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¿Preocupación o ninguneo? La vivienda en España se debate como derecho básico o bien inmobiliario

© Europa Press / Ricardo RubioManifestación en Madrid (España) por el derecho a la vivienda en febrero de 2021
Manifestación en Madrid (España) por el derecho a la vivienda en febrero de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2021
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El gran escollo para la firma de los Presupuestos Generales del Estado es un asunto crucial en la vida de las personas. Desde hace más de una década, plataformas como la PAH exigen políticas que faciliten el acceso a un techo digno.
Habría que retroceder años, décadas, para saber qué significa la vivienda en España. Se podría ampliar el foco y analizarlo de manera internacional, ya que el asunto es global. Pero conviene fijarse en un país que acaba de salvar los Presupuestos Generales del Estado gracias a una ley donde se aborda este problema nacional. Tanto PSOE como Unidas Podemos han acordado limitar el precio del alquiler o modificar la tributación de los grandes propietarios, entre otras normas. Un pacto que calificaron como "histórico" y que pretende encauzar uno de los mayores dolores de cabeza para la población.
Inquietud, decíamos, que viene de lejos. Solo por poner un orientativo punto de partida, estaría bien citar ese "queremos un país de propietarios, no de proletarios" que anunció José Luis Arrese. El primer ministro de la Vivienda de España bajo la dictadura de Francisco Franco descorchó con esta idea la burbujeante botella de las compras. En 1961 comenzó la construcción masiva de edificios y se introdujo el virus del crédito y las letras. Los ciudadanos, se proclamaba, tendrían oportunidad de poseer un lugar donde vivir, sin importar la renta o el estrato social: se intentaba dar carpetazo a historias como las de El pisito, la popular película de Marco Ferreri estrenada en 1959.
Pasaron los años bajo el yugo de esa máxima y de otra posterior, también de Arrese, sintético en sus enunciados: "Primero la vivienda y después, el urbanismo". Las leyes daban libertad a las constructoras y facilitaban el endeudamiento a cambio de un título de propiedad. Con el fin del Régimen, la llegada de la democracia y el Estado del Bienestar, España prosperó económicamente. Incluso se consiguió que muchas familias tuvieran un apartamento vacacional. Mientras, las grúas no escatimaban horizonte: playa, montaña o periferias urbanas se llenaban de sus siluetas. Hasta alcanzar el cénit en la primera década del siglo XXI: en 2009 se rozó el stock de 650.000 obras, según el registro del Ministerio de Fomento.
Aquel año venía precedido del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, fechado oficialmente en 2008: como buen fenómeno internacional, lo que explosionó en Estados Unidos con el nombre de subprime se propagó rápido al resto de latitudes. España se hundió económicamente, la construcción fue mermando y algunos términos poco oídos, como desahucio o dación en pago, inundaron las conversaciones. Nacieron al alimón grupos como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que lucharon por el derecho a la vivienda. De esa matriz se pasó a otros colectivos locales y vecinales como Stop Desahucios o el Sindicato de Inquilinos, que buscaban proteger a los más vulnerables del zarpazo bancario.
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Los lanzamientos o ejecuciones, como se denominan en el lenguaje técnico, fueron incrementándose: entre 2009 y 2012 se superaron los 90.000 al año. Hasta sumar más de un millón en total en la actualidad, según datos de la PAH, acostumbrada a exponer de carrerilla el artículo 47 de la Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Y las cifras, Insiste la plataforma, no son estancas: cada día hay desahucios, aunque no salgan en la tele. Por eso siguen en la batalla y quizás por eso una de sus caras principales, Ada Colau, obtuvo el suficiente respaldo social para tomar el mando del Ayuntamiento de Barcelona en 2015, revalidado en 2019. El problema, arguyen, no se ha evaporado. Tanto el alquiler como la compra de un piso son todavía una de las mayores preocupaciones de los españoles, según el CIS (Centro de Estudios Sociológicos). Igual que el desempleo o la corrupción, otros dos elementos capitales en los años en que se acabó el despendole.
Más o menos por esa época fue cuando Paloma Muñoz, ni siquiera adolescente, sintió el pellizco de la realidad. Veía imágenes de gente siendo expulsada de sus casas, paseaba por una Puerta del Sol con miles de acampados, dudaba sobre su propio futuro cuando tenía que elegir a qué dedicarse. Al final, se decidió por Derecho. Y hoy, aparte de seguir sus estudios para inspectora laboral, es la portavoz de la Coordinadora de Vivienda en Madrid. A sus clases de universidad u horas frente al temario de las oposiciones le añade madrugadas ayudando emocionalmente a quienes se van a quedar sin techo.
"Desde el instituto tenía conciencia política y social, participé en manifestaciones, entré en el feminismo, estudié Derecho y Políticas, y acabé vinculándome al movimiento por la vivienda para que sirviese para algo concreto, que pudiera ver que tenía un impacto real. Tenía alguna referencia, no directa, y llegué a través de la asamblea del distrito", comenta a Sputnik sobre su activismo. Un compromiso que explica por el interés paterno y que encauzó en esta plataforma que partía "del propio pueblo".
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Escuchaba canciones que mencionaban a la PAH y se familiarizó con conceptos como desahucio. "Entenderlo fue más mayor. Me parecía importante pero no sabía su gravedad", confiesa Muñoz. Cuando se involucró, notó la heterogeneidad del colectivo. "En mi ambiente era más gente joven, y lo que sí me sentí es muy querida y acogida, con la sensación de que todos aportábamos", agrega.
Se dio cuenta entonces de que la vivienda era un derecho: "Yo la tenía como el sitio donde vivía con mis padres, hacía los deberes… Y poco a poco amplié esa idea de lugar básico que necesita la gente. Obviamente, en España nunca ha sido una prioridad. No se entiende que otros derechos fundamentales, como la intimidad, la salud o la educación, se desarrollan ahí, en la casa", defiende, atacando la ley en ciernes: "Está muy por debajo de las expectativas que teníamos, es muy tibia". Patricia Muñoz cree que "se dibuja algo que no va a aportar cambios reales" y que en ciertas regiones, gobernadas por grupos contrarios, no se va a llevar a cabo.
"No se impiden los desahucios de primera vivienda sin alternativa. No basta con avisar a Servicios Sociales y aplazarlos: se tiene que parar. Es uno de los básicos. Y la regulación de alquiler no tiene que poner unos límites sino bajarlos a niveles anteriores a la burbuja. Tenemos que entender que la vivienda tiene que ser como máximo un 31% de gasto de la persona al mes", señala Muñoz.
Visión que apoya Lucía Delgado, portavoz de la PAH de Barcelona. Para ella, la vivienda sigue siendo ninguneada. "No hay medidas estructurales", afirma. Crítica con la ley que se va a aprobar en el Parlamento, explica a Sputnik los orígenes del movimiento y la desilusión por el escueto avance en la materia: "Nos juntamos para defender un derecho, para dar respuesta a muchas familias que no podían pagar una casa y se encontraban al borde de la expulsión y con una deuda". Delgado habla de que la normativa estaba "hecha para la usura", y de que los bancos se nutrían de ese mecanismo que consistía en recuperar sus inmuebles sin perdonar las cuotas por deber.
"Sacamos el tema de los avales, de los sobreendeudamientos y pusimos sobre la mesa el problema de los desahucios, que no se ha solucionado", rememora Delgado. Comenta la integrante de la PAH cómo se puso en relieve la codicia de las entidades bancarias, la inactividad de las administraciones y la gula de los fondos buitre. Y sostiene que, sin embargo, poco ha variado.
"Exigimos cambios estructurales, no parches. Está claro que regular el alquiler puede ser positivo para regular el mercado, pero hay que poner límites a los grandes poseedores y, sobre todo, crear un parqué de vivienda pública", incide.
Una de las propuestas que han anotado es multiplicar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) hasta el 300% en casos de vivienda vacía o acelerar la construcción y la cesión de suelo público. "No nos vale la moratoria de la pandemia ni que se perpetúe la desigualdad entre los poderes económicos y los pequeños propietarios", insiste. En comparación con otros países de Europa, España va a la cola de vivienda social. Destina un 1,1% del stock inmobiliario, al mismo nivel que Estonia o Lituania, cuando la media en la Unión es del 7,5%. Además, el precio medio del alquiler es de 10,5 euros por metros cuadrado y de 1.813 en la compra, con grandes oscilaciones por ciudad, según el portal Idealista. Números que entorpecen cumplir la fórmula aludida por la PAH y aconsejada por la ONU: no debe dedicarse más de un tercio del salario en la vivienda.
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Lucía Delgado, además, atribuye a la vivienda ciertos temas en boga, como la okupación, y cree que son quienes no pueden acceder a este derecho los que buscan alternativas, aunque sean ilegales. "Es algo que nos afecta a todos, pero no es transversal. Siempre hay unos por encima y otros por debajo. Los lobbies económicos siguen usando el ladrillo para especular", apunta, sin perder el ánimo: "Las soluciones cuestan, pero, como decíamos en el 15-M, vamos lento porque vamos lejos". Últimamente, de hecho, se han visto avances en otros lugares próximos, como París o Berlín. En la capital alemana votaron hace unas semanas la expropiación de 240.000 viviendas a grandes inmobiliarias.
Juanjo Ramón, compañero de Lucía, no lo ve suficiente y desconfía de una mejora. "Estamos volviendo al mismo punto", advierte este veterano de la PAH, que ejerce también de portavoz. "Mucha gente en situación de vulnerabilidad aún no encuentra una solución", reseña. Le avala la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística: la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion, en inglés) se situó en 2020 en el 26,4% de la población residente en España y afectó a 12.495.000 personas, frente al 25,3% registrado el año anterior. Unos 620.000 personas más, en términos absolutos.
Ramón, de 49 años, siente "rabia" por la nueva ley y por este regreso ciudadano a la compra, a la construcción y a la idea de que el ladrillo es una inversión segura. Le acompañan datos como que en 2019, año previo a la pandemia, se superó la cifra de 100.000 nuevas construcciones otra vez, como en 2009. Los españoles volvían al redil de la hipoteca y el suelo resucitaba historias olvidadas. A pesar de haber sido testigos de una reciente bancarrota mundial, las nuevas generaciones siguen ancladas a la costumbre.
"Aún se escucha eso de que alquilar es tirar el dinero y el mantra de que los pisos nunca bajan, aunque sepamos que es mentira", suspira Ramón.
Hasta la ficción se hace eco de estos problemas, como entonces. Si Alberto Olmos con Ejército enemigo o Pablo Gutiérrez con Democracia narraban la rebelión en tiempos de crisis o Isaac Rosa ponía su pluma junto a Cristina Bueno en Aquí vivió, que ilustraba el drama de los desahucios, en estos días ha sido otra autora que entremezcla los temas sociales en sus novelas la que ha tratado el tema. Belén Gopegui fabula sobre el devenir de varios inquilinos en Existiríamos el mar. Las dificultades para independizarse y las circunstancias que envuelven la convivencia en un grupo de adultos se exponen con poesía como testimonio del tiempo actual.
Gopegui escribe para dar testimonio de cada contienda individual en torno a este asunto. "En el suelo de una calle del mundo se depositan hojas de árboles, pequeños envoltorios, un chicle, una colilla, un papel con algo anotado, un anuncio. Se irán mezclando con otros hasta que el viento se los lleve o alguien limpie por fin. Y quedarán historias no contadas, casos no cerrados que tratarán del día, el miedo y los afectos, de lo que se hace por un motivo y de lo que aún no se ha podido entender", anota.
Y se pregunta: "¿Por qué escatiman para el resto del mundo los favorecidos del destino? ¿Por qué acaparan los que mucho poseen? ¿Por qué no solo desdeñan la norma de la solidaridad, compartir lo que se tiene, sino que incluso lo que sobra dosifican y cicatean?". La respuesta, en el caso de España y la vivienda, puede hallarse retrocediendo unas décadas atrás.
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