Así operó el círculo del exjefe de Gobierno de CDMX para desviar más de 100 millones de dólares

La Fiscalía General de Justicia reveló que, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera al frente de la capital mexicana, dos funcionaros encabezaron una serie de actos ilícitos en diferentes esferas de la administración pública.

Una red completa de enriquecimiento ilícito en el seno del Gobierno anterior es el nuevo escándalo de corrupción que vive la Ciudad de México.

Miguel Ángel Vázquez y Julio Serna son los nombres de los funcionarios que están presuntamente implicados en tres modus operandi que sirvieron para desviar más de 2.000 millones de pesos de las arcas públicas.

Todo sucedió entre 2017 y 2018, en los últimos dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera, quien gobernó la capital del 5 de diciembre de 2012 al 29 de marzo de 2018. Vázquez era subsecretario de Administración; Serna, coordinador de la Central de Abasto, el principal mercado mayorista y minorista de la Ciudad de México y el más grande de América Latina.

Simulación y un asesinato

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades capitalinas, Miguel Ángel Vázquez encabezó el primer modus operandi, que consistió en la contratación de tres empresas para simular realizar una actividad que, por ley, debe ser llevada a cabo por el Capital Humano del gobierno local. Esta actividad es "la solicitud de devolución del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR)".

"Un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer esta actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de esta simulación", detalló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Los agentes de investigación no descartan que el asesinato del empresario mexicano Martiniano Rodríguez, en enero pasado, este vinculado con este entramado de corrupción, según el comunicado enviado por las autoridades.

"El dinero desviado [de este primer modus operandi] fue de aproximadamente 986 millones de pesos, y el pago por los supuestos contratos fue distribuido a ocho empresas, hoy desaparecidas y cuyos nombres se reservarán de forma temporal en apego al debido proceso", señala la Fiscalía.

Las tres empresas que se prestaron a esta operación "posiblemente" cobraron el 20% de los recursos desviados, concluyeron las investigaciones. A partir de ese momento, el dinero obtenido de manera irregular fue repartido en "una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México y otros actores".

Trabajadores "chocolate"

El segundo modus operandi se tejió entre funcionarios de total confianza del subsecretario de Administración, Miguel Ángel Vázquez. El monto total desviado ascendió a 1.100 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía.

Según las autoridades, ese grupo de funcionarios autorizó, gestionó y entregó ilegalmente diversas cantidades de dinero a servidores públicos del área de Capital Humano.

"Este desvío de recursos se realizó a través de un supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México", explicó la FGJ-CDMX.

Las investigaciones determinaron que los recursos probablemente fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos trabajadores o pagadores habilitados. Sin embargo, el dinero nunca fue entregado completamente a los empleados.

"Los supuestos trabajadores o pagadores habilitados eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel [Vázquez], el mismo que autorizó la entrega", señaló la Fiscalía.

Violencia contra comerciantes

La tercera forma que utilizaron fue liderada por Julio Serna, coordinador de la Central de Abasto. Allí, mediante la clausura o la fabricación de delitos, el funcionario arrebató a los comerciantes sus bodegas para venderlas después y hurtar el dinero.

La Fiscalía de la Ciudad de México también aseguró que Serna celebró contratos irregulares con empresas para cobrar por estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

Con estos negocios irregulares, el funcionario incrementó sus ingresos de manera ilícita a 47 millones 874 mil pesos, indica la carpeta de investigación. Además, le fueron detectados cinco inmuebles, un lugar de estacionamiento en la Ciudad de México y 14 propiedades posiblemente relacionadas con él en la capital, Cuernavaca y Acapulco. Ninguna fue reportada en su declaración patrimonial.

Tras las averiguaciones de estos tres casos, la Fiscalía de la Ciudad de México concluyó que "el probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares".