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Los comités cívicos bolivianos se suman al paro nacional opositor del 8 de noviembre

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LA PAZ (Sputnik) — Los comités cívicos regionales de Bolivia, decisivos en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, se sumaron a la convocatoria a un paro nacional a partir del 8 de noviembre, reforzando la movilización opositora contra leyes fundamentales del Gobierno socialista de Luis Arce.
"Respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general", anuncia un comunicado de los comités, que agrupan a grupos de la sociedad civil y se consideran un "gobierno moral".
El documento fue firmado por los presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos, liderados por el de Santa Cruz (este), Rómulo Calvo, un opositor radical al Gobierno y conocido por sus declaraciones racistas.

Leyes polémicas

El paro fue convocado por tiempo indefinido por una de las confederaciones de "gremiales", como se denominan vendedores ambulantes, microempresarios y otros sectores de la amplia economía informal, en demanda de anulación de una estrategia de lucha contra el lavado de dinero, vigente desde agosto pasado.
Una protesta similar forzó al Gobierno de Arce, hace un mes, a retirar del parlamento un proyecto de ley que daría más atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras, denunciada por "gremiales" y la oposición conservadora como una medida "totalitaria" que violaría secretos personales.
Al sumarse a la protesta, los cívicos incorporaron la exigencia de que Arce no promulgue una recién sancionada Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021–2025, a la que califican como contraria a las autonomías regionales.
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El parlamento sancionó esa ley el martes pasado con los votos del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría simple en ambas cámaras.
El movimiento cívico incluyó en sus demandas la obligación de que el parlamento apruebe leyes y otras resoluciones por dos tercios de votos y no por simple mayoría, lo que anularía el actual predominio del MAS.
La Ley del Plan de Desarrollo quinquenal, que concentra las promesas electorales de Arce y propuestas de sindicatos, organizaciones indígenas y otros bloques oficialistas, fue rechazada también por varios gobernadores departamentales y alcaldes de las ciudades principales.
Entre los líderes regionales opositores que respaldaron públicamente la convocatoria al paro destacan el gobernador y exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el alcalde de La Paz, Iván Arias, ambos aliados de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020).
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"El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz demanda al presidente Luis Arce Catacora que, en aras del respeto a la Constitución y a la convivencia ciudadana, y para evitar un mayor tensionamiento en la sociedad boliviana, esta ley no sea promulgada", dijo un comunicado del alcalde Arias.
El documento denunció, en línea con los comités cívicos, que la ley restringe las autonomías al obligar a los gobiernos regionales y municipales a coordinar sus estrategias y presupuestos con el plan nacional.
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