para introducir más horas de castellano por petición de una o más familias.

El idioma, tema candente

En una visita a la escuela de Canet esta semana, el consejero regional de Educación admitió que su departamento no puede actuar en contra del fallo judicial, que apela a la directora del centro.

La sentencia no sólo indignó a la dirección del colegio, también a familias de la clase afectada y de otros cursos, que expresaron su malestar por los cambios sobre el currículo.

En respuesta a la inacción de las autoridades, los principales sindicatos y organizaciones de la enseñanza en Cataluña emitieron un comunicado exigiendo al Gobierno regional que impulse "políticas de urgencia" para "liderar la defensa y respuesta ante los ataques recurrentes" a la inmersión.

En Madrid, el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por guardar silencio ante la polémica, limitándose a rechazar cualquier tipo de acoso o persecución a la familia y garantizar que se investigarán los hechos.

Más vocales fueron desde la derecha, con el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, acusando a los independentistas de "atacar a un niño por hablar español" y promover un "apartheid lingüístico".

La misma expresión utilizó el dirigente de ultraderecha Santiago Abascal, de la formación Vox, que reclamó "sentar en el banquillo" a "los que han pisoteado los derechos de los niños".

El revuelo por este polémico caso, que no es el primero ni el último en torno al debate lingüístico en Cataluña, se extenderá a las calles de Barcelona el próximo sábado, cuando profesionales de la educación y la cultura, políticos, padres y estudiantes están llamados a manifestarse por el idioma.