¿Hacia un Guantánamo británico de refugiados?

LONDRES (Sputnik) — El plan de inmigración del Gobierno de Boris Johnson retornó a la Cámara Baja del Parlamento británico entre críticas de la oposición política, ONG y la Agencia de Refugiados de la ONU, que lo consideran cruel, inhumano y contrario a la legislación internacional.

El malestar por el proyecto de ley Nacionalidades y Fronteras, que recoge la política migratoria del Ejecutivo conservador para el pos-Brexit, se extiende también a diputados de sus propias bancadas. Entre ellos, el exministro David Davis teme que su implementación pueda derivar en la "creación de un Guantánamo Bay británico", según expuso en el diario The Guardian.

Trámites en ultramar

El veterano político se refiere a la hoja de ruta gubernamental que contempla trasladar a los migrantes a terceros países, donde se tramitarían sus solicitudes de asilo. Entre los destinos en la mira de la ministra del Interior, Priti Patel, para relegar la complicada tarea se han mencionado Albania, Ruanda e incluso la antigua colonia británica de Gibraltar, fronteriza con España.

Todos los territorios han desmentido su disposición a acoger temporalmente a los refugiados que buscan protección en Reino Unido. Pero la medida se mantiene en el proyecto de ley, que se está debatiendo esta semana en la Cámara de los Comunes.

Contiene otras cláusulas igualmente polémicas, que podrían salir adelante dada la mayoría de unos 80 escaños que Johnson disfruta en los Comunes. Aun así, el Gobierno afronta una batería de enmiendas y una dura batalla en los Lores, la cámara con funciones escrutadores donde los tories están en minoría.

Legales e ilegales

Los laboristas y nacionalistas escoceses, entre otros, coinciden con la Agencia de Refugiados de la ONU —UNHCR, en sus siglas en inglés— en que el borrador legislativo "viola" la Convención de 1951 y su implementación "arriesgaría las vidas y el bienestar de gente vulnerable". Minaría, además, el "sistema internacional de protección" de los que huyen de la guerra o persecución "no solo en el Reino Unido, sino globalmente", según subraya la UNHCR.

El Gobierno pretende crear dos categorías de refugiado en función a la vía de acceso al país. Los que lleguen sin visado u otro tipo de autorización se tipificarán como ilegales, sujetos a penas de cuatro años en prisión.

Mientras, se les denegará el derecho de residencia y su estancia máxima permitida será de 30 meses, aunque consigan demostrar que tenían "buenos motivos" que forzaron su "entrada ilegal" en la isla.

"Se estigmatizará a los que lleguen irregularmente como seres indignos e indeseables… el coste financiero, personal y social será muy alto", ha denunciado Rossella Pagliuchi-Lor, representante de la UNHCR para Reino Unido.

Deportaciones exprés

Al mismo tiempo, Patel quiere abolir el sistema vigente de alojamiento del refugiado en la comunidad, ya sea en pisos u hostales. En cambio, propone internarlos en centros de acogida durante los meses o años que dure la tramitación de sus expedientes bajo un nuevo sistema burocrático y legal, que contempla reducir y limitar las instancias de apelación.

"Permite la creación de un sistema justo pero firme que romperá el modelo de negocio de las mafias que facilitan viajes peligrosos e ilegales al Reino Unido, al tiempo que aceleraremos la expulsión de los que no tienen derecho de estar aquí", dijo la ministra al presentar su controvertido proyecto.

Las ONG advierten de que la apodada "ley antirrefugiados" no evitará que individuos y familias intenten llegar a Inglaterra cruzando el Canal de la Mancha en embarcaciones pequeñas y frágiles. El mes pasado, 27 personas naufragaron en la travesía desde Francia, la mayoría jóvenes y niños kurdos iraquíes.

Factura política

"Es una propuesta sin sentido que crea un sistema de asilo más peligroso e inviable y deja a los refugiados en un limbo", ha denunciado Minnie Rahman, directora de campañas en el Concejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes. Este colectivo de asociaciones insta al Gobierno "tory" a "dejar de utilizar a los solicitantes de asilo como balones políticos".

El número de migrantes y refugiados se ha reducido en los últimos años y Reino Unido está en la cola de países europeos receptores de supuestos irregulares. Pero las imágenes de niños y mayores arribando a las playas inglesas supone un problema político para Johnson, que debe su mandato al Brexit y la promesa de "retomar el control" de la frontera británica.