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Así persigue el fraude fiscal España: el fisco mira desde tu factura de la luz hasta tu Twitter

© Foto : Pixabay / KalhhEvasión fiscal (imagen referencial)
Evasión fiscal (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 07.12.2021
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Para determinar dónde se ubica realmente la residencia fiscal de las personas cuyo lugar de morada declarado genere dudas, la Agencia Tributaria recopila datos de terceros. Acude a otros países, a fuentes tanto públicas como privadas, y se vale de herramientas tecnológicas. Las redes sociales pueden delatar indirectamente a los defraudadores.
Los inspectores del Ministerio de Hacienda disponen de métodos variados, todos legales, para constatar el lugar de ubicación de los contribuyentes o de aquellas personas, nacionales o no, de las que se sospeche que estén pagando al fisco menos de lo que deberían. Se analiza toda la producción documental que genera su vida cotidiana.
Por ejemplo, los datos que aportan las compañías energéticas sobre los consumos de luz y gas conforman pruebas sobre la presencia o no presencia de un investigado en su teórico domicilio fiscal. La Agencia Tributaria también puede acceder a los datos sobre la asistencia sanitaria recibida, el gasto farmacéutico realizado o incluso al resultado de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de los automóviles que estén a su nombre.
Los inspectores fiscales confeccionan sus expedientes accediendo también a los registros de llamadas telefónicas y a información bancaria de todo tipo, por ejemplo los movimientos en las cuentas y los datos aportados por las tarjetas de crédito. Y rastrean la actividad de sus investigados en redes sociales. El modelo 720, que desde 2012 se aplica para declarar bienes y derechos en el extranjero, puede detectar ganancias patrimoniales injustificadas, que dan pie a reclamaciones por las cantidades defraudadas y las multas que conllevan.
Se trata de obtener cuantas más pruebas mejor para obtener una valoración de conjunto y así determinar si los investigados en cuestión se sitúan en uno u otro país. En cierto modo, se persigue que sean apátridas fiscales.

El rastro de las tarjetas

En 2020 el grupo parlamentario socialista presentó una proposición no de ley que abogaba por la "eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva". La Ley 11/2021, de 9 de julio, cuyo proyecto de ley se aprobó en octubre, contempla que los pagos en efectivo se reducen de 2.500 a 1.000 euros.
La idea tiene un espíritu de lucha contra el fraude fiscal, dado que los pagos con tarjeta dejan un rastro con el que ayudar a establecer un cómputo de los días que su titular ha estado o no ha estado en el país. En caso de operar con ellas en el extranjero, intervienen los acuerdos de asistencia mutua con las autoridades fiscales de esos países, con los que se cruza información.

Redes de doble filo

La actividad en redes sociales de los usuarios investigados aporta muchas pruebas, a las que cabe sumar las de las cuentas que interaccionan con ellos. Esto es especialmente importante en el caso de personas célebres, cuya presencia física puede ser constatada por terceros en Twitter, Instagram o Facebook.
La administración tributaria puede realizar indagaciones en estos medios desde 2015, cuando se aprobaron nuevas directrices para el control tributario y aduanero mediante el análisis de las redes sociales "con el objetivo de identificar aquellos patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras (tramas carrusel, uso de testaferros, etcétera)". Desde entonces se indexan más de 200.000 páginas de la web para cruzar datos y hallar esos patrones sospechosos.
Es posible investigar el contenido de los ordenadores personales, más fácilmente en las empresas que en los de los domicilios privados, donde hace falta una autorización judicial que requiere papeleo y tiempo. Con todo, las fotografías subidas a redes sociales por terceros deben verificarse para validar el origen y determinar que no han sido objeto de manipulación.
Los bancos de imágenes son particularmente útiles en lo que atañe a personajes célebres. Su abundante repertorio está etiquetado con fechas y lugares del momento de la toma. Otro tanto sucede con vídeos publicados en plataformas como YouTube.

Casos de investigación célebres

Para la Agencia Tributaria, una persona física es residente en territorio español cuando "permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español", tenga en España "el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta", o cuando "residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta persona física".
El segundo supuesto no lo cumplió el tenista balear Rafael Nadal. Con sociedades que tributaban en el País Vasco (donde se beneficiaba de un régimen fiscal muy bajo) pese a que la actividad no estaba radicada allí, en 2012 se vio obligado a cambiar el domicilio fiscal de las mismas a Islas Baleares luego de regularizar las cantidades defraudadas al fisco.
La cantante colombiana Shakira fue objeto de una intensa investigación durante años por parte de la Agencia Tributaria. Teórica residente fiscal en Bahamas, los inspectores de este organismo reconstruyeron sus pasos desde 2011 a 2014 y demostraron que en realidad residía en España, gracias a lo cual se constató la cuantía defraudada en los ejercicios de 2011, 2012, 2013 y 2014: 24, 6,1, 3,6 y 4,1 millones de euros, respectivamente.
La investigación fiscal se ayudó de los datos proporcionados por sus tarjetas bancarias, los de las redes sociales, la asistencia a reuniones del colegio de sus hijos en Barcelona, el consumo energético de sus casas en esta ciudad y en Nassau (capital de Bahamas), e incluso sus gastos regulares en El Corte Inglés y en la peluquería.
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