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La sociedad civil rechaza la candidatura de Honduras al Consejo de Derechos Humanos

CC BY-SA 3.0 / Ludovic Courtès / El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU - Sputnik Mundo, 1920, 13.10.2021
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Medio centenar de organizaciones de la sociedad civil rechazaron la postulación de Honduras para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, debido al historial de ataques contra activistas en esa nación centroamericana.
"Instamos a los estados votantes a dejar la papeleta en blanco cuando se trata de Honduras, un estado manifiestamente no cualificado para el escaño, como símbolo para denunciar que el Estado no respete las normas más estrictas en materia de promoción y protección de los derechos humanos y que no colabore plenamente con el Consejo", demanda una misiva firmada por unas 50 organizaciones nacionales e internacionales.
El texto señala que Honduras es uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos, y denuncian su postulación para ocupar un escaño en el mencionado Consejo, cuya votación está prevista para el jueves 14 de octubre.
"Honduras, uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos, no tiene legitimidad para implementar un mandato de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo", agrega la carta.
El mensaje señala que Honduras está plagado de asesinatos, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones contra quienes defienden sus derechos, una situación documentada en sendos reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, 2015 y 2019.
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Tales investigaciones recalcan la persistencia de problemas estructurales como la pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad que afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, debido a la existencia de una justicia selectiva.
De acuerdo con los firmantes, las leyes regresivas implementadas por el Estado hondureño han profundizado la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras, sus comunidades y sus familias.
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