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El debate sobre la vacunación obligatoria llega a España

© REUTERS / Eva ManezEl centro de vacunación en Benidorm
El centro de vacunación en Benidorm - Sputnik Mundo, 1920, 02.12.2021
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MADRID (Sputnik) — La irrupción de la variante ómicron del SARS-Cov-2 ha resucitado la discusión sobre si la vacunación contra la COVID-19 debe, o no, ser obligatoria en Europa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que es "necesario" abrir un debate al respecto dado que un tercio de la población europea —unas 150 millones de personas— no está vacunada.
"Hace dos o tres años nunca me habría imaginado presenciar lo que vemos ahora, que tenemos una terrible pandemia y vacunas pero no se usan adecuadamente en todas partes y conlleva un enorme coste sanitario", dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario.
Ya son varios los países que adoptaron medidas dirigidas a fomentar la vacunación. Por ejemplo, Austria impondrá multas de hasta 7.200 euros a quien se niegue a vacunarse, y Grecia sancionará con 100 euros a los mayores de 60 que rechacen el fármaco.

¿Derecho al contagio?

Pese a ser uno de los países con más porcentaje de vacunados, el debate sobre la inmunización obligatoria también empieza a coger vuelo en España. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recogió el guante lanzado por Von der Leyen, mostrándose a favor de explorar medidas que coloquen la salud pública por encima de la libertad individual.
"Debemos debatir si uno, por respeto a su cuerpo, tiene derecho a contagiar a todo un vagón de metro [...] No existe el derecho a contagiar", afirmó Gabilondo en una entrevista con Radio Nacional de España (RNE), concluyendo que "como seres singulares activos de pleno derecho de una comunidad, los límites de los derechos individuales son los derechos de los demás".
No se trata de la única voz a favor. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria —región de 580.000 habitantes situada al norte del país—, pidió ya hace semanas al Gobierno de España que se obligue a vacunar a todo el mundo "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar".
"¿Porque haya cinco millones de negacionistas que no se quieren vacunar vamos a poner en riesgo a los demás?", dijo Revilla en una sonada entrevista televisiva a mediados de noviembre, donde planteó crear "una legislación obligándoles [a los antivacunas] a vacunarse o a que se queden en casa encerrados".

Alza de casos

Estas reivindicaciones llegan en un momento en el que España vive una fase de aumento de contagios. En solo un mes —del 2 de noviembre al 2 de diciembre— la incidencia acumulada se disparó desde los 49 casos de COVID-19 por cada 100 habitantes hasta los 217 actuales.
Aunque es menos pronunciado que en otros países de Europa, este aumento de los contagios puso en alerta a varias regiones del país, haciendo que muchas de ellas hayan optado por imponer el uso de un certificado de vacunación para poder acceder a servicios como la hostelería o el ocio nocturno.
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Pese a ello, el Gobierno rechazó la adopción de medidas restrictivas a nivel nacional, asegurando la receta para acabar con la pandemia sigue siendo avanzar en la vacunación. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en España ya se vacunaron con pauta completa 37,6 millones de personas, lo que supone el 79,3% de la población total y el 89,3% de los mayores de 12 años, la llamada población diana.
En adición, más de 4,3 millones de personas mayores de 70 años —el 63,9% de vacunados en esa franja de edad— ya recibieron dosis de recuerdo, que también se distribuyen entre personas vulnerables, receptores del fármaco monodosis de Janssen y población general por encima de los 60 años.

Recordatorio: vacunarse funciona

Esta amplia cobertura vacunal, la más alta de la UE junto a la de Portugal, es la principal culpable de que el actual aumento de contagios no se haya traducido en una avalancha de casos graves. Al menos así lo evidencian los datos. Hace un año, el 2 de diciembre de 2020, la incidencia acumulada era similar a la actual, de 251 casos por 100.000 habitantes.
En aquel momento, cuando todavía no se había puesto una sola vacuna en España, los pacientes de COVID-19 mantenían ocupadas el 25% de las camas de cuidados intensivos del país, por el 8% actual. Hace un año fallecían por COVID-19 más de 1.000 personas cada siete días, cuando en estos momentos las cifra de fallecidos en la última semana es de 114.
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Pese a la evidencia científica, incluso un país puntero en vacunación como España se choca el rechazo incondicional de algunos sectores de población. Según una encuesta publicada el 1 de diciembre por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 8% de adultos españoles dice no haberse vacunado, una cifra que cuadra con las estadísticas del Ministerio de Sanidad.
De ellos, 3 de cada 4, el 6% de la población adulta, se muestra decidido a no vacunarse en el futuro. Por otro lado, un 65% considera que debería ser obligatoria la vacunación de todos los adultos, lo que muestra que, pese a su difícil encaje legal, en España la medida sería bien acogida por la mayor parte de la población.
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