Crisis hídrica: constituyentes chilenos buscan desprivatizar el agua

Chile es el único país que consagra de manera explícita la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas en su carta fundamental. Mientras el país atraviesa una grave crisis hídrica, la Convención Constituyente busca desprivatizar el agua en la nueva constitución.

La privatización del agua en Chile se produjo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y la Constitución de 1980 consagró la propiedad privada de este recurso fundamental. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, durante los gobiernos venideros, puesto que también se privatizó el saneamiento de esta.

La sequía que aqueja a vastas zonas al país y el dispar acceso al agua que se traduce en 383.204 viviendas del sector rural que no cuentan con agua potable, dejan de manifiesto el desigual acceso al líquido vital.

Actualmente hay 104 las comunas, de 346, que se encuentran bajo decretos de escasez hídrica en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Los Lagos. El decreto de escasez hídrica permite a las autoridades distribuir de mejor manera el agua disponible.

"Mientras el agua siga siendo un derecho de quienes la puedan pagar, Chile seguirá violando los derechos humanos, el Estado no se ha hecho cargo de esto, por lo tanto, es un problema", explicó a Sputnik el constituyente chileno Manuel Woldarsky.

"Chile es un caso bastante inusual, somos uno de los pocos países que tienen privatizada el agua y por lo tanto está permitido generar un negocio especulativo de esta", dijo a Sputnik Francisco Caamaño, activista medioambiental y constituyente.

"La especulación hace que aumente de valor tanto en la propiedad de agua y los derechos de esta. Consideremos que este bien debe ser desprivatizado en la Convención Constitucional generando un modelo de gestión comunitaria donde se priorice el uso para el ser humano, para los ecosistemas y para la subsistencia", agregó.

El agua como un bien de uso público

La última vez que en el país sudamericano se intentó consagrar el agua como un bien de uso público fue en enero del 2020. En aquella ocasión, los parlamentarios de la coalición de Gobierno votaron en contra.

En esa oportunidad, por 24 votos a favor y 12 en contra, se rechazó en la Sala del Senado la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional sobre "dominio y uso de aguas". Debido a que se necesitaban dos tercios para su aprobación (29 votos a favor), el proyecto no continuó su tramitación.

Francisco Caamaño, activista medioambiental y constituyente

© Foto : Gentileza Francisco Caamaño

De los 12 votos en contra, cinco senadores —tres de la Unión Democrática Independiente (UDI) y dos Renovación Nacional (RN)— no se abstuvieron de participar en la votación de la reforma, a pesar de que tienen derechos de aprovechamiento hídricos a título personal o por parte de sus cónyuges.

Todos votaron en contra de los cambios propuestos, pese a que tanto la Ley Orgánica del Congreso como el Código de Ética del Senado establecen que los parlamentarios que registren conflictos de interés deben inhibirse de votar.

Cuando en el Senado se rechazó la reforma constitucional, Chile ya vivía una grave crisis hídrica. "Me parece una vergüenza, una más de la lista de vergüenzas que estas personas apernadas en su posición de poder no ven, porque viven en un país distinto al que legislan", comenta el convencional Woldarsky sobre la votación del Senado y que, además, se produjo durante el estallido social y en donde una de las consignas era "no es sequía, es saqueo" en relación con la privatización del agua.

"La constituyente chilena es un espacio para que los pueblos dialoguemos, sin prejuicios, pero al mismo tiempo sin tabús, sin temas que queden afuera, y desde esa perspectiva, el Senado se muestra a sí mismo como lo que queremos erradicar de la política chilena", agrega.

"Para mí es lamentable que se le haya negado el derecho al agua al pueblo de Chile. Debemos mencionar que somos uno de los países que estamos más afectados por el cambio climático y estas autoridades, convencionales y senadores, deberían abstenerse del debate e inhabilitarse al momento de las votaciones", señala el constituyente Caamaño.

El conflicto de interés que podría darse en la Convención Constituyente

Al igual que en el Senado, en la Convención Constituyente hay miembros que tienen derechos de aguas.

Son 12 los convencionales que tienen derechos de aguas declarados. Esta cifra crece a 14 debido a que los constituyentes Harry Jürgensen (RN) y Carlos Martín Arrau (UDI) no declararon que tienen 35 y 170 litros de agua por segundo, respectivamente.

Woldarsky comenta que no es un problema estrictamente de las personas que no hayan declarado sus derechos de aguas, a pesar de que caen en un error y en hechos que posiblemente revistan características de otro tipo de infracciones.

Constituyente chileno Manuel Woldarsky

© Foto : Gentileza Manuel Woldarsky

"Esto es una necesidad de la cual el país completo debe hacerse cargo y para hacernos cargo requiere primero, honestidad de las personas que se encuentran implicadas y segundo, debemos entender que no hay árboles, no hay monocultivos más importantes que una comunidad", señala Woldarsky.

"El agua debe ser un derecho esencial y que todas y todos tengamos derecho a él y que no existan personas o monocultivos con más privilegios que una comunidad"¸ agrega.

A su vez, el constituyente Caamaño señala que es "lamentable, nosotros estábamos a favor de que ellos se inhabilitaran y que no pudieran tener injerencia en el tema del agua, ya que claramente hay un gran conflicto de interés".

Los convencionales que tienen derechos de aguas podrán participar tanto de la discusión como de la votación respecto a desprivatizar el agua.

"Suelta el agua"

A pesar de que aún no se discute ni vota la desprivatización del agua en el pleno del órgano constituyente chileno, 81 convencionales firmaron la campaña Suelta el Agua, realizada por Greenpeace y donde se comprometieron a que la nueva Constitución garantice el agua como un derecho para las personas y los ecosistemas.

La campaña, lanzada el 20 de marzo pasado, en solo 40 días fue visitada por más de 280.000 personas, y reunió 129.000 firmas en la petición por el agua.

Desde Greenpeace, a través de su página web, hicieron un llamado a los 155 convencionales para que en la redacción de la próxima carta magna, se incluya el derecho al agua para el cuidado de las personas y la naturaleza.