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Ambientalistas se suman a las críticas contra la estrategia de AMLO para proteger megaobras

© Foto : Facebook / Secretaría de EnergíaOperaciones de construcción de la refinería de Dos Bocas
Operaciones de construcción de la refinería de Dos Bocas - Sputnik Mundo, 1920, 24.11.2021
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El acuerdo del Gobierno de México para considerar asuntos de seguridad nacional los proyectos prioritarios de la administración debe ser derogado porque pone en riesgo derechos humanos, principios jurídicos y acuerdos ambientales, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera derechos en cinco ámbitos: seguridad nacional, derechos humanos y principios de legalidad, debido proceso, el derecho humano al medio ambiente sano y los derechos de acceso a la información y a la participación, argumentó la organización.
"Incluso considerando ciertas obras y proyectos de seguridad nacional, estos tienen que cumplir con los plazos, requisitos, formalidades y mecanismos de participación previamente establecidos en el marco legal", apuntó el Centro.
"El acuerdo en cuestión tiene que contribuir al cumplimiento de los derechos humanos reconocidos en México y en ningún caso ser violatorio de estos; a pesar de ello, el acuerdo ignora esta obligación constitucional", añadió en un pronunciamiento.
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Además, el acuerdo obligará a servidores públicos a cumplir con sus funciones en ilegalidad, inconstitucionalidad y de manera inconvencional, pues tendrán que otorgar las autorizaciones que les sean solicitadas, estimó el centro ambiental.
"El acuerdo es una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, ya que transgrede los principios de no regresión, prevención, precaución y justicia intrageneracional", agregó el CEMDA.
"Se omite la valoración de los impactos y daños ambientales que puedan generar las obras y proyectos, sin establecer las medidas de reparación y mitigación adecuadas. Esto deja en estado de vulnerabilidad a los ecosistemas, servicios ambientales, así como a las personas y comunidades que dependen de estos", añadió.
El desarrollo sostenible y el bienestar social sólo pueden alcanzarse si se cumplen los derechos humanos y los principios constitucionales, abundó la organización.
"Ignorar tal estado de derecho traerá consigo la generación de mayores conflictos socioambientales y el fracaso de las obras y proyectos que se pretenden facilitar con este acuerdo", asentó.
"Reiteramos nuestra solicitud respetuosa para que dicho acuerdo sea derogado y para que esta administración federal priorice el respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente el derecho humano a un medio ambiente sano y los derechos relacionados con este", concluyó el CEMDA.
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La medida, publicada el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca proteger a las obras prioritarias del gobierno federal ante los embates jurídicos que ha interpuesto contra ellas la oposición, justificó López Obrador. Sin embargo, no exime a la función pública de cumplir con sus obligaciones de transparencia, dijo el presidente.
Diversos sectores de la oposición, como el grupo plural en el senado, la senadora Lilly Téllez, el Partido Acción Nacional (PAN), periodistas, académicos y otras personalidades, han asegurado que el acuerdo atenta contra el estado de derecho, además de ser un paso del gobierno federal hacia el autoritarismo.
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