Acompañantes de Costa Rica a elecciones en Nicaragua condenan posición de Carlos Alvarado

Representantes de movimientos sociales y organizaciones políticas de Costa Rica condenaron la postura del presidente Carlos Alvarado, según el cual, su Gobierno desconocerá los resultados de las elecciones en Nicaragua, bajo el argumento de una supuesta falta de condiciones y garantías democráticas.

El joven obrero Roberto Zelaya, militante del Partido Vanguardia Popular de Costa Rica y en funciones de acompañante en los comicios de este domingo 7 de noviembre, exhortó al mandatario a volcar su energía, dedicación y preocupación en proyectos de beneficio para la sociedad, antes de inmiscuirse en asuntos de otros territorios con tanta vehemencia y beligerancia.

"Debería interesarse un poco más por las cuestiones nacionales y dejar de utilizar lo que ocurre en otros lugares como cortina de humo. Me siento indignado al ver como mi país asume papeles activos, incide en la vida política externa, y dedique grandes campañas para eliminar el derecho a huelga e implementar el impuesto sobre el valor agregado en Costa Rica", reconoció.

Las declaraciones de Alvarado y su llamado a la liberación y restitución de los derechos de los calificados por él como presos políticos en Nicaragua coinciden con las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien amenazó con emplear "todas las herramientas diplomáticas y económicas" a su disposición para solicitar responsabilidades al mandatario Daniel Ortega.

"Es una constante y en nuestro país no solo el máximo dirigente obedece orientaciones extranjeras. Hace poco lamentamos la firma hace 14 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, durante la cual el Gobierno costarricense jugó un papel vergonzoso al aprobar un acuerdo que arrojó la salida de numerosas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el comprometimiento de la producción nacional y, por ende, la soberanía", recordó Zelaya.

Durante su intervención en los comicios del 7 de noviembre, el joven advirtió la satisfacción del pueblo nicaragüense en el ejercicio del sufragio; asimismo, la tranquilidad del proceso, como han afirmado autoridades, ciudadanos y representantes extranjeros y el papel de la Policía Nacional como garante y resguardo de los Centros de Votación habilitados en los 153 municipios.

Para el también delegado por Costa Rica, Oscar Borrantes, miembro de la dirección del Círculo Bolivariano Yamileth López, no es ningún secreto la decisión del Gobierno de su país, quien denuncia la aparente ausencia de elementos para considerar el sufragio en Nicaragua como creíble, independiente, justo e inclusivo.

"Asume un tono irrespetuoso, en consonancia con los mandatos de Washington, y una postura internacional enredada, sumisa y subordinada a intereses intervencionistas y de dominación. Observamos en las votaciones un acto de participación cívica, con alegría, orden, organización, entusiasmo y sobre todo, de una manera libre y transparente", argumentó.

A juicio del integrante de la dirección del Círculo Bolivariano Yamileth López, los nicaragüenses decidieron el destino que quieren para su tierra y a los dirigentes de los próximos cinco años; además, apostaron por un proyecto independiente, de autodeterminación y que perfile un presente y futuro de bienestar y en función de los derechos universales.

Gerardo Córdova, profesor jubilado e integrante de la dirección del Partido Vanguardia Popular, consideró que la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Costa Rica perseguía el objetivo de instruir a San José sobre cómo actuar frente a la selección de los cargos de presidente, vicepresidente y diputados en Nicaragua.

En el pronunciamiento, Alvarado emplazó a Managua respecto a sus obligaciones jurídicas internacionales y su postura como miembro del Sistema de Integración Centroamericana y suma denuncias de gobiernos internacionales al encarcelamiento de líderes opositores procesados bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada en diciembre de 2020.