El libro que quiere censurar la Iglesia católica en Colombia

El periodista Juan Pablo Barrientos ha contado presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes en Colombia. Ha enfrentado al menos 10 acciones judiciales y, recientemente, la justicia falló a su favor y defendió la libertad de expresión.

"Lo que busca la Iglesia al esconder los casos de abuso sexual es no reconocer que hay víctimas para no tener que repararlas, porque, si hay reparación, va a perder activos, dineros y plata. Eso es lo que más cuidan y los que más les duele", denuncia el periodista Juan Pablo Barrientos a Sputnik.

Barrientos ha publicado investigaciones que develan presuntos abusos en el interior de la Iglesia católica y que le ha significado sufrir un ataque judicial con el objetivo de censurar sus publicaciones.

El trabajo periodístico de Barrientos, aunque ha tenido difusión en radio y otros medios, está concentrado en dos libros: Dejad que los niños vengan a mí (2019) y Este es el cordero de Dios (2021). Este último es el que ha levantado más callos en la Iglesia católica porque cuenta con detalles la historia de "Pedro", quien denuncia haber sido abusado durante su niñez y explotado sexualmente por 38 curas de la Arquidiócesis de Villavicencio.

Hasta hace pocos días, un juzgado de la ciudad de Villavicencio —a 120 kilómetros de Bogotá— negó las pretensiones de los sacerdotes Carlos Julio Beltrán, Wilson Alirio Sandoval y Fernando Rodríguez Lozano, quienes intentaron, a través de tutelas —acciones de amparo— y la defensa del buen nombre, sacar de circulación las investigaciones.

Han intentado callar a Juan Pablo Barrientos acosándolo judicialmente para impedir que no saque a la luz los aberrantes casos que esconde la iglesia católica en Colombia, pero la verdad siempre sale a flote. Sin verdad no hay expiación #ElArchivoSecreto @VoragineCo pic.twitter.com/4zuTPkBljy

— Brayan Prieto (@brapri191) October 14, 2021

La justicia decidió que la libertad de expresión, en este caso, estaba por encima del buen nombre, teniendo en cuenta que lo conocido tenía un impacto social importante. Además, centró su argumentación en un punto fundamental: que los sacerdotes intentaban defender un derecho, pero no desvirtuaban ninguna de las denuncias hechas por el periodista.

"No han allegado ninguna prueba que controvierta lo que dice el libro. Simplemente manifiestan que se les ha vulnerado su buen nombre, pero no pueden demostrar que el periodista miente", cuenta Barrientos.

Intentos de censura

"La publicación trajo un acoso judicial coordinado desde las más altas esferas de la Iglesia católica en Colombia, tanto obispos como la Conferencia Episcopal porque no les interesa que se conozcan los hechos que retratan el encubrimiento de pederastas", denuncia el periodista.

Así también lo calificó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia, al denunciar que, en tan solo un mes, Barrientos atendió siete procesos de tutelas que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar el libro más reciente.

"Estos procesos fueron promovidos por distintos sacerdotes del departamento del Meta [cuya capital es Villavicencio] de manera coordinada, sin aportar pruebas de ningún tipo, para intimidar al periodista y desgastar la administración de justicia", comentó la organización no gubernamental.

#NoALaCensura https://t.co/647gSVaL5X

— Planeta de Libros Colombia 🇨🇴 (@PlanetaLibrosCo) October 8, 2021

Según los cálculos que hace la FLIP, activista del derecho de la libre expresión y prensa en el país latinoamericano, ha habido al menos diez tutelas en contra de Barrientos que han intentado "silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos de menores, que son sujetos de especial protección".

"En estos casos es evidente que existe un patrón y un comportamiento inequívoco que busca censurar la investigación sobre estos casos de pederastia, incluso con respaldo de la Arquidiócesis de Villavicencio que intervino directamente en los procesos", señala la FLIP en un comunicado.

Por otra parte, destaca el valor político que tienen los fallos de la justicia que, si bien fueron impugnados y deberán ser resueltos por un tribunal superior, sentaron bases sobre este tipo de publicaciones en Colombia y respecto de que el ejercicio de opinión o información no está supeditado a que haya un fallo condenatorio o absolutorio.

En todo caso, tanto el periodista como la editorial estaban preparados para esta respuesta por parte de la Iglesia, que poco ha hablado sobre el asunto.

"Le dije a la editorial que la Iglesia católica vendría con todos los abogados a enfrentarnos. Pero nuestra preparación fue con periodismo. Sé que el nombre de una persona es sagrado, pero aquí no hay rumores, sino un trabajo directo con la víctima, con las personas involucradas, con la misma Iglesia y con derechos de petición y tutelas para acceder a información", añadió Barrientos.

Una película, una idea

En 2015, el mundo conoció el trabajo de denuncia que realizó el diario estadounidense The Boston Globe, en 2002, bajo la dirección de Martin Baron. A las pantallas del cine llegó la película Spotlight, que narró cómo se destaparon casos de pederastia que fueron cometidos durante décadas por sacerdotes de la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, al noreste de EEUU.

"Esa película arrojó un dato. Antes de los créditos se muestran los nombres de las ciudades en todo el mundo en las que se presentaron casos similares a los de Boston. Aparecen los nombres de más de 200 ciudades y la única colombiana fue Medellín. Yo soy de Medellín y ese tema me llamó poderosamente la atención porque no había visto ninguna investigación de ese tipo en el país", narra Barrientos.

Sin embargo, en Colombia esta investigación tuvo impacto, pero poco ha pasado desde el papel de las autoridades. Para el periodista, "a las autoridades civiles parece no interesarles el tema, las autoridades eclesiásticas revictimizan a los afectados. Los curas de Villavicencio que fueron denunciados están suspendidos, pero siguen recibiendo sueldos de la arquidiócesis, mientras las víctimas huyen con temor".

El deseo es que las denuncias sean tenidas en cuenta por la Fiscalía colombiana y que los casos sean decididos por los jueces de la República.