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Ecuador: radiografía de una crisis política de excepción

© REUTERS / Henry RomeroEcuadorean presidential candidate Guillermo Lasso speaks near vice president candidate Andres Paez while waiting for the results of the national election in a hotel, in Guayaquil
Ecuadorean presidential candidate Guillermo Lasso speaks near vice president candidate Andres Paez while waiting for the results of the national election in a hotel, in Guayaquil - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2021
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Ecuador se encuentra sumido en varias crisis dentro de una, luego de que el presidente, Guillermo Lasso, debiera decretar el estado de excepción en el país. Para la politóloga ecuatoriana Karen Garzón-Sherdek, la 'muerte cruzada' es una posibilidad.
Por un lado, existe una crisis no resuelta, generada desde la anterior administración de Lenín Moreno en materia de seguridad, y por el otro, una crisis política desatada por el presidente Guillermo Lasso, conocida como 'muerte cruzada', nos ilustra en conversación con Sputnik la politóloga ecuatoriana, Karen Garzón-Sherdek, investigadora del Observatorio Reformas Políticas de América Latina y de la Universidad Sek del Ecuador.
Según el análisis de la actual crisis en el país andino, existen dos elementos para evidenciar la crisis en la que está sumido el espectro político del Ecuador. Un elemento jurídico y uno político.

Aspecto jurídico

La Constitución ecuatoriana de 2008 establece en su artículo 140, que el presidente puede presentar a la Asamblea Nacional un solo proyecto en materia económica con carácter de 'urgente'. No se pueden presentar dos proyectos simultáneos como regla general.
Dentro de ese mismo artículo se establece una salvedad. Si se declara el 'estado de excepción', el Ejecutivo sí puede presentar más de un proyecto con carácter urgente para ser debatido en el pleno de la Asamblea Nacional.
En septiembre, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso envió un proyecto de ley denominado Creando oportunidad, que abarcó varias temáticas: tributarias, laborales, entre otros.
El texto fue devuelto por la Asamblea Nacional, que lo declaró inconstitucional debido a que, de acuerdo a la legislación, un Gobierno no puede enviar una ley urgente que abarque varias temáticas. El episodio provocó el desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, explica Garzón-Sherdek.
El impedimento legal, sin embargo, puede ser sorteado con un decreto de excepcionalidad, en cuyo caso el Gobierno puede enviar propuestas de ley a la asamblea con carácter urgente.
"Pero qué ocurre, la Corte Constitucional de Ecuador, cuando el Gobierno declara un estado de emergencia, tiene que emitir un dictamen de ese decreto de emergencia, donde se declara si este decreto es constitucional o no", sostiene la politóloga.
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"Lo que el Gobierno debería hacer es enviar tres cuerpos legales a la Asamblea Nacional. El primero en materia laboral; el segundo, un proyecto económico urgente en materia tributaria y el tercero, un proyecto para la atracción de inversión", explica Garzón-Sherdek.

La posibilidad de apelar a una 'muerte cruzada'

En materia política, la estrategia de Lasso de decretar el estado de excepción en el territorio nacional, con la cobertura de la seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas, coincide con varios anuncios de protesta de distintos colectivos y movimientos sociales, que sienten no atendidas sus demandas, sostiene la politóloga.
En el último mes han existido dos momentos políticos, señala Garzón-Sherdek. El primer momento encontró al Gobierno de Lasso, a tres meses de asumir, con un 70% de aceptación en las encuestas, en virtud de que primaba el diálogo y se desarrollaba un exitoso plan de vacunación que colocó a Ecuador en el tercer país con mayor inmunización en América Latina, por detrás de Uruguay y Chile.
"Se negociaron y trajeron vacunas. La gente valoró eso, pero esos niveles de satisfacción fue un momento en la política de Lasso. Al pasar los primeros tres meses de Gobierno no hay señales de reactivación económica en un país donde siete de cada 10 ecuatorianos no tiene trabajo en regla", argumenta Garzón-Sherdek.
El segundo momento político, apuntó, es de incertidumbre, inestabilidad y conflictividad política entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

"El Poder Legislativo devolvió la propuesta de ley del Ejecutivo, que tomó la decisión de no aceptar esta devolución, frente a este hecho, el presidente ha indicado que si el legislativo no acepta la ley, este podría convocar lo que en Ecuador se conoce como muerte cruzada, lo que significa que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones, poniendo su cargo a disposición y sujeto a nuevas elecciones. El presidente puede hacer y deshacer mientras no haya poder legislativo", explica Garzón-Sherdek.

La figura de muerte cruzada ha primado en el discurso político, algo que para la analista "es nefasto de parte de un presidente, ya que afecta la institucionalidad del país, donde el Gobierno debería estar concentrado en generar alianzas con el legislativo, no declarando muerte cruzada a tres meses de iniciado su Gobierno".

Papeles de Pandora y juicio político: crisis dentro de otra crisis

Estas pugnas de poder entre ambos poderes del Estado, sumada a la grave crisis carcelaria, social y en materia de seguridad, "salen a la luz justo cuando se venía el juicio político a la figura del presidente por el caso de los Papeles de Pandora".
Garzón-Sherdek subraya que el presidente Lasso, "sentía que lo iban a llamar a juicio político para destituirlo". En ese sentido, apuntó que el mandatario "no tiene mayoría en la Asamblea Nacional" y por tanto, "se adelantó en la jugada, amenazando llamar a 'muerte cruzada' para tener el control político".
Lasso, sumido en la búsqueda de culpables, responsabiliza al correísmo y principalmente a su exaliado del Partido Social Cristiano del Ecuador, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de conspirar políticamente en su contra, junto a Rafael Correa y Leonidas Iza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).
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Según la politóloga, en el imaginario social se construyó la imagen de un presidente que no puede sentarse a la mesa a negociar, ni hacer concesiones, ni generar alianzas.
La crisis carcelaria, por la que Lasso ya ofició un decreto de estado de excepción en septiembre de 2021, "sumado a la crisis de seguridad a causa de la delincuencia, es una situación compleja", según Garzón-Sherdek.

Delincuencia y protesta social

Los últimos meses de crisis carcelaria, donde se ha comunicado que existen grupos de narcotráfico de otros países operando en Ecuador, evidencian que ya no sería un país de tránsito sino productor, tras la instalación de carteles.
"La crisis carcelaria evidenció el rol del narcotráfico y el hacinamiento de cárceles sin control por parte de la Policía, con una grave corrupción instalada, donde van a seguir existiendo matanzas en las cárceles del país si el Gobierno no actúa", observó Garzón-Sherdek.
Para la politóloga ecuatoriana, la solución no es simplemente declarar un estado de emergencia donde la coyuntura, las figuras y los momentos políticos importan mucho. Esto se viene arrastrando desde la administración de Lenín Moreno (2017-2021) con sus decretos de emergencia".

"Si el decreto es real y su objetivo busca luchar contra la delincuencia, el Gobierno tendrá que cambiar la forma en que lo ha venido haciendo: inversión en reducir el hacinamiento carcelario, búsqueda de cooperación internacional", recordó la analista.

"No se puede depender de un estado de excepción con militares en la calle. Los estados de excepción son temporales. Tapa la problemática, pero no soluciona nada",
Ante los cuestionamientos de parte de movimientos sociales por las restricciones a la legítima protesta social, a partir del estado de excepción, la politóloga sostuvo que el "estado de excepción es pensado políticamente para enviar las propuestas de ley enviadas al congreso. Pero en el momento actual, es una forma de decir 'no salgan a protestar', de parte del Gobierno".
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"La Policía está para proteger a la ciudadanía, pero la fuerza militar está entrenada para otros objetivos. Es muy fuerte ver militares en las calles. En el imaginario social nunca podrá estar normalizado ver militares en las calles", profundizó Garzón-Sherdek.
"La protesta social es un derecho humano, si desde el ejecutivo se ha previsto un estado de excepción con militares en las calles para 'reducir los niveles de delincuencia', pero afectando de manera directa a la protesta, está yendo en contra de derechos sociales", concluyó la analista.
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