El 'ombudsman' de México denuncia las torturas a una persona presa hace 27 años

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió una recomendación a la Fiscalía por las torturas denunciadas por un reo, Mario Aburto, en una cárcel del central estado de Guanajuato, quien fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Tijuana.

"Desde hace 27 años la víctima ha denunciado actos de tortura en su contra, además de que en ese centro penitenciario se le prohibió la comunicación con este organismo autónomo", indica la CNDH en un comunicado.

La recomendación (48VG/2021) está dirigida al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al comisionado del Centro de Readaptación Social de Guanajuato, José Ángel Ávila.

La institución que se desempeña como defensor del pueblo señala que Aburto, de 51 años, "sufrió violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso".

Desde el 31 de agosto de 1994, existe en la oficina del FGR una investigación por denuncias de torturas por lo que Aburto reclamó "la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad".

El 29 julio pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un decreto para liberar a todos los internos en cárceles federales que hayan sido torturados, verificados mediante el llamado Protocolo de Estambul.

Colosio (1950-1994), quien era candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, entonces gobernante, fue asesinado el 23 de marzo de 1994 de un tiro de revolver calibre 38 en la cabeza y otro en el abdomen

Una persona penetró en el círculo de seguridad en un mitin de unas 4.000 personas en el barrio marginal Lomas Taurinas de Tijuana, ciudad fronteriza con EEUU.

La recomendación

La CNDH señala por tortura a los agentes de la Policía Judicial Federal (disuelta) adscriptos a la Procuraduría General (hoy Fiscalía General), así como agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron en la detención las primeras diligencias y en el traslado de la supuesta víctima a instalaciones penitenciarias.

Los agentes mencionados "incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos", denunció la CNDH.

También acreditó que personal médico y custodios de dicho centro de reclusión "incurrieron en actos de tortura" y que incomunicó al quejoso.

El documento enviado al fiscal general Gertz indica que "la víctima y sus familiares manifestaron a la CNDH que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia", que vive en Baja California (noroeste).

La CNDH cuestiona además el papel de la propia institución, ya que reconoce que, casi desde el momento en el que sucedieron los hechos, evitó actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares.

El documento revela que en los archivos de la CNDH existe además "una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado".

Esa entrevista cuestionaría las actuaciones de la CNDH en aquellos años "porque no corresponden a su función legal".

Hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que "desde hace 27 años ha denunciado actos de tortura".

En enero de 2019 surgieron nuevas interrogantes y contradicciones que emergieron de una extensa investigación realizada a 25 años del magnicidio realizada por la periodista Laura Sánchez Ley, quien obtuvo por primera vez el expediente completo del juicio.

Tras lograr acceso a 9.000 folios de los documentos —que en el año 2000 fueron clasificados por 35 años por autoridades judiciales—, la autora del libro Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo, encontró irregularidades en el caso que relató en entrevista con Sputnik.

La autora encontró eventos clave ignorados por el juez: declaraciones sin ratificar; un parte oficial del asesinato firmado por agentes que no estaban en el lugar; una novia que rompe en llanto y se retracta del retrato de Aburto como un enigmático "Caballero Águila"; unos primos que niegan la versión de que lo vieron portando un arma mientras se preparaba para cometer el crimen; y un manuscrito del condenado que menciona una petición del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).