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Indignación en Bolivia por la niña violada que no puede interrumpir el embarazo, aunque sea legal

Una niña triste - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2021
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Una niña de 11 años fue violada por su abuelastro en Santa Cruz. Acudió con su madre a realizar el aborto legal, pero sacerdotes de la Iglesia católica intervinieron para evitar que continúe el procedimiento. Médicos alertaron que la salud de la menor está en riesgo.
En Yapacaní, una población rural del departamento de Santa Cruz, una niña de 11 años fue violada durante seis meses por un anciano, el padre de su padrastro. Su madre se enteró cuando ya llevaba varias semanas de gestación. Ambas decidieron que se realizaría un aborto, tal como lo prevé la ley en estos casos. Cuando en el hospital iniciaron su tratamiento ocurrió algo insólito: irrumpieron en su habitación varios pastores de la Iglesia católica, quienes las chantajearon para que continuaran el embarazo no deseado.
La noticia, que rápidamente derivó en escándalo, mereció hasta un comunicado de la oficina local de las Naciones Unidas, en el cual definió como "una tortura" la revictimización indefinida que está sufriendo la niña.
"Varias instituciones se movieron coordinadamente para vulnerar absolutamente todos los derechos de la niña, así como todas las normativas que contempla el Estado boliviano para estos casos", dijo a Sputnik Andrea Terceros Hans, integrante de Warmis en Resistencia y de la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto.
Desde el Gobierno nacional, algunas autoridades tuitearon a título personal en rechazo a esta maniobra eclesiástica. Pero todo parece indicar que, en los hechos, el presidente, Luis Arce, prefiere no enfrentarse a la Iglesia católica.
Hasta el momento solamente la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia contra la Iglesia de Santa Cruz, el hospital que permitió la vulneración de la privacidad de la niña y otros actores involucrados.
Terceros comentó que, según declaraciones de policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), "la niña y la madre estaban seguras de dar inicio al proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta que esta gente de la Iglesia llegó y les ofreció cielo, mar y tierra".
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Los prelados habrían recurrido incluso al soborno, lo cual constituiría un delito. "Les ofrecieron 2.000 pesos bolivianos [185 dólares] para que la madre cuide de la niña hasta que nazca el producto de la violación", dijo Terceros.
Indicó que, según los reportes policiales, "la niña manifestaba en todo momento que no quería tenerlo. [Los curas] incluso las hicieron orar y escribir una carta a mano, que han adjuntado a la historia clínica, desistiendo de la ILE".
Pero "la historia se complica aún más, porque como ellas habían solicitado el proceso, en el hospital se inició la interrupción, aplicando un primer medicamento".
Actualmente la niña estaría en un hogar de la Iglesia. "La maternidad [el hospital cruceño Percy Boland] debía tenerla en supervisión un buen tiempo a la niña. Pero como la Iglesia en este país gobierna más que el propio Gobierno, han conseguido que le den de alta y se la han llevado a un centro donde tienen otras adolescentes víctimas de violencia sexual", dijo Terceros.

Violencia sexual imparable

Para la activista feminista Lupe Pérez, de Santa Cruz, en Bolivia se evidencia "una situación de violencia sexual hacia las niñas muy crítica. Según datos oficiales, cada tres horas ocurre un hecho de violencia sexual hacia niñas. Este dato tampoco toma en cuenta el subregistro, lo que ocurre en zonas remotas".
Pérez contó que "el aborto en Bolivia no es punible por causa de violación o causal que afecte a la salud integral de la mujer. Eso está en el Código Penal desde la década del 70. No es una ley del MAS [Movimiento Al Socialismo, partido en el Gobierno]. No es una ley nueva".
Pero hasta 2014 quien quisiera realizarse un aborto legal necesitaba un permiso judicial. Y como los tiempos legales en ocasiones son eternos, muchas veces llegaba el permiso del juez cuando el bebé que debía abortarse ya contaba con un par de años, o más.
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En 2014, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) impulsó la aprobación de la Ley 348, de protección integral a las mujeres. El paso más importante radicó en que quienes hubieran sido violadas y por ese motivo quedaron embarazadas, podían ir a cualquier hospital con la denuncia policial de lo que habían sufrido. Ya no era necesario el permiso judicial.
De esta manera, la niña de 11 años y su madre llegaron semanas atrás al hospital Percy Boland, el cual está también en el centro del debate, porque sus autoridades habrían permitido el ingreso de los curas por la noche para acosar a las víctimas.
"Este hospital ya cuenta con muchos casos de revictimización. Es el concepto que utilizamos las feministas cuando hay una víctima que, además de lo que ya sufrió, la atosigan, la hostigan y presionan para que desista de sus demandas", contó Pérez.
El Percy Boland ya contaba con una llamada de atención de la Defensoría del Pueblo, justamente por obstaculizar la realización de abortos legales. Por ello no es de extrañar que por la noche hayan abierto la puerta a los sacerdotes, quienes además pudieron ingresar a la habitación donde dormía la niña con su mamá.
Ante la denuncia formulada por la Defensoría del Pueblo, Pérez consideró que el hospital "tiene tremenda responsabilidad, porque permitieron que terceros entren a hacer su trabajo de antiderechos. Decimos que es tortura psicológica y presión espiritual lo que han metido a la niña. También chantajearon a la madre para recibir a este grupo de fascistas, que opera como mafia".
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Algunos funcionarios, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se pronunciaron en Twitter acerca de este caso. Pero no hay una acción concreta desde el Gobierno o el Órgano Judicial para evitar que la Iglesia católica se salga con la suya.
"Ni el Ministerio de Justicia ni el de Salud se han pronunciado públicamente acerca de este caso, tampoco los asambleístas ni las legisladoras nacionales", dijo Pérez. Y observó que este silencio "es muy peligroso, porque Bolivia ha atravesado un golpe de Estado donde esta misma jerarquía ha tenido un papel fundamental".
Según Pérez, "lo que opinen los ministros de manera personal no me interesa mucho. Pero en este minuto esperaba que el ministro Del Castillo dijera: 'Vamos a abrir una investigación sobre los delitos que se han cometido para atropellar los derechos de esta niña'".
La activista feminista consideró que "ellos están como autoridades nacionales para que la normativa se cumpla". De todos modos, se mostró esperanzada en que "todavía se pueda realizar la ILE. El único drama real aquí es el de una niña condenada, con gran riesgo de afectar a su salud integral".
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Luego de que le permitieron irse al hogar cristiano, médicos del hospital aseguraron que no era conveniente continuar el embarazo, porque la niña es de una contextura ósea muy pequeña para dar a luz sin riesgos para ella.
En Bolivia hay un antecedente, en 2014, de un embarazo forzoso que concluyó con la muerte de la madre-niña y su bebé. Lo mismo pasó 20 años atrás, en 2001. Pese al avance legislativo, el panorama sigue siendo el mismo.
Madre e hija llegaron al Percy Boland en la semana 21, con casi cinco meses de gestación. "Se sabe que la niña tiene en riesgo su vida cada día que ese embarazo se sigue desarrollando", evidenció Pérez.

La mirada de Mujeres Creando

Arleti Tordoya es abogada e integrante del movimiento Mujeres Creando, que tiene sede también en Santa Cruz. Para ella, es difícil separar el caso de la niña de 11 años con el momento político que vive el país, especialmente en el oriente boliviano.
"Lo que sucede en Santa Cruz no es casual. Todos los días respiramos una ola creciente de fascismo, que proviene de la forma en la cual se desarrolla Santa Cruz como motor económico de Bolivia", reflexionó.
De acuerdo con esta perspectiva, "desde lo que pasó en 2019 [el golpe de Estado] se ha incrementado la mirada depredadora que se tiene hacia los cuerpos de la tierra y de las mujeres".
Para Tordoya, es trágicamente gracioso que quienes convencieron a madre e hija de desistir del aborto legal "dicen que van a apoyar a las dos vidas. Eso es mentira, porque los medicos dicen que la niña no tiene la estructura ósea necesaria, por lo cual se enfrenta a la posibilidad de sufrir una crisis multiorgánica".
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Por este motivo, los médicos "no garantizan que salgan con vida ella ni el feto", comentó la abogada, quien en la organización integra la oficina de Mujeres en Busca de Justicia, la cual brinda apoyo legal a las víctimas de violencia machista.
"Por eso nosotras pedimos la despenalizacion del aborto. Porque las leyes en Bolivia no funcionan y está por demás probado", dijo Tordoya.
Y la abogada recordó que el país tiene compromisos con organismos internacionales para permitir que se practique el aborto en casos de violación.
En este aspecto, evaluó que "se debe iniciar un proceso a las instituciones que no están operando ni hacen caso de la legislación". Tordoya advirtió que los últimos informes sobre el estado psicológico de la niña "dicen que ella no está segura de tener al bebé, que ella tiene miedo a lo que va a pasar con su cuerpo. Es un trato de crueldad el que le están dando".
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