El largo brazo de la justicia alcanza por primera vez al franquismo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El exministro español Rodolfo Martín Villa se ha convertido en el primer referente de la dictadura franquista (1939-1975) procesado por crímenes de lesa humanidad.

Interrogado hace más de un año por la jueza argentina María Servini, el exjerarca fue procesado el 15 de este mes por cuatro homicidios cometidos entre 1976 y 1978, cuando España iniciaba el denominado período de Transición tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975.

"Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición", reza el fallo de la magistrada argentina al que tuvo acceso Sputnik.

Argentina puede procesar a criminales franquistas en virtud del principio de justicia universal, que habilita a cualquier país investigar delitos imprescriptibles con independencia de dónde o cuándo se hayan cometido.

Gracias a esta figura jurídica reconocida por el derecho internacional, Argentina y España pidieron el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en octubre de 1988, durante un viaje que realizó a Londres. El exjuez español Baltasar Garzón también procesó a 98 militares argentinos por delitos de genocidio y torturas durante la última dictadura argentina (1976-1983), camino que después prosiguió la propia nación sudamericana y que hoy es política de Estado.

Bajo el mismo principio, Servini atendió una demanda contra Martín Villa presentada por familiares de los asesinados y desaparecidos en la dictadura franquista, así como por asociaciones españolas y argentinas.

La jueza evaluó que durante los primeros años de la Transición "se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias" del régimen de Franco, y "se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance".

A Martín Villa, de 87 años, se le responsabiliza por la masacre perpetrada durante los Sanfermines el 8 de julio de 1978 en Pamplona. Como ministro del Interior, estaba a cargo de las fuerzas de seguridad que asesinaron a un joven llamado Germán Rodríguez Saíz, cuando dispararon contra una multitud en la plaza de toros de la capital navarra.

También se le acusa de los homicidios de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, tres de las cinco víctimas de la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales.

En el auto de procesamiento, la magistrada dictó la falta de mérito (ausencia de elementos suficientes para la imputación) de Martín Villa sobre otros ocho homicidios cometidos durante la Transición, aunque señala que continuará la pesquisa para incorporar material probatorio al expediente.

"Esto de ninguna manera cierra el proceso, sino que ha dicho expresamente que continúa el estado de sospecha y que necesita profundizar un poco más la investigación para poder terminar un pronunciamiento al respecto", explicó a Sputnik la abogada Julieta Barindali, integrante del equipo jurídico encabezado por Eduardo Fachal que representa a parte de la querella.

La jueza, quien además impuso a Martín Villa un embargo de 1.135.000 pesos argentinos (10,8 millones de dólares), ordenó librar comisiones rogatorias a los juzgados españoles para recabar más información.

Los delitos de lesa humanidad que investiga Servini desde la apertura de la causa, en 2010, ocurrieron entre el 17 de julio de 1936, fecha del golpe que comandó Franco, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.

En su defensa

Martín Villa es uno de los 15 españoles de los 20 originales sobre los que Servini dictó una orden internacional de captura en octubre de 2014. Su orden no se ejecutó porque las autoridades españolas se niegan de manera sistemática a colaborar con la jueza en todas las comisiones rogatorias que libró desde el comienzo de la causa.

Durante los 11 años de la causa, las autoridades españolas se negaron a brindar información, a impulsar desde el país la investigación de los crímenes franquistas e incluso a la exhumación de las víctimas, pese a que la dictadura dejó más de 114.000 desaparecidos solo entre 1936 y 1951, según reconoció la propia Audiencia Nacional de España en noviembre de 2008.

El número total de víctimas del franquismo se desconoce, como admite el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Tampoco se sabe el número de fosas comunes que se esconden bajo tierra, aunque hasta ahora se han documentado más de 3.000 en todo el territorio.

Esta falta de información, que impide a millones de personas averiguar dónde están los restos de sus familiares, dificultan también un acceso integral a la justicia en un país que prefiere no saber.

España alega que los delitos han prescrito y que a los acusados les ampara la Ley de Amnistía de 1977.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, advirtió en julio de 2014 la "obligación internacional del Estado de extraditar o juzgar, y que sólo podrá denegar la extradición de los acusados de la justicia española para iniciar la investigación y juzgar a los responsables".

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dejó sin efecto en agosto de 2020 una orden firmada cuatro años atrás por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a rechazar las comisiones rogatorias que llegaran desde Argentina sobre los crímenes franquistas cometidos entre 1976 y 1978.