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Facebook y autoridades mexicanas ignoran a defensor de la tierra amenazado de muerte

© Foto : Facebook / Javier Hernández "¡No a la Mina!" es la consigna en Morelos
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Desde amenazas masivas por parte de diversas cuentas en Facebook hasta la creación de perfiles falsos que usurpan su identidad es lo que Javier Hernández, activista indígena en Morelos y opositor a la explotación minera, ha denunciado tanto a la plataforma como a las autoridades sin que haya avances en su caso.
La resistencia contra la explotación minera en el contorno de la Pirámide de Xochicalco, en el estado de Morelos lleva una década. Javier Hernández García fue uno de los pobladores que desde 2012 se manifestaron en contra del proyecto minero que ostenta siete concesiones de exploración de un área de más de 15.000 hectáreas y que hoy está en manos de una filial de la empresa canadiense Álamos Gold Inc.
Hoy, el activista originario del nahua de San Agustín Tetlama, en el municipio morelense de Temixco, es víctima de amenazas masivas y una campaña de desprestigio orquestada desde cuentas falsas en una de las redes sociales más utilizadas en el mundo: Facebook.
"Las amenazas surgen después que en enero de este año yo denuncié en mi cuenta de Facebook, con apego a mi libertad de expresión y de manera respetuosa, que la Cruz Roja de Morelos estaba sumándose a la empresa minera repartiendo kits anticovid en el pueblo", contó Hernández en entrevista con Sputnik.
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Mensajes privados y públicos en donde lo amenazan con secuestrarlo y torturarlo, así como la publicación de fotografías de su familia e incluso la divulgación de su número celular han sido parte de lo que el activista ha tenido que enfrentar desde hace casi un año por parte de cuentas sin identidad dadas de alta en la red social.
Ante verse amedrentado constantemente, Javier Hernández se dio a la tarea de denunciar las cuentas desde las cuales vienen las amenazas e incluso perfiles falsos que se han creado y que usurpan su identidad.
"Primero reporté las publicaciones en Facebook por violencia y acoso, pero en la misma plataforma me notificaron que lamentablemente, esa cuenta no infringe ninguna de sus normas comunitarias, y por tal motivo no pueden darla de baja", explicó el vecino amenazado.
Pero sus quejas no solo fueron a la plataforma. El activista también buscó la atención de la Policía cibernética del estado, pero recibió como respuesta que si la plataforma no actuaba contra los perfiles que habían hecho las publicaciones, ellos no podían hacer nada.
A pesar de haber mantenido una primera comunicación con un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Javier no ha tenido novedades. En tanto, las amenazas y el hostigamiento no han cesan.
"Desde estos perfiles me dicen cosas como que por qué me quejo tanto si la mina todavía no empezó. No se descargan directamente porque entiendo que se van a cuidar de hacerlo de manera descarada", apuntó Hernández al explicar que las menciones sobre el proyecto minero al cual de opone se hace de forma velada.
El defensor de la tierra explicó que la violencia infringida de manera anónima ha hecho mella en la estabilidad de su familia y ha afectado sobre todo a sus hijas menores de edad. "Ellas se quedan con miedo cada vez que salgo a una reunión, de que me pase algo y ya no regrese".

Malvivir con la minera

A pesar de haber sufrido un primer revés en junio de 2013 que provocó el rechazo del proyecto de explotación minera, las concesiones se mantuvieron vigentes. Entonces, la Secretaría de Medio Ambiente rechazó la manifestación de impacto ambiental de la mina debido a que el Instituto de Antropología e Historia (INAH) argumentó que la actividad era "incompatible con la preservación del patrimonio arqueológico".
El área mineralizada fue descubierta en el año 1992 y desde entonces la concesión minera que tiene al cerro Jumil como epicentro pasó ya por las manos de tres empresas trasnacionales: en el año 2002 la obtuvo la empresa Recursos Cruz del Sur S.A de C.V. y filial de la estadounidense Y3K Exploration Company LLC, luego fue vendida y ampliada a la empresa Esperanza Silver de México S.A. de C.V., filial de Esperanza Resources Corp., que mantuvo la concesión hasta 2013, pero luego del rechazo a su proyecto la vendió a sus títulos a una filial de la canadiense Álamos Gold Inc que busca ahora su propio intento de avanzar con el proyecto extractivo.
En enero del año 2020, la empresa anunció que había llegado a un acuerdo con el INAH para avanzar en el trabajo próximo a la Pirámide de Xochicalco, pero esto fue desmentido oficialmente por el Instituto.
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Actualmente, Álamos Gold trabaja en la elaboración de una nueva manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que le permita iniciar la explotación en más de 15.000 hectáreas, el mismo punto en que todo se quedó trancado en el año 2013 a nivel institucional, pero con una situación distinta en los pueblos de alrededor.
Hernández narró cómo la empresa ha utilizado estos diez años para "tomar control en distintas áreas de la comunidad" mediante la entrega de apoyos económicos a los principales centros sociales: la escuela, la parroquia y los núcleos agrarios.
Explicó que este control ha ido creciendo día con día y ha implicado "mucha paciencia y tolerancia del resto de los vecinos frente a quienes por ignorancia o avaricia apoyan a la minera", apuntó.
"Tener una empresa minera en tu pueblo significa que ha dinamitado con sus regalías el tejido social, ha fomentado la compra de conciencias y ha fragmentado familias", agregó.
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