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Nueva 'fiebre del oro' en la Amazonía boliviana daña a poblaciones indígenas y al medio ambiente

© AFP 2021 / Luis AcostaConsecuencias de la minería ilegal
Consecuencias de la minería ilegal - Sputnik Mundo, 1920, 10.12.2021
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Desde las Naciones Unidas hicieron llegar una carta al Gobierno de Luis Arce para recriminarle el uso descontrolado de mercurio en la minería, sobre todo en la explotación ilegal de oro en los ríos de la Amazonía. El investigador Alfredo Zaconeta explicó a Sputnik los alcances del desastre.
Relatores de las Naciones Unidas enviaron una carta al Gobierno de Bolivia para alertar sobre el uso descontrolado de mercurio en la minería, fundamentalmente para la extracción de oro de ríos de la Amazonía. El vertido de este metal en las aguas contamina a los peces, de los cuales se alimentan varios pueblos amazónicos. Desde la ONU formularon una serie de pedidos al presidente, Luis Arce, para que remedie esta situación.

"Por el convenio de Minamata [para erradicar el mercurio], muchos países han dejado de usar mercurio como tal, como Perú y Brasil. Sin embargo, Bolivia todavía permite su importación y su uso para la explotación de oro", comentó a Sputnik Alfredo Zaconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), especializado en minería.

La carta de la ONU

"Un estudio científico de junio de 2021 revela que muestras de cabello de mujeres indígenas entre 18 y 44 años del pueblo Esse Ejja, asentadas a lo largo de la cuenca del río Beni, presentan niveles elevados de mercurio", dice la carta de la ONU, firmada por José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y Marcos Orellana, relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de sustancias y desechos peligrosos.
El documento fue presentado el 28 de septiembre pasado. Los relatores dieron dos meses al Gobierno boliviano para responder, antes de que hicieran pública la comunicación.
En este sentido, solicitaron al presidente Arce que "adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas", además de "investigar, procesar e imponer sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas" en la carta.
En 2013 se firmó el Convenio de Minamata, mediante el cual 140 países se comprometieron a erradicar el mercurio de sus industrias, ante las evidencias de que causa serios daños a los seres vivos y a los territorios en los cuales se utiliza.
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Por este motivo, países limítrofes como Perú y Brasil prohibieron la importación de este peligroso metal. Pero Bolivia no hizo lo mismo, a pesar de que también suscribió el acuerdo. Actualmente, los mineros ilegales de la Amazonía peruana y brasileña conseguirían mercurio que llega de contrabando del Estado Plurinacional, según denuncian los relatores.
En diálogo con Sputnik, Alfredo Zaconeta destacó que pasada la pandemia de COVID-19 en el mundo hubo una escalada de precios en las materias primas, especialmente en el oro.
Por el lado positivo, aumenta la recaudación impositiva. Pero también "muchas zonas auríferas se han visto avasalladas, complicadas por enfrentamientos. Se han presenciado grupos armados, ligados a la minería ilegal, que no permiten la presencia de la institucionalidad del Estado", dijo Zaconeta.
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Esto ocurre fundamentalmente en zonas del norte amazónico de La Paz, cuyos ríos arrastran algunas partículas de oro. Para obtener una tonelada del preciado metal, hace falta echar tres toneladas de mercurio, lo cual afecta principalmente a las comunidades indígenas cercanas.
Según la Gobernación de La Paz, en 2020 se importaron 200 toneladas de mercurio. Con esta cantidad se obtendrían 66 toneladas de oro. Pero el reporte oficial menciona solamente 23 toneladas. "Entonces ¿adónde estaría yendo el excedente de mercurio?", preguntó Zaconeta.
Son 130 toneladas de mercurio que nadie sabe dónde están.
"Se estaría produciendo un microcontrabando de mercurio hacia Perú, incluso hacia Brasil, considerando que estos dos países no permiten el uso de mercurio. Por ende, no hay cifras de importación de mercurio hacia estos países", comentó el investigador del CEDLA.
Para Zaconeta, el mercurio en Bolivia "no está siendo controlado por falta de institucionalidad del Estado". Actualmente, el Estado Plurinacional es el segundo mayor importador de este metal, solo superado por la India.
Además de la afectación causada a los pueblos amazónicos, es incalculable el daño provocado al medio ambiente.
"Las cooperativas auríferas estarían desviando caudales de ríos, deforestan, remueven tierras y cerros que guían todo este ecosistema. Esto causa una crisis", aseguró Zaconeta.
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En noviembre pasado comenzó la época de lluvias en Bolivia, que se extenderá hasta marzo de 2022. "En este periodo, en zonas auríferas como Mapiri o Guanay [en el norte de La Paz] hay inundaciones. Estas aguas contaminadas con mercurio se mezclan con otras aguas no contaminadas, con lo cual causan un impacto mayor", advirtió.
Y agregó: "Es un efecto en cascada, al cual no se da la debida atención".
El investigador expuso que en 2013 la producción de oro fue de 13 toneladas. En 2014 fue de 34 toneladas. En 2015 bajó a 22 toneladas. En 2016, 21 toneladas. En 2017, 28 toneladas. En 2018, 31 toneladas. En 2019 de nuevo se disparó a 42 toneladas. Y en 2020 disminuyó a 23 toneladas.

Financiamiento de origen dudoso

Zaconeta mencionó un reporte de la Gobernación de La Paz, según la cual había capitales colombianos y chinos asociados a los cooperativistas. Sería un inmejorable método para lavar dinero: alguien se aparece con un maletín lleno de dólares para asociarse a alguna cooperativa. Con su inversión se pueden comprar maquinarias y otros insumos. Como devolución, se queda en algunos casos hasta con el 80% de las ganancias, comentó el investigador.
Zaconeta explicó que "este tipo de explotación de oro no requiere cantidad de personas como tal. Lo que se utiliza mayormente es tecnología", por ello pasa fácilmente desapercibida. "Eso hace difícil poder identificarlos y verificar si su actividad se enmarca en la legalidad", indicó.
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La explotación ilegal de oro tiene múltiples efectos colaterales, los cuales en muchos casos representan nuevos delitos. El primero que identificó Zaconeta es de orden tributario: "Hay una paga ínfima por el uso y abuso de nuestros recursos naturales. En 2020, por ejemplo, el valor de producción del oro en Bolivia alcanzó a 1.263 millones de dólares. Pero de esta suma, el Estado se quedó con apenas 34 millones de dólares por el pago de regalías".
Zaconeta evidenció que "ahí el Estado pierde mucho, porque hablamos de un recurso no renovable, que da paso a una herencia ambiental muy considerable".

¿Qué debe hacer el Gobierno?

"El Estado debe definir una legislación específica, que norme la explotación del oro y el control a sus operadores. Se necesita una norma muy específica para ajustar la parte tributaria, el otorgamiento de licencias, el tipo de comercialización", consideró el investigador del CEDLA, el centro de estudios fundado en 1985.
Dentro de esa legislación específica "debería normarse el rol del Estado, para centralizar la comercialización y poder aprovechar este recurso para tener reservas internacionales", mencionó Zaconeta. Y recordó que a partir de la pandemia de COVID-19, la población volvió a confiar en el oro ante la volatilidad que demostraron las diferentes monedas.
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Meses atrás, el Gobierno nacional sugirió comprar un porcentaje no mayor del 15% del oro extraído en la Amazonía, para afianzar las reservas internacionales. Pero los mineros se opusieron.
En la llegada de la Marcha por la Patria a la ciudad de La Paz, el 29 de noviembre pasado, abundaban entre la multitud los cascos de los mineros auríferos. Según Zaconeta, su apoyo obedecía a las concesiones que hace el Gobierno para que exploten oro impunemente en los ríos amazónicos.
"La minería ilegal ha crecido en el país, lo cual es un retroceso. Y este tipo de prebendas que se dan en torno a lo político van en desmedro de Bolivia", observó el investigador.
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