La Fiscalía de Bolivia prevé presentar en noviembre una acusación contra Áñez por masacres

LA PAZ (Sputnik) — El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, dijo que espera presentar el mes que viene la primera acusación contra la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) por una de las masacres políticas ocurridas en noviembre de 2019, en los primeros días de su gestión transitoria.

"Esperamos que en el mes de noviembre tengamos ya presentada la acusación del caso de Sacaba (centro)", dijo Lanchipa, citado por el diario local El Deber, refiriéndose al pueblo en el que ocurrió una de las cruentas represiones de policías y militares contra civiles que rechazaban el golpe de Estado que puso a Áñez en el poder.

El anuncio se produjo mientras se instalaba una negociación entre el Gobierno de Luis Arce y familiares de víctimas de las masacres, en la que estos últimos, que llegaron a La Paz tras una semana de marcha por el altiplano, presentaron como principal demanda la de un juicio penal ordinario contra Áñez y sus colaboradores.

Las masacres de Sacaba, Senkata (El Alto de La Paz) y Pedregal (La Paz), que dejaron una treintena de muertos, marcaron el inicio de la gestión transitoria de Áñez, quien cumple detención preventiva desde marzo por otro caso: un juicio ordinario por la forma en que tomó el poder siendo senadora de la minoría opositora.

Responsabilidades

Lanchipa explicó que la investigación de la Fiscalía partía de una denuncia presentada por familiares de las víctimas, con miras a plantear formalmente un juicio de responsabilidades por las masacres, para el que el Tribunal Supremo de Justicia deberá requerir luego la autorización parlamentaria.

Sin embargo, los marchistas que negocian con el Gobierno anunciaron que su pedido es que Áñez y sus colaboradores sean procesados solo por la vía ordinaria, porque consideran que su gestión fue de facto y no constitucional.

Esta demanda es la primera de 22 presentadas por los marchistas a su arribo a La Paz.

Lanchipa evitó responder al criterio de los familiares de las víctimas y solo aseguró que los fiscales investigadores tenían "el propósito de concluir lo antes posible con la etapa procesal y tener la formulación de la acusación en el caso de Sacaba".

Además de Áñez, el caso involucra a su primer gabinete ministerial y a varios jefes militares y policiales.

Aunque el Gobierno de Áñez sostuvo que los hechos de violencia fueron choques entre la fuerza pública y grupos "delincuenciales", una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los calificó tajantemente como masacres.