Fiscal de Argentina recurre sobreseimiento de expresidenta ante máximo tribunal penal

BUENOS AIRES (Sputnik) — El fiscal federal de Argentina Marcelo Colombo pidió que la Cámara Federal de Casación Penal anule el sobreseimiento que se dictó a la vicepresidenta y expresidenta, Cristina Fernández Kirchner (2007-2015), y al resto de los acusados en la causa que investigaba el Memorándum con Irán firmado durante su gestión (2007-2015).

"El fiscal Marcelo Colombo pidió que Casación Penal anule los sobreseimientos dictados en la causa del Memorándum con Irán", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

El fiscal pidió que se realice el juicio oral al manifestarse en contra de la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 8 que dispuso los sobreseimientos del 7 de octubre.

"El camino que se eligió para terminar con el caso, fue el de decidirlo sin hacer un juicio previo y eso es contrario a la ley procesal", cuestionó el fiscal en el escrito que elevó al máximo tribunal penal del país.

El planteamiento de Colombo se suma al recurso que interpuso una de las organizaciones más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que rechazó la decisión de los jueces del tribunal de sobreseer a los acusados al considerar que no había delito.

Según el fiscal, la resolución del Tribunal Oral que dispuso los sobreseimientos "resulta arbitraria porque clausura el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público".

"También porque para así resolver tomó en cuenta una regla procesal [la del artículo 361 del Código Procesal Penal] que no autoriza a actuar como Vuestras Excelencias lo hicieron, en tanto la prueba que se valoró no puede ser calificada como prueba nueva, desde que había sido ya agregada a las constancias de la instrucción judicial", añadió.

La posición de Colombo es difícil que sea sostenida por la fiscalía ante Casación, ya que su representante, Javier De Luca, sostuvo en 2015 que el Memorándum no constituyó delito.

Junto a la vicepresidenta, fue sobreseído el actual embajador de Argentina en Rusia, Eduardo Alberto Zuaín.

El fallo alcanzó en el mismo sentido al exsecretario legal y técnico Carlos Zannini, al senador Oscar Parrilli, y al actual ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires (este), Andrés Larroque, entre otros.

Los jueces también sobreseyeron de forma póstuma al excanciller Héctor Timerman, procesado en la causa hasta que falleció en diciembre de 2018 por una enfermedad.

Atentado en AMIA

El caso se desprende del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.

La expresidenta solicitó hace unos meses la nulidad del caso tras conocerse que dos jueces de la Cámara Federal de Casación visitaron durante su Gobierno al entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) en la residencia presidencial, en el municipio bonaerense de Olivos, y en la sede de Gobierno, en la Casa Rosada.

Los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, tras excusarse en un principio de intervenir en la causa, reabrieron el caso desestimado en todas las instancias judiciales.

El expediente fue cerrado por "inexistencia de delito" en febrero de 2015 por el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas, sentencia después confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal Nacional en lo Criminal y Correccional, y por Casación en mayo de 2016.

Pero el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal de la nación sudamericana reabrió la causa.

Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el atentado de 1994 a la sede de la AMIA, el fiscal fallecido Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández en 2015, cuatro días antes de morir, de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.

La denuncia contra la entonces mandataria se basaba en un memorando de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.

El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.