Organismos civiles exigen al Gobierno de México detener la represión de migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Organizaciones civiles de México y Centroamérica lanzaron la campaña Protección No Contención, en la que llaman al Estado mexicano a poner fin a la represión de migrantes, cuando unas 3.000 personas marchan a unos 40 kilómetros de Tapacula, ciudad fronteriza con Guatemala.

La red de decenas de organizaciones defensoras de los derechos de migrantes exige en un comunicado dirigido al Estado mexicano "poner fin a la represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección, y se garantice su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria, conforme a la legislación nacional e internacional".

La marcha "por la libertad, la dignidad y la paz" está integrada en su mayoría por centroamericanos y haitianos, muchas mujeres, niños y adolescentes, que denuncian la falta de atención de las autoridades de México para cumplir con trámites migratorios, partiendo del pueblo de Huehuetán para caminar 18 kilómetros hacia Huixtla, municipio del estado de Chiapas (sureste), alejándose a 40 kilómetros de la frontera con Guatemala, vigilados por agentes migratorios y guardias nacionales.

El lanzamiento de la campaña plantea al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional que México tiene un marco legal amplio que permite a las personas "regularizar su situación migratoria por razones humanitarias, residencia temporal o por reunificación familiar, además del derecho a solicitar asilo".

Además, afirman que si las autoridades deciden no hacerlo equivale a incumplir con el marco jurídico y sus obligaciones internacionales.

Denuncia ante CIDH

El documento anuncia que las violaciones a los derechos de las personas migrantes serán denunciadas ante la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH) este martes, en la audiencia sobre "Protección de personas en movilidad humana en EEUU, México y norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador)".

El documento señala que, en marzo de 2020, México aceptó participar en la política de expulsiones que EEUU ejecuta utilizando el Título 42 que autoriza realizarlas "en caliente" por emergencias sanitarias.

El compromiso consiste en recibir a 100 personas diariamente, provenientes de Centroamérica, con excepción de aquellas vulnerables a COVID-19, como mujeres embarazadas y menores.

En agosto de 2021 comenzaron a registrarse vuelos desde EEUU a Villahermosa (capital de Tabasco, sureste), y Tapachula (Chiapas), afirman las organizaciones.

Las personas son "expulsadas desde territorio estadounidense, trasladadas a la frontera con Guatemala vía terrestre por agentes del INM y la Guardia Nacional, sin que se les proporcione información sobre su derecho a solicitar asilo en México", añade el texto.

La mayoría de esta población "es expulsada por puntos ciegos en la frontera con Guatemala a altas horas de la noche" donde no hay testigos de las deportaciones, dice la red de organismos.

A esta acción se han sumado las deportaciones que realiza el INM desde estaciones migratorias en el centro y norte del país, incluso de personas con permisos otorgados por razones humanitarias o reconocidas como refugiadas en México.

La falta de respuestas de las autoridades migratorias y de asilo en México "han dejado en un limbo a las personas migrantes en Tapachula, principalmente provenientes de Haití, Venezuela y Centroamérica, quienes han permanecido en ese lugar por más de un año sin oportunidades laborales, acceso a salud y educación".

En el caso de las cuatro caravanas anteriores, el documento señala que cuando las personas han buscado salir de Tapachula en busca de oportunidades de trabajo y condiciones mínimas para una vida digna, "han sido violentamente reprimidas y detenidas por agentes del INM y la Guardia Nacional", sin poder salir de Chiapas.

El Gobierno mexicano afirma que las personas se ven forzadas a salir de sus países por falta de condiciones para una vida digna.

Las organizaciones agregan que las personas migran por la represión, inseguridad, pobreza, inestabilidad política, violaciones masivas de derechos humanos, persecución por bandas del crimen organizado, violencia en razón de género y desastres naturales.

Este lunes, el Gobierno de EEUU informó que el número de migrantes detenidos en la frontera sur de ese país alcanzó un nivel histórico en el año fiscal 2021, más de 1,73 millones de personas, un 77 por ciento más que hace dos años.

Las autoridades fronterizas y migratorias de EEUU (CBP, en inglés), informan que, en el año fiscal octubre 2020-septiembre 2021, casi cuatro de cada 10 detenidos eran de origen mexicano.