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El rompecabezas del sistema español de pensiones y su eterna reforma

Los jubilados - Sputnik Mundo, 1920, 23.11.2021
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BILBAO (Sputnik) — La cuestión de las pensiones de jubilación no es baladí en España, constituye uno de los pilares de su estado del bienestar; y su pirámide poblacional, con una población envejecida, convierte al gasto en subsidios en el más cuantioso de todos los del presupuesto público.
Concretamente, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) españoles de 2022, las pensiones se llevarán 171.164.653 euros, el 37,3% del gasto, fondos europeos incluidos.
La cuestión preocupa desde hace décadas, porque desde hace décadas se viene observando un problema de natalidad en el país.
Según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir del año 1981 los nacimientos dejaron de doblar a las defunciones, dando paso a un progresivo declive de la curva de natalidad que llevó a que, desde 2015, de manera ininterrumpida, mueran más personas de las que nacen.
De hecho, para abordar este fenómeno desde una perspectiva de Estado, en el año 1995 se creó una comisión parlamentaria, el Pacto de Toledo, donde están todos los partidos, que guía las reformas para preservar el sistema de las pensiones de los vaivenes demográficos y económicos.

El baby boom

A la resistencia de los españoles, en los últimos años, a tener hijos, hay que añadir el comienzo de las jubilaciones de lo que en España se llama la generación del "baby boom", a los que coloquialmente, y en determinados ámbitos, se los conoce como "boomers".
Esta generación es consecuencia de la explosión demográfica vivida en España tras la posguerra de la Guerra Civil española (1936-39), nacieron entre 1957 y 1977, y ahora los más veteranos están próximos a jubilarse.
De hecho, actualmente la llamada tasa de dependencia, es decir los trabajadores por cada pensionista, es de 2,2.
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Este dato es importante porque en España son las cotizaciones de los trabajadores las que pagan las pensiones en curso, lo que se considera un "pacto intergeneracional"; a diferencia de otros países donde también intervienen las cotizaciones acumuladas por cada trabajador a lo largo de su carrera.
Según cifras de la Seguridad Social del pasado junio, en España había 19,3 millones de cotizantes ocupados y 8,9 millones de pensionistas, lo que da lugar a la tasa anteriormente indicada, que apenas ha variado en la última década.
Sin embargo y como consecuencia de las jubilaciones de la generación del baby boom se calcula que en 2048 habrá 15 millones de jubilados, con lo que esta tasa podría estar cerca de la paridad uno a uno, un jubilado por cada trabajador.
Para hacer frente a la inexorable reforma del sistema de pensiones, Pedro Sánchez fichó a un economista independiente experto en análisis del presupuesto público, José Luis Escrivá, que es quien ha asumido en los últimos dos años la tarea de tratar de consensuar todos los cambios que precisa el sistema para ser sostenible.
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Sin ir más lejos, este enero, la edad de jubilación subirá de los 66 años actuales a los 66 años y 2 meses y lo seguirá haciendo de forma progresiva hasta llegar a los 67 años en 2027.
Además, también desde el próximo uno de enero, se tendrán en cuenta los últimos 25 años de cotizaciones para calcular el importe de la pensión. Hasta el año 2011, se miraban los últimos 15, pero se fue subiendo progresivamente desde entonces, fruto de la reforma pactada a principios de ese año por el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero y los sindicatos.
Esta modificación tiene ganadores y perdedores. Por una parte, en las carreras profesionales lineales, las más tradicionales, los sueldos eran mayores en los últimos años y por tanto se cotizaba más en esa última etapa. Por lo tanto, si se amplía el período para calcular la pensión a este tipo de trabajadores, salen perdiendo.
Sin embargo, el argumento del Gobierno para defender el cambio es que hoy en día las carreras profesionales son más irregulares y, por ejemplo, como consecuencia de los ajustes de las últimas crisis, hay profesionales que sufren periodos de desempleo en los últimos años de su vida laboral.
Por lo tanto, ampliando el periodo de cálculo se pueden obtener mejores pensiones, según este razonamiento.
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Bruselas vigila

Recientemente también se supo que Bruselas exigió a Madrid continuar incrementando progresivamente esa cifra de calcular los últimos 25 años más allá de 2022; aunque no se detalló hasta cuándo.
Esta exigencia era una de las condiciones para recibir los 70.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido del monto de recuperación de la pandemia,.
La de las pensiones, es una de las tres reformas exigidas, junto con la laboral y la fiscal. Dos de los huesos más duros de roer para el Ejecutivo de la coalición de izquierdas en el próximo año.
Pero la cuestión de los años de cotización es solo una de las que tiene encima de la mesa el ministro Escrivá. También prevé tocar las jubilaciones de los trabajadores autónomos, tradicionalmente más escasas y ampliar las bases máximas, para que entre más dinero al sistema y aumenten consecuentemente las pensiones máximas, que actualmente en España son de 2.707,49 euros mensuales.
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La actividad de este ministro que muchas veces causa crisis de comunicación por lo complicado de la materia que trata y su manera de expresarse es constante. Este mismo martes presentó otro retoque al sistema de pensiones español: las facilidades para popularizar los planes de pensiones colectivos, frente a los individuales, con el fin de popularizarlos entre las pequeñas y medianas empresas o los colegios profesionales.
En la cara B de todas estas reformas, uno de los colectivos que con más insistencia ha recordado lo injusto de su situación es el de los jubilados anticipados, pero que ya habían alcanzado los 40 años de cotización. Se agrupan en la Asociación de jubilaciones anticipadas sin penalizar, Asjubi40.
Es un caso que se repite en España entre los que comenzaron a trabajar y cotizar a edades muy tempranas y son expulsados del mercado laboral, al verse inmersos en despidos colectivos o simplemente deciden voluntariamente jubilarse antes de la edad obligatoria. El sistema los penaliza reduciéndoles la pensión no solo en esos años hasta que llegan a cumplir los 66, sino de ahí en adelante también, algo que consideran injusto.
Otro de los asuntos por resolver para el ministro Escrivá en el complicado galimatías del sistema español de pensiones que desde hace años está en continua transformación y que ahora se pretende que quede reformado y garantizado para, al menos, una larga temporada.
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