Argentina sale en auxilio de los rohinyá, el pueblo más abandonado del mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — Más de 17.000 kilómetros separan a Birmania de Argentina, pero esa distancia se reduce a cero cuando interviene la justicia universal.

Es un principio jurídico reconocido por el derecho internacional que permite a un Estado investigar los crímenes cometidos en otra nación con independencia de dónde o contra quiénes fueron perpetrados.

Argentina, que incluye este principio dentro de su Constitución, vuelve así a brillar con luz propia. El único país del mundo que desde 2010 juzga los crímenes de la dictadura española (1939-1975), y que procesó por primera vez a un jerarca del franquismo, Rodolfo Martín Villa, vuelve hoy sus ojos sobre los rohinyá.

Naciones Unidas llegó a decir que esta minoría étnica, lingüística y religiosa era uno de los pueblos más perseguidos del mundo, sin amigos y sin tierra. Pero un tribunal argentino de segunda instancia ha quebrado este axioma, al ordenar que se investiguen los crímenes perpetrados contra esta comunidad musulmana.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el 26 de noviembre una resolución del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini, que había desestimado el pedido de investigar los delitos cometidos contra seis mujeres rohinyá violadas y torturadas en agosto de 2017. Algunas también refieren el asesinato de sus hijos y maridos.

"Es la primera vez que una tribunal independiente e imparcial va a llevar adelante una investigación criminal por el genocidio contra los rohinyás", revela durante un entrevista con la Agencia Sputnik el abogado querellante Tomás Ojea Quintana, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Birmania entre 2008 y 2014.

A la espera de que la jueza decida si encabeza la investigación o la deriva a la fiscalía, la querella buscará que declaren como testigos el presidente de la Organización Birmana Rohinyá (Brouk) con sede en Londres, Tun KhiTom Kin, y las seis sobrevivientes, que están alojadas en los campos de refugiados de Cox's Bazar, en Bangladesh.

"Están abiertas muchísimas posibilidades para avanzar en la justicia", alienta el abogado querellante. "Las víctimas pueden dar su testimonio y después la justicia argentina podría determinar si hay algún acusado identificado al que se le pueda pedir el arresto. Nuestro objetivo va en esa dirección, y en el camino se abrirán muchísimas instancias".

Aunque no hay tratado de extradición entre Argentina y Birmania, la justicia argentina puede dictar órdenes de detención internacional a través de la Interpol.

"La apertura de la investigación es un reivindicación de los rohinyá por el terrible delito de genocidio que sufrieron", afirma Ojea Quintana. "Es también un reconocimiento a su identidad. Entraña un significado muy profundo que es reparador y permite tener expectativas de conseguir nuevos elementos en pos de la verdad, la memoria y la justicia para con esta comunidad".

Masacre impune

La denuncia que dio origen a la causa incluye a todos los rohinyá que fueron víctimas de la represión birmana entre 2012 y 2017, pero la querella se ve impelida, en un inicio, a circunscribir la investigación a las seis mujeres, que son originarias de la aldea de Tula Toli, en el estado de Raikán (oeste).

Ese lugar "fue muy paradigmático respecto a los crímenes atroces cometidos por las avanzadas de los militares", destaca Ojea Quintana.

La denuncia penal, presentada en noviembre de 2019, tiene identificados a varios de los militares que perpetraron las masacres, entre ellos al líder de facto que gobierna el país desde el 1 de febrero, Min Aung Hlaing.

Este general "está mencionado por su responsabilidad sobre los aparatos de poder, al ser uno de los autores intelectuales del genocidio", observa el exrelator. Además están mencionados los "oficiales a cargo de los batallones que ingresaron a las distintas aldeas, y que son autores directos de las atrocidades".

La denuncia también pide avanzar sobre los cómplices que contribuyeron a perseguir a los rohinyás, entre ellos el monje budista Ashin Wirathu, que generó una campaña de odio hacia esta comunidad.

Los rohinyá, que representan el 4% de la población birmana dentro de un país con 60 millones de habitantes, son apátridas dentro de su propio territorio. No pueden votar ni ser elegidos. No tienen derecho a poseer tierra ni propiedades, y tampoco pueden viajar ni casarse sin permiso de las autoridades.

Musulmanes en un país de mayoría budista, los rohinyá han sido discriminados desde que la nación alcanzara la independencia en 1948.

Desde 2012, y con especial énfasis a partir de 2017, esta comunidad fue sometida a un intento de genocidio, según Naciones Unidas. Unas 25.000 personas fueron asesinadas y 19.000 mujeres y adolescentes fueron violadas.

La represión de la cúpula birmana en 2017, comandada por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, llevó a que unos 725.000 sobrevivientes, el 70% de la población rohinyá, huyeran a la vecina Bangladesh, donde terminaron en campos de refugiados.