Dudas legales oscurecen intento de acabar con la impunidad franquista

Los partidos del Gobierno de España presentaron una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que pretende abrir la puerta para juzgar los crímenes del franquismo. O al menos así fue anunciada. Sin embargo, un día más tarde PSOE y Unidas Podemos no se ponen de acuerdo sobre cuál puede ser el alcance de las modificaciones que ellos mismos pactaron.

En concreto, la enmienda establece que toda la normativa española, incluida la Ley de Amnistía de 1977, se debe aplicar en conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de lesa humanidad, genocidio o tortura son "imprescriptibles y no amnistiables".

Con esto se pretende que los jueces dejen de interpretar la Ley de Amnistía como un escudo que impide juzgar a los responsables de la represión franquista aún vivos, según explicó Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y miembro de Unidas Podemos.

Entusiasmo enfríado

En una rueda de prensa tras registrar la enmienda en el Congreso, Santiago se refirió a la Ley de Amnistía como "una conquista de las fuerzas democráticas" que permitió sacar de la cárcel a los presos políticos, pero lamentó que pronto se convirtió en "una excusa" de los jueces para blindar la impunidad de los crimines franquistas.

"Hemos vivido una anomalía tremenda con la aplicación que han venido haciendo los tribunales de la Ley de Amnistía, obviando que hay normas muy anteriores a ella que forman parte del derecho internacional", afirmó Santiago, asegurando que, de ser aprobada por el Congreso, la enmienda servirá para "corregir" esa circunstancia.

"Después de tantos años de la muerte del dictador estamos dando pasos muy sólidos para que sus crímenes salgan de la impunidad […] Es un día para estar satisfechos", añadió.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra —también de Unidas Podemos— expresó de forma más rotunda cuál es la interpretación que su partido hace de la enmienda, señalando que gracias a ella "ningún juez podrá ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad".

Frente a este entusiasmo, el ministro de la Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños (PSOE), enfrió las expectativas y afirmó que la enmienda "no cambia nada" y que "se van a seguir investigando los crímenes de guerra tal y como se hace desde 2002", año en el que fue ratificado el estatuto de Roma e incorporado al Código Penal.

"No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72", añadió Bolaños.

Más allá de la amnistía

Precisamente, esta interpretación coincide con la que realizan desde los colectivos memorialistas: la enmienda no cambiará gran cosa. Al menos así lo cree Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que valora la enmienda como "un avance respecto al texto inicial, pero totalmente insuficiente".

"Mucho nos tememos que no va a posibilitar que las víctimas puedan acceder a la justicia penal para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición", señala en una conversación con la agencia Sputnik.

Según su análisis, la enmienda peca de timidez al tratar de cambiar cómo interpretan los jueces la ley de Amnistía de forma indirecta, sin modificarla o derogarla. Pero no solo eso, sino que además no soluciona la batalla por el principio de la legalidad, que es "la clave de bóveda del sistema de impunidad".

"En sus diferentes resoluciones —tenemos ya más de 80— los jueces rechazan investigar los crímenes franquistas esgrimiendo de manera monolítica el principio de legalidad. ¿Qué es esto? Que el tipo penal de crímenes de lesa humanidad no se incorpora a nuestro Código Penal hasta 2004 y por lo tanto no es aplicable a hechos anteriores", explica el abogado.

Cualquier intento serio de abrir la puerta a juzgar crímenes franquistas debería pasar, en opinión de Lara, por reformar el Código Penal aclarando que en los crímenes de lesa humanidad están sujetos a un control de convencionalidad para que prime sobre ellos la normativa internacional previa, algo que ya contemplan los convenios internacionales ratificados por España.

En ese sentido, Jacinto cita las palabras de Fabián Salvioli —ex relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— cuando dijo ante el Congreso de los Diputados en 2018 que en España "no falta derecho, falta voluntad política".

"Se ha introducido una enmienda que les dice a los jueces cómo deben interpretar la Ley de Amnistía. Ahora vamos a ver como digieren los jueces ese mensaje que se les lanza desde el legislativo, cuando el Supremo y el Constitucional no lo hacen así. Pero eso es insuficiente a todas luces: hay otros obstáculos que son insalvables y que no se abordan en esta enmienda", resume el abogado de CEAQUA.

Pero más allá de las reformas legislativas, Jacinto Lara cree que "debería ser la propia judicatura la que tendría que haber dado ya hace muchos años una respuesta a las peticiones de las víctimas porque el modelo actual lo permite", pero en su lugar optaron por enrocarse en "un modelo de impunidad".

Todo ello —concluye al abogado— empuja a las víctimas y sus familiares a sufrir una "doble victimización" que ya dura más 40 años: primero el franquismo les persiguió, torturó y mató, y después el Estado les obligó a bregar durante décadas para en busca de reconocimiento y reparación, que siguen sin llegar.