Ejidatarios y autoridades solapan devastación ambiental en territorio maya de Quintana Roo

Desde la llegada de un empresario europeo del turismo, el conflicto envolvió a la comunidad maya de Juan Sarabia, en Quintana Roo. Con el apoyo de la autoridad ejidal y la permisividad de las autoridades locales, se ha dado luz verde para privatizar el bien común; sin embargo, la lucha resiste.

Tras la expulsión sufrida por la comunidad maya que utilizaba históricamente el balneario el Chorro en Juan Sarabia, poblado del municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, los originarios documentaron y denunciaron a las autoridades la devastación ambiental que los nuevos ocupantes del espacio estaban causando en el entorno protegido, resistiendo, además, una creciente violencia en su contra; sin embargo, poco, o nada, se ha logrado por parte de las autoridades.

Todo comenzó cuando, a principios de febrero de 2021, el empresario italiano Andrea Mancini se vio interesado en el balneario. Aunque en un inicio la idea de la comunidad era llegar a un acuerdo para que no se les cobrara la entrada al lugar, las agresiones que recibieron y la devastación ambiental provocada, hicieron que el descontento escalara al punto que se rechace de lleno el emprendimiento turístico.

"No vamos a soltar esto, porque no puede ser que un extranjero quiera venir a hacer negocio en nuestra propia casa. Nosotros somos descendientes mayas, y esto es de nosotros, estas son nuestras tradiciones. Son nuestras raíces y las vamos a proteger", señaló una de las personas afectadas que habló con Sputnik, quien pidió anonimato a causa de las agresiones y amenazas sufridas.

La devastación ambiental

Según el relato de los afectados, ante la protesta ciudadana, el concesionario extranjero junto al Comisario Ejidal, Marcos Antonio Jiménez Potenciano, y otros integrantes del Ejido —responsables de la decisión de concesionar el balneario— decidieron abrir un nuevo camino, provocando el desmonte de la selva baja que caracteriza la zona.

"Para hacer el nuevo camino devastaron árboles protegidos, e incluso dañaron vestigios arqueológicos de la zona. Nosotros nos opusimos y las mujeres nos paramos frente a la máquina para que dejara de trabajar. También hicimos la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)", señaló otra de las personas afectadas.

El 15 de marzo de 2021, cuando el camino irregular se había abierto usando maquinaria pesada, personal del INAH con sede en Chetumal, la capital del estado, verificó que los trabajos causaron daños a vestigios arqueológicos presentes en el sitio.

#México Además de la devastación ambiental, el emprendimiento que busca privatizar el balneario el Chorro en #QuintanaRoo dañó vestigios arqueológicos en la zona, según certificó personal de @INAHmx pic.twitter.com/ZvMWqCiqe4

— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) August 11, 2021

Sputnik buscó al Director estatal del INAH en Quintana Roo, Margarito Molina, para hablar sobre el caso; sin embargo, no concretó la entrevista pautada.

Los vecinos registraron en fotos y videos cómo los cedros, árboles de caoba y tzalam fueron cortados de cuajo. Esto provocó la muerte de fauna local, como el Tucán. Denunciaron también que dentro del predio del balneario, los privatizadores cortaron vegetación de mangle, lo que representa un delito, ya que los manglares en México están protegidos por la NOM 059 debido a la biodiversidad que representan.

Durante meses, la comunidad mantuvo una guardia constante en la zona, buscando evitar una mayor destrucción del patrimonio comunitario. Finalmente, el 21 de mayo de 2021, la Profepa clausuró temporalmente los trabajos en la zona por no acreditarse contar con la autorización en materia de impacto ambiental.

Sin embargo, el domingo 25 de julio de 2021, los ejidatarios entraron por la fuerza al sitio y desde entonces, han vedado la entrada a cualquier integrante de la comunidad local.

"Tienen guardias, siempre entra y sale una patrulla de policía municipal o estatal con ellos. Desde entonces han aumentado las amenazas de muerte que recibimos", señaló una de las mujeres originarias del lugar, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad.

Colusión y corrupción

Los pobladores saben que hay vínculos estrechos entre los ejidatarios que promueven la privatización y funcionarios locales han dilatado su accionar en el asunto.

Aunque el Ejido fue una figura clave en la Reforma agraria mexicana que consagró una forma de propiedad colectiva de la tierra, incluso inédita en el Continente americano, desde la reforma del artículo 27 Constitucional durante el mandato presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en México se permitió la venta y división de los terrenos ejidales, lo que estaba expresamente prohibido antes, abriendo paso a la privatización de terrenos codiciados y a múltiples irregularidades en esos procesos.

Según un documento publicado por el periodista Luis Enrique Tuz, en el diario Por esto! de Quintana Roo, el Departamento de Zona federal marítimo terrestre (Zofemat) indicó que el balneario es propiedad del Gobierno de la Federación.

El documento firmado por la Directora de ingresos de la comuna capitalina, Laura Bautista Moncayo, confirma que, como reclaman los vecinos, el balneario no es propiedad ejidal ni privada sino pública, ya que cumple con las características previstas para ello en el artículo 27 de la Constitución mexicana.

Los vecinos refirieron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se expresó en el mismo sentido. "Ellos dicen que estamos invadiendo, pero los documentos emitidos por Conagua y Zofemat dicen que esa zona es parte de las aguas nacionales. El arroyo está pegado a la vía pública de un camino que tiene más de 50 años de antigüedad, un camino de servidumbre que conecta varias parcelas", explicó una de las fuentes reservadas de la localidad que conversó con este medio.

Aunque los vecinos habían acudido a la autoridad municipal desde el inicio del conflicto, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia, intervino recién a fines del mes de julio de 2021. A instancia suya, el lunes 10 de agosto, se convocó a ambas partes a un diálogo en el Palacio Municipal, para plantear una propuesta de acuerdo de solución al conflicto.

Sin embargo, "no se pudo llegar a un acuerdo, ya que ellos actúan de forma discriminatoria con nosotras y con arrogancia, se retiraron de la sala de reunión sin que siquiera se hubiese leído la propuesta", explicó a Sputnik una de las personas presentes en el evento.