Defensores del Guapinol aún esperan por su juicio

SAN SALVADOR (Sputnik) — Como si no bastaran las 27 semanas que llevan tras las rejas por un presunto delito que no amerita cárcel, los ocho defensores del río hondureño Guapinol tendrán que esperar siete días más detenidos para su audiencia judicial.

El comienzo del juicio estaba previsto para el pasado 1 de diciembre en un juzgado del municipio Tocoa, departamento de Colón (norte), pero el Ministerio Público no le entregó a la defensa ciertos peritajes y pruebas audiovisuales para su análisis, como mandata el debido proceso.

"Comparecimos en condiciones de indefensión", denunció Kenia Oliva, miembro del equipo legal que representa a Porfirio Sorto, José Abelino y Ever Cedillo, Kelvin Romero, Arnol Alemán, Orbin Nahún, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, presos por defender el derecho al agua.

Tanto Oliva como el letrado Mario Rojas exigieron la entrega de las pruebas ante la corte integrada por los magistrados, quienes de entrada se opusieron, pero luego aprobaron -con un voto en contra- aplazar la audiencia.

En declaraciones a la organización no gubernamental Guapinol Resiste, Rojas valoró que tanto la Fiscalía como la acusación privada estuvieron de acuerdo en postergar el juicio para entregar la evidencia requerida, pese a lo cual hay un juez, cuyo nombre se guardó, que ha torpedeado recurrentemente la defensa.

"Afortunadamente el tribunal accedió, y la audiencia se suspendió para el 9 de diciembre", destacó el abogado de los activistas, quienes han sido valorados por su lucha para el premio Sájarov del Parlamento Europeo y el Premio Letlier Moffit de Derechos Humanos en Washington.

A su vez, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias reconoció la legítima labor de estos defensores de los bienes comunes y públicos, calificó sus arrestos de ilegales e instó al Estado hondureño a liberarlos de inmediato, lo cual nunca ocurrió.

El caso es cada vez más internacional, al punto que la embajada de Estados Unidos en Honduras reiteró esta semana en redes sociales que monitorea de cerca este juicio, y reclamó respeto para el debido proceso y que todo transcurra con transparencia.

Criminalizar es la norma

Según Guapinol Resiste, estos defensores son criminalizados por Inversiones Los Pinares, empresa minera del Grupo Emco, y el Ministerio Público de Tocoa, por defender los ríos Guapinol y San Pedro en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

¿De qué se les acusa? De bloquear una carretera pública, y de instalar el 1 de agosto de 2018 el campamento Por el Agua y la Vida, que 88 días después fue desalojado de manera violenta por al menos 1.500 policías.

Aquellas protestas fueron el recurso desesperado de una comunidad que, cuando sus fuentes de agua potable comenzaron a ser contaminadas por las obras de Emco, recurrió a la alcaldía, sin que el edil Adán Fúnez hiciera algo respecto al clamor popular contra la minería a cielo abierto.

"En el campamento se mantuvo una manifestación permanente y legítima durante casi 90 días, hasta el desalojo violento y los eventos que condujeron a la detención de los ocho defensores", explicaron a Sputnik fuentes del bufete Justicia para los Pueblos, a cargo del caso.

Desde entonces permanecen en prisión preventiva, incluso Jeremías Martínez, que en septiembre de 2020 debió pasar a arresto domiciliar, como ordenó un tribunal de sentencias, pues ya había cumplido el tiempo establecido para este tipo de encarcelamiento.

Además, los jueces a cargo del caso han estigmatizado en varios momentos a los familiares de los imputados, y 32 miembros de las comunidades afectadas por la división minera del Grupo Emco han sido acusados formalmente por su victimario.

Dicho grupo pertenece a Lenir Pérez y Ana Facusse, empresarios cercanos al gobernante Partido Nacional (derecha) a través de varios megaproyectos.

Al respecto, la reciente derrota electoral del oficialismo podría dar cierta esperanza en la lucha contra la impunidad, aunque el alcalde Fúnez, señalado como cómplice los extraccionistas, milita en el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), amplio ganador de los comicios.

Y mientras el tiempo pasa y los ocho defensores del Guapinol siguen presos, el Grupo Emco avanza en la construcción de su mina de óxido de hierro y su planta de peletización en Tocoa, sin que la Fiscalía investigue las denuncias de contaminación ambiental y concesiones fraudulentas.

Sin embargo, a la ambientalista Berta Cáceres la asesinaron en 2016 por enfrentarse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la familia Atala Zablah sobre el Gualcarque, río sagrado de la cultura lenca: si en cinco años no le han hecho justicia, no hay muchas razones para esperar que la tengan los defensores del Guapinol.