Bolivia elegirá nuevos jueces nacionales en 2023

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia elegirá nuevas autoridades judiciales nacionales en 2023, en una forma que se prevé concertar en una cumbre multisectorial organizada por el Gobierno con apoyo internacional, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima.

"La elección de jueces por el mecanismo que elijamos como país se va a en 18 meses, en 2023", dijo Lima a la televisión nacional, al confirmar la apertura de un proceso de consulta nacional rumbo a una cumbre que debatirá una reforma judicial en marzo de 2022.

Desde la entrada en vigencia de la Constitución del Estado Plurinacional en 2009, Bolivia elige a sus jueces y otras autoridades judiciales nacionales mediante voto universal previa preselección de candidatos en el parlamento, lo que ha practicado ya en dos oportunidades, la más reciente en 2017.

Esta forma de elección no ha resuelto las quejas contra la crónica falta de independencia judicial, debido principalmente, según reiteradas denuncias de la oposición conservadora, a que la mayoría del Movimiento Al Socialismo ha impuesto candidatos en el parlamento.

Sin impunidad

El ministro Lima aseguró que las consultas sobre la reforma judicial —prometida por el Gobierno y reclamada por la sociedad en general— y el posterior proceso electoral no interferirán en los actuales juicios en preparación o en desarrollo, incluidos los planteados contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020).

"Justicia es lo que requiere el pueblo boliviano y el compromiso del presidente Luis Arce es encararla en conjunto, como política pública y en unidad de los bolivianos, pero dejando de lado las posiciones que buscan impunidad", advirtió.

Aludió así a un reciente anuncio del expresidente y líder opositor Carlos Mesa de que su partido autorizaría en el parlamento posibles juicios de responsabilidades contra la expresidenta Áñez solo después de que sean cambiados los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional.

"No es tolerable para este Gobierno que existan senadores, líderes políticos que estén pensando que un factor de la reforma judicial es la impunidad. Cuando Carlos Mesa decía que se reforme la justicia y luego vamos a autorizar juicios, es pactar impunidad y eso no lo vamos a hacer", aseguró.

Áñez, en detención preventiva desde marzo pasado para enfrentar juicios ordinarios por el golpe de 2019 que la llevó al poder, está acusada también de delitos económicos y de lesa humanidad durante su ejercicio presidencial por los cuales le corresponderían juicios de responsabilidades que deben ser autorizados por dos tercios del Parlamento.

Lima dijo que el proceso de definición de la reforma judicial abierto esta semana incluye diversos encuentros en los nueve departamentos con universidades, colegios de abogados, los órganos judiciales, asociaciones de jueces y fiscales, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales.

Indicó que está previsto que en enero se sume al proceso el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

"La independencia judicial es estructural y estamos trabajando en esa línea, de ajustar mecanismos para tener a los mejores bolivianos con jueces, vocales, magistrados eventualmente, dentro de dos años. Eso nos urgen los organismos internacionales", añadió Lima.

Los actuales jueces nacionales de Bolivia elegidos mediante voto popular son los del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, todos con mandato de seis años.