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Expertos señalan: Colombia reedita y adorna promesas ambientales

© REUTERS / Yves HermanIván Duque, presidente de Colombia
Iván Duque, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2021
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BOGOTÁ (Sputnik) — En la 26 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático esta semana, Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, reiteró ambiciosas metas de reducción de gases de efecto invernadero, deforestación y ampliación de áreas protegidas.
Pero no son nuevas y no representan la realidad en el terreno, según expertos.
En cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, el presidente Iván Duque se comprometió a reducirlas a la mitad para el año 2030. Igualmente, a transitar hacia la cero deforestación para esa fecha, y a ampliar las zonas protegidas a 30% del territorio nacional para el próximo año.
"No hubo casi nada nuevo, solo se ratificaron los compromisos ya anunciados", dijo Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente y profesor emérito de la Universidad de Los Andes, en diálogo con la Agencia Sputnik.
De ellos, el directamente relacionado con la cumbre fue la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, aunque Colombia solo produce el 0,6% del total mundial, de acuerdo con cifras oficiales.
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"Los otros anuncios son para adornar", agregó Rodríguez. Por ejemplo, "Colombia firmó el objetivo muy publicitado de deforestación 0 al año 2030, pero hay que recordar que estos compromisos ya se hicieron en 2014".
En ese momento, varios países "dijeron que se reduciría a la mitad la deforestación en el año 2020, y cero para 2030", pero en el caso de Colombia, "signataria de este compromiso, había aumentado junto con otros países amazónicos, de forma escandalosa la deforestación entre 2014 y 2021", agregó.
Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación nacional alcanzó las 171.685 hectáreas en 2020, 8% más que en 2019, y esta se concentró en los departamentos de Caquetá y Putumayo (suroeste); Meta (centro) y Guaviare (sureste), y Antioquia (noroeste).
La mayoría de ellos, con extensas áreas selváticas.

Coca y ganadería

Los cultivos de hoja de coca en el país, el primer productor mundial de cocaína, son una de las causas de la deforestación, pero también la ganadería extensiva, con lo que ello significa: la "praderización para acaparamiento de tierras, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola", aspectos resaltados por el Ideam.
Este es un tema al que el Gobierno no se refiere en sus discursos de lucha contra el cambio climático.
De hecho, el gremio ganadero es aliado del partido oficialista Centro Democrático: la precandidata presidencial de la colectividad, la senadora María Fernanda Cabal, está casada con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).
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La ganadería, según un informe publicado esta semana de la organización no gubernamental International Crisis Group (ICG), "aunque es una industria legal, a menudo se asocia con intereses insurgentes y criminales, y muchas reses pastan en áreas que se supone están protegidas".
Ese centro de pensamiento destaca además la relación entre la retirada de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, que firmó la paz con el Gobierno en 2016) y el incremento de la deforestación en los que eran sus antiguos santuarios en zonas selváticas.
Por ello, el ICG recomienda a Bogotá "implementar los compromisos del acuerdo de paz para las áreas rurales, especialmente en lo que respecta al registro y restitución de tierras, y crear un sistema de gestión de recursos naturales más robusto".

Asesinatos de líderes

A las dificultades para combatir la deforestación se suma la situación de seguridad de los líderes ambientales en Colombia, que ocupa el primer lugar mundial en asesinatos de estos activistas, con 64 muertes en 2019, de acuerdo con la ONG británica Global Witness.
"Son varios temas en los que el Gobierno maneja un discurso en escenarios internacionales que no coincide con sus políticas a nivel nacional", dijo a esta agencia Alirio Uribe, defensor de los derechos humanos e integrante del no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".
Por ejemplo, en cuanto a la falta de impulso del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información ambiental y participación pública en decisiones de preservación, que Colombia firmó, pero no ha ratificado: en un primer trámite en el Congreso, este se hundió.
"Los ponentes del mismo partido de Gobierno fueron los que terminaron haciendo el archivo del proyecto de Escazú", recordó Uribe, exdiputado del partido opositor Polo Democrático.
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Mientras Duque estaba en la COP26, que se celebró en la ciudad escocesa de Glasgow, el Gobierno volvió a presentar la iniciativa ante el legislativo, aunque para algunos opositores puede que nuevamente no pase en este período.
"Si el presidente realmente quisiera que el Acuerdo de Escazú fuera ley, lo que haría es presentar el acuerdo con un mensaje de urgencia, que es el trámite constitucional que existe en Colombia para que (…) el Congreso lo tenga que poner primero en la lista, frente a todos los demás proyectos", agregó.
El tratado brindaría nuevas medidas de protección para defensores del medio ambiente en Colombia.
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