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Los pros y contras del polémico impuesto "por usar las calles de CDMX" que impulsa Sheinbaum

© Foto : Pixabay/ alefukugavaUn repartidor de la aplicación de delivery Rappi
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Bajo el argumento de que utilizan la infraestructura capitalina para generar riqueza, el Gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa al congreso local que genere un impuesto del 2% a las aplicaciones de entrega de servicios.
Este proyecto de ley, que pretende ajustar el Código Fiscal de la Ciudad de México, ha generado polémica entre los trabajadores de la repartición, los dirigentes de empresas como Rappi, Uber y Didi, organizaciones patronales y la opinión pública, mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, defiende su pertinencia.

La iniciativa

La propuesta de modificación al régimen fiscal de la Ciudad de México contempla cobrar un 2% de impuestos sobre el cobro total de la entrega de productos a través de plataformas digitales, bajo el criterio de que estos servicios utilizan la infraestructura de la capital para producir ingresos.
El proyecto de ley para modificar el artículo 307 del Código Fiscal dice a la letra:
"Las personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de los cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de México, siempre que actúen con carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras, deberán pagar mensualmente por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México el 2% del cobro total antes de impuestos por cada entrega realizada".
Es por este motivo que en la opinión pública la iniciativa ha sido identificada como un impuesto por utilizar las calles de la ciudad.
El procurador fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Salvador Juárez, dialogó con legisladores del Congreso local para explicar los alcances de la iniciativa, que no genera nuevos delitos fiscales ni incrementa las penas previstas, aseveró.
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La legisladora Xóchitl Bravo Espinosa, de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas (APMD), aseveró que el impuesto busca únicamente cobrar recursos a las grandes empresas encargadas del manejo de estas aplicaciones.
Además, la iniciativa de ley busca
regular el pago del impuesto al 5% a servicios de hospedaje en el país,
establecer que quienes tengan su domicilio fiscal en la capital mexicana paguen su tenencia vehicular aquí mismo, para evitar el emplacamiento de automóviles de la Ciudad de México en Morelos o el Estado de México, como sucede actualmente,
confirmar el impuesto a espectáculos públicos en la Ciudad de México que se transmitan en vivo por plataformas digitales.

Los rechazos

Organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) repudiaron este 7 de diciembre el impuesto y consideraron que desincentiva la innovación y la reactivación económica tras las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
"Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional. Adicionalmente, representa una barrera a la innovación, pues atenta contra los esfuerzos de acompañar la reactivación económica en un periodo complejo como la pandemia", añadieron los inconformes en un comunicado.
Además, la organización "Ni un repartidor menos", que ejerce una vocería de los trabajadores de las aplicaciones de entrega de servicios, se sumó al rechazo a la iniciativa de ley argumentando que afectará a los repartidores mismos.
"Los únicos que vamos a ser chingados por el gobierno seremos los repartidores, choferes, comercios y usuarios", aseveraron.
"Qué bonito el Gobierno que sólo recibe a empresarios y a los repartidores y trabajadores no. Bonito Gobierno, nos recuerda al dinosaurio", expresaron los repartidores organizados en referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificado de dinosaurio por las décadas que mantuvo el poder presidencial en México.

Los defensores

En tanto, la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, informó que se reunió con titulares de grupos empresariales, como la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), además de empresas como Amazon, Mercado Libre, Didi, Uber y Rappi, para discutir la iniciativa.
Las firmas reafirmaron su compromiso y disposición para colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México, aseveró la funcionaria local y sostuvo que la propuesta al Código Fiscal favorecerá a la capital del país.
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En tanto, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del gobierno capitalino, José Merino, ejemplificó que en diversos países del mundo es habitual el cobro de impuestos a plataformas digitales.
El funcionario capitalino compartió ejemplos de impuestos a servicios digitales en Malasia, Francia, España, el Reino Unido, Singapur, India, Indonesia, Turquía, Chile, Japón, Italia, Austria y Tailandia, además de aseverar que propuestas como la de la Ciudad de México tienen paralelos en iniciativas recientes en Argentina, Brasil y Canadá.
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