Canciller: Bolivia superó crisis de 2019, pero sigue latente el discurso de odio

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia superó la crisis política de 2019 pero sigue latente el discurso de odio por parte de algunos sectores, advirtió en una entrevista con la Agencia Sputnik el canciller Rogelio Mayta.

"Bolivia superó la crisis política de 2019, pero está aquí latente todavía este resentimiento, ese discurso de odio que se implementó, que afloró en 2019, que ha tensado a nuestra sociedad", afirmó Mayta.

El 8 de noviembre, varios sectores sociales y comités cívicos regionales controlados por la derecha comenzaron un paro indefinido, que sigue actualmente, en rechazo de la ley contra el lavado del dinero.

Por su parte, el canciller afirmó que este discurso de odio no es algo reciente, sino que probablemente tiene sus raíces en el proceso colonizador español.

"Es algo muy complejo de poder afrontar y resolver porque es un problema estructural de nuestra sociedad. Hemos transitado más de una década de superar una sociedad de exclusiones y ahora, en este último año de gestión, seguimos ese camino que probablemente tarde en consolidarse del todo", agregó.

— En los últimos días, el Gobierno tomó la decisión de anular la ley contra el lavado del dinero con el objetivo frenar los paros, pero los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí dijeron que van a seguir haciendo manifestaciones porque quieren anular las leyes que generan un "país socialista". ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Qué cree que están buscando estos sectores con este paro?

— Está claro que hay actores políticos que están procurando mimetizar sus intenciones de desestabilización del Gobierno en demandas que pueden tener algún contenido social.

Esto lo hemos advertido en los últimos meses y resulta que en cierta forma este ataque que está sufriendo el Gobierno boliviano empieza al poco tiempo de haberse conocido el informe del grupo de expertos independientes de la CIDH, que ha establecido qué en noviembre de 2019, a partir de la crisis política que vivimos, hubo personas que cometieron graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, que necesitan ser sancionados.

Parte de estas personas que han sido identificadas en esa investigación internacional son actores políticos que tienen vigencia en Bolivia.

— ¿Quiénes son?

— Estamos hablando de Fernando Camacho en el oriente boliviano, toda la estructura del Comité Cívico de Santa Cruz, es más el informe muestra que estos grupos como la Unión Juvenil o la Resistencia Cochala son grupos paramilitares que han cometido actos delictivos, que necesitan ser investigados, procesados y eventualmente sancionados.

Hace algo más de un mes realizaron otro paro contra una ley de legitimación de ganancias ilícitas con una fuerte campaña de desinformación que ha tratado de dar la impresión de que estas leyes podían atentar contra el patrimonio común de las personas. Esto es muy sensible para el pueblo y ha generado cierto grado de adhesión popular, no lo podemos dudar.

Se ha podido ver un discurso de odio, racista, desde el Comité Cívico de Santa Cruz, de su presidente, que ha ido incluso más lejos, que ha señalado que estas movilizaciones serían por la libertad, para que Bolivia no se vuelva una Cuba, Venezuela, de forma despectiva con esos pueblos o estigmatizante, señalando que estas leyes que se están sancionando pudieran atentar contra la libertad privada.

Cosas que no tienen ningún sustento porque toda la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo están dentro de compromisos internacionales, que rigen en varios países del mundo.

Esto ha servido de pretexto y esto es lo que nos hace advertir que hay una intención de desestabilización que ha articulado a la ultraderecha boliviana en una reminiscencia del golpe de noviembre de 2019.

Nuestro Gobierno, de una forma razonable, evaluó esta situación y tramitó la anulación de la estrategia para rencaminarla. Porque necesitamos esa estrategia. Bolivia tiene compromiso en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, contra el financiamiento del terrorismo. Terminada la abrogación en la Asamblea, encararemos un proceso con participación social para relaborar la estrategia y volverla a aprobar.

— ¿Cree que Fernando Camacho está realizando estas protestas para no ir a la cárcel?

— Por lo menos llama la atención que cuando sale el informe de la CIDH todas estas situaciones empiezan a suceder. Una eventual desestabilización del Gobierno y un posible golpe de Estado podían truncar todos los procesos de justicia que todavía de forma lenta están empezando a desarrollarse.

— ¿Hay algún tipo de riesgo de que logren destituir al presidente?

— Es poco probable que se dé una situación como esa. Las condiciones son absolutamente diferentes.

El Gobierno de Arce ha sido recientemente elegido hace un año con un importante apoyo y las posiciones de la ultraderecha boliviana han sido observadas por el propio pueblo, eso claramente quedó evidenciado en el proceso electoral de 2020, donde el principal candidato de esa ultraderecha Luis Fernando Camacho obtuvo alrededor del 15% de la votación y fue básicamente en el oriente, la mayoría del pueblo boliviano optó por votar por el presidente Luis Arce o por otras opciones políticas moderadas, que tenían una propuesta de reconciliación, no de confrontación.

En ese sentido, es muy poco probable que pueda suceder eso. Lo que no quiere decir que los artífices de ese proceso en 2019 no quieran volver a internar o repetir la misma receta, andar el mismo camino que en 2019.

Como Gobierno, advertimos que con lo que pasó en 2019 hay cierta tensión social que ha intranquilizado a nuestro pueblo. En nuestra población existe una especie de estrés post traumático. De ahí que hemos decido abrogar la ley que se estaba cuestionando.

Bolivia superó la crisis política de 2019, pero está aquí latente todavía este resentimiento, ese discurso de odio que se implementó, que afloró en 2019, ha tensado a nuestra sociedad. Eso no es algo reciente, probablemente tiene sus raíces inclusive en siglos atrás en el momento en que se inicia el proceso colonizador español.

Es algo muy complejo de poder afrontar y resolver porque es un problema estructural de nuestra sociedad. Hemos transitado más de una década de superar una sociedad de exclusiones y ahora, en este último año de gestión, seguimos ese camino que probablemente tarde en consolidarse del todo.

— En 2019, el expresidente Evo Morales (2006-209) afirmó que EEUU influyó para que se realizara un golpe de Estado en su contra. ¿Puede haber en este momento potencias extranjeras también intentando desestabilizar al Gobierno de Arce?

— No se puede descartar nada, pero no tenemos nada objetivamente, por eso no lo denunciamos. Pero los hechos en relación a 2019 nos han mostrado que existió participación internacional.

En el 2019 se han identificado por lo menos dos actores: el Gobierno de Macri de Argentina y el Gobierno de Ecuador, liderado por Lenín Moreno. En los últimos meses se ha descubierto que desde esos dos lugares fueron enviados hacia Bolivia pertrechos para la represión que desencadenó o provocó mucha violencia. En cada uno de esos países se están realizando procesos de investigación y ya hay personas identificadas que están siendo procesadas.

No se sabe si hay otros articuladores internacionales, es probable que sí. En este caso, en 2021, no tenemos la evidencia pero tampoco lo descartamos. Al menos advertimos que a nivel de redes sociales se han dado situaciones inusitadas, la proliferación de actores en las redes que probablemente vengan de granjas que estén fuera del país.

Eso seguramente va a ser dilucidado con el tiempo, por el momento el Gobierno nacional está abocado a preservar la tranquilidad del pueblo boliviano y también preservar la reactivación económica en la que estamos empeñados.

— ¿Van a pedir ayuda a organismos internacionales por esos intentos de desestabilización?

— Hicimos una denuncia a la comunidad internacional, por el momento consideramos que no requerimos ningún tipo de ayuda fáctica pero queremos dejar en claro en la comunidad internacional que hemos visto que hay una intención de desestabilizar el Gobierno de Arce.

Pero también nosotros por experiencia vemos que más allá de las intenciones, acciones, la principal fortaleza del Gobierno nacional es su vínculo con las mayorías del pueblo boliviano, que son las que han permitido que unos meses después del golpe del Estado sea recordado la democracia dentro de un proceso electoral y contra todo pronóstico de la ultraderecha boliviana, ha sido elegido Arce por una amplísima mayoría.

La principal fortaleza de este Gobierno, al margen de que siempre es bienvenido el apoyo de la comunidad internacional, es la convicción de su propio pueblo del destino que quiere tener en el futuro.

— ¿Piensan realizar acciones legales contra los responsables de estas movilizaciones?

— No, eso queda en manos de nuestra administración de justicia. Nuestro Gobierno está abocado a la reactivación económica.

— ¿Rusia se ha comunicado con ustedes ante estas movilizaciones?

— No hemos tenido una comunicación específica en estos días. Nosotros consideramos que hemos actuado oportunamente y que hemos evitado que la situación pueda crecer. Nuestro Gobierno se ha caracterizado por una acción razonable.

— El lunes el presidente viajó a Brasil, invitado por la central sindical. ¿Cuál era el motivo?

— Es una visita que tenía programada hace un tiempo atrás. Viendo que la crisis que trató de provocar la derecha aquí era pequeña, el presidente continuó su agenda.

— ¿Cuáles son las principales consecuencias de estos días de paro?

— En este momento no tenemos datos, los está procesando el Ministerio de Economía. Los daños pueden ser cuantiosos lastimosamente. Porque se ha parado el oriente, donde se desarrolla buena parte de nuestra actividad económica pero más allá de la magnitud de ese daño, está el hecho de que se ha limitado la posibilidad de trabajar de cientos de miles de bolivianos.

Para lograr cierto impacto del paro, sectores de la ultraderecha forzaron a muchos que pararan, hicieron bloqueos, recurrieron a la violencia, obligando a que algunas personas cerraran sus negocios. Ese daño sin lugar a dudas es enorme. En Bolivia hay muchos trabajadores que son autónomos que tienen sus ingresos día a día. En Santa Cruz y en alguna que otra región eso ha causado una afectación significativa.