El Parlamento español se 'tapa la nariz' para renovar el Tribunal Constitucional

MADRID (Sputnik) — El Congreso de los Diputados de España ratificó el nombramiento de los cuatro magistrados elegidos para renovar el Tribunal Constitucional (TC), una puesta al día que debería haberse hecho hace más de un año.

Por supuesto, no lo hizo sin su buena dosis de polémica. Los nombramientos fueron pactados por el PSOE de Pedro Sánchez y el conservador Partido Popular (PP), la primera fuerza de la oposición, apostando cada uno por dos juristas de su órbita ideológica.

Además de optar por Concepción Espejel —una jueza de la Audiencia Nacional que fue recusada en la investigación de la trama Gürtel por sus vínculos con el Partido Popular—, el acuerdo permite la entrada en el TC del jurista Enrique Arnaldo, cuya trayectoria profesional transcurre por una única linea argumental: la cercanía a la formación conservadora.

Un historial dudoso

Enrique Arnaldo (Madrid, 1957) es letrado de las Cortes Generales y catedrático en Derecho Constitucional, lo que sobre el papel le califica para el cargo. Sin embargo, su historial profesional deja dudas sobre su idoneidad e imparcialidad.

Según publicaron diversos medios de comunicación en las últimas semanas, Arnaldo es propietario de una empresa que recibió adjudicaciones por valor de 979.000 euros para realizar trabajos de asesoría en administraciones manejadas por el Partido Popular, En concreto, firmó 75 contratos, de los que 51 fueron a dedo, sin concurso público.

En adición, Arnaldo es, desde hace más de quince años un asiduo colaborador en ponencias y foros de FAES —el laboratorio de ideas del Partido Popular— y sus intervenciones públicas muestran una cruda animadversión por el PSOE.

En más de 300 artículos de prensa escritos de su puño y letra —cuyo contenido fue analizado por la Cadena SER—, el jurista se opone al aborto, la eutanasia o la ley de memoria histórica, niega el cambio climático, relativiza los casos de corrupción del PP e incluso coquetea con la teoría de la conspiración sobre los atentados yihadistas de 2004 en Madrid, que dejaron 191 muertos. "Su gran mérito fue ganar aquellas elecciones con alguna ayudita", escribió en referencia al expresidente socialista Zapatero, que ganó las elecciones tres días después de los ataques.

Pero por encima de sus posturas políticas, el nombramiento de Arnaldo es polémico por haber vulnerado durante años la ley de universidades para cobrar dos sueldos al mismo tiempo —uno en un centro público, otro en uno privado— por aparecer en las escuchas del caso Lezo hablando del reparto de nombramientos con un expresidente de la Comunidad de Madrid o por haber estado imputado en el caso Palma Arena, en el que, aunque finalmente él no fue acusado, resultó condenado Jaume Matas, exministro de Medioambiente con el Partido Popular.

Nariz tapada

Pese a ese historial, la comisión de idoneidad le consideró apto para el cargo y una amplia mayoría del Congreso de los Diputados ratificó el 11 de noviembre su nombramiento. El motivo: pura conveniencia política. Tanto para el Gobierno como para el Partido Popular, que se asegura un magistrado afín en el TC y de paso sumerge a Sánchez en una polémica inesperada.

Por su parte. tras años de bloqueo en los acuerdos para renovar los órganos judiciales, el nombramiento de nuevos magistrados en el TC es un alivio para el Gobierno: se cambian las caras en un órgano que le dañó políticamente declarando ilegales los estados de alarma de la pandemia y, de paso, se allana el camino para conseguir un acuerdo similar en el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), cuyo mandato también lleva años caducado, manteniendo una composición conservadora que no se corresponde con la aritmética parlamentaria actual.

El propio Pedro Sánchez afirmó el 10 de noviembre que no le gustan los candidatos propuestos por el Partido Popular, pero defendió que el deber del Gobierno es "salvar el acuerdo". Más clara aún fue su ministra portavoz, Isabel Rodríguez: "No nos gusta, no sabemos si es lo único que tiene que ofrecer el Partido Popular, pero entendemos que hay un interés superior para el país", dijo.

En los últimos días, la expresión "votar con una pinza en la nariz" se popularizó entre las filas socialistas después de que el diputado Odón Elorza —que finalmente rompió la disciplina de voto para oponerse al nombramiento— afirmara que Arnaldo "no reúne las condiciones de ejemplaridad" para el cargo.

El efecto dominó llega también a Unidas Podemos, cuyos diputados —también con alguna excepción— votaron a favor Arnaldo para no dejar solos a sus socios del PSOE, todo ello pese a que Jaume Asens, portavoz parlamentario de la formación, dijo el 10 de noviembre que "votar en contra sería un acto mucho más acorde con nuestros principios y valores". "Es un sapo lamentable el que nos tenemos que tragar", añadió Pablo Fernández, otro portavoz de la formación izquierdista.

En total, 232 de los 350 diputados que componen el Congreso votaron a favor del nombramiento. De ellos, según las declaraciones de sus portavoces, más de la mitad lo hicieron con la nariz tapada, convencidos de estar colocando a alguien inadecuado en una posición de relevancia.

La escena, de forma casi indiscutible, degrada la imagen de las instituciones democráticas. O al menos así lo sostenía el propio Enrique Arnaldo en un artículo de 2008, donde llegó a calificar de "descarado" y "obsceno" el reparto partidista de magistrados en el Tribunal Constitucional.

"El círculo está herméticamente cerrado, sin fuga posible. El monstruo institucional está tan afianzado, tan hormigueado a satisfacción de la partitocracia, que los llamamientos reformadores suenan, poco más o menos, a oráculos de otra galaxia", señalaba, de forma casi profética, añadiendo que obtener el visto bueno del Congreso no legitima el proceso porque "el Parlamento no es un órgano purificador, no es el agua cristalina que lava todas las inmundicias del proceso de designación de personas".