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Fracasa el resurgimiento del movimiento 'pitita' que reivindica el golpe de 2019 en Bolivia

© Sputnik / Sebastián OchoaParo cívico en Cochabamba, Bolivia
Paro cívico en Cochabamba, Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2021
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La oposición al Gobierno de Luis Arce convocó a un paro cívico nacional que tuvo muy bajo acatamiento, salvo en el departamento de Santa Cruz. Como respuesta a los nuevos intentos golpistas, la militancia del MAS convocó a flamear wiphalas en todo el país este 12 de octubre.
Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Puede dar fe de ello el movimiento pitita, conformado por sectores de la población civil que apoyó —y todavía apoya— al golpe de Estado de 2019. Mientras el Gobierno de Luis Arce aún no cumple un año en el poder, la oposición nacional lo acusa de "dictador", por lo cual le hizo un paro cívico que tuvo bajo acatamiento.
Luego de dos años, las principales ciudades del país volvieron a amanecer con sus calles enmarañadas por delgadas sogas: pitas, como les llaman aquí. Desde la noche del domingo 10, quienes rechazan al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) las habían tendido en las principales avenidas. De ellas colgaban algunas banderas bolivianas.
Con el transcurso de la mañana, la Policía Nacional se encargó de desbloquear calles y avenidas, por lo cual la mayoría de las ciudades bolivianas recuperaron un ritmo similar al habitual. Menos en Santa Cruz de la Sierra, el departamento gobernado por el connotado pitita Luis Fernando Camacho. Allí el paro se cumplió con amplitud.
Los comités cívicos de los nueve departamentos, quienes habían convocado a esta jornada de protesta, en ningún momento ocultaron sus intenciones de hacer lo mismo que en 2019 y derrocar al Gobierno legalmente constituido.
En este sentido, el presidente Arce afirmó que desde la asunción de Evo Morales, en 2006, fue posible "construir la Patria digna y soberana que el capitalismo, junto a las clases antinacionales, no pudieron hacer. Hemos tomado el irrenunciable camino de liberación nacional. No volveremos a periodos nefastos para la Patria, como el de 2019", publicó en su cuenta de Twitter.

¿Qué son los comités cívicos?

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Paro cívico en Cochabamba, Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2021
Paro cívico en Cochabamba, Bolivia
Los comités cívicos surgieron para dar un cariz "social" a las dictaduras militares que gobernaron Bolivia durante el siglo XX. Son instituciones conformadas por grupos de poder locales: políticos y empresarios, quienes se arrogan la representatividad de toda la población de donde hacen sus negocios.
Camacho, por ejemplo, fue presidente del poderoso Comité Pro Santa Cruz en 2019, durante los días del golpe contra Morales. Este empresario de diversos rubros usó su tarima para exigir la renuncia del entonces presidente, lo cual finalmente terminó por lograr.
Una vez derrocado "el tirano", como aún le dicen a Morales, Camacho se postuló a la presidencia. Cuando las encuestas le demostraron que no tenía apoyo, se decidió a postularse como gobernador de su tierra, Santa Cruz. Allí obtuvo el apoyo de más de la mitad de la población cruceña votante.
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Como gobernador, se encarga de atacar permanentemente al presidente Arce. El 24 de septiembre pasado, efeméride de Santa Cruz, hizo un berrinche público y desairó al entonces presidente en ejercicio David Choquehuanca, ante las cámaras de todo el país. Lejos de mostrarse avergonzado por su actitud, que no se corresponde con la de ninguna autoridad democrática, el líder cruceño se ufanó en sus redes de haber ultrajado la figura presidencial, entre otros símbolos patrios como la wiphala.
Desde entonces, la efervescencia de la oposición la llevó a creer que podría convocar a la población nuevamente a las calles, como en 2019, para desgastar —otra vez— a un Gobierno del MAS. Pero ahora las cosas no salieron como esperaban. La evidente inclinación golpista de la protesta no tuvo apoyo entre la población.

Paro insignificante

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Un paro cívico implica que no pueden funcionar los comercios privados ni se puede ofrecer algún servicio. Durante los días golpistas de 2019, a esta medida también se acoplaban organismos públicos, como gobernaciones y municipios.
Pero en este 11 de octubre, las oficinas de gobernaciones y municipios estuvieron abiertas, como la mayoría de los comercios y rubros. A media mañana, cuando la Policía había levantado los bloqueos en las avenidas, persistían algunas pititas entrelazadas en calles marginales de barrios de clase media-alta.
"Estos k'aras [citadinos] de todo y de nada bloquean. Yo me pregunto ¿acaso no tienen que trabajar para sostener a sus familias? Mire mis naranjas… Se me van a echar a perder si no las hago jugo", se quejó ante Sputnik la señora Elvira, que pasa los días exprimiendo frutas en la calle 25 de Mayo, en el centro cochabambino.
En esta ciudad hubo un acatamiento mediano en la zona norte, donde están los barrios de clase media-alta. En el resto de Cochabamba el paro cívico pasó prácticamente desapercibido.
En Santa Cruz de la Sierra la medida de fuerza fue notoria, aunque también fue evidente el rechazo de gran parte de la población a esta medida. Por ello, hasta la tarde del 11 de octubre aún se registraban enfrentamientos entre grupos de vecinos de barrios periféricos.
En La Paz hubo varios intentos de vecinos pititas de bloquear calles, pero grupos de militantes del MAS no dejaron de recorrer la ciudad para dispersar a las y los manifestantes, quienes huían entre agresiones e insultos por su defensa del golpe de 2019.
Victoria Huanca tiene un comercio en la ciudad de Oruro, donde también hubo movilizaciones. "Más parece un paro cívico de gente que se ha quedado inconforme después de la elección democrática que hemos tenido en el país", el 18 de octubre de 2020, cuando se impuso el actual presidente, Luis Arce, con el 55,1% de apoyo.
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Para Huanca, las y los pititas de nuevo en las calles representan "la sobra que no termina de entender que ya hemos pasado un proceso democratico".
La movilización opositora pedía también por la libertad de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y otros "perseguidos y presos políticos", quienes participaron del golpe de 2019 y las masacres que le siguieron para imponerse.
"Desde mi punto de vista, el Gobierno no ha elaborado bien los juicios [a los golpistas]. Por eso hay gente que todavía está con ánimos de fregar y provocar para desestabilizar al país", dijo la comerciante. Y evaluó que "el Gobierno de entrada tendría que haber metido juicio a todos estos que han hecho terrorismo durante esas fechas y el Gobierno de Áñez, que no era democrático".

La excusa de la ley

En las últimas semanas, el MAS —con mayoría en el Parlamento-— trató y aprobó la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, la cual es rechazada por la oposición, ya que supondría mayores controles a los grupos empresariales del país.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó en reiteradas ocasiones que la ley 218 pretende "tener un cuerpo normativo que potencie la efectividad en la lucha y sanciones de los delitos contra la legitimación de ganancias ilícitas".
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La oposición operó en organización de pequeños comerciantes para hacerles creer que luego de perseguir a los peces gordos, el Estado investigará a los comercios barriales para recaudar más. En este aspecto, desde el ministerio aseguraron que la ley 218 no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales y tampoco tiene propósitos recaudatorios.
Es importante aclararlo en un país como Bolivia, donde más del 80% del comercio es informal, desempeñado mayormente por vendedores ambulantes o callejeros.
Sin embargo la semilla de la desinformación prendió, porque este 11 de octubre en varias ciudades las y los pequeños comerciantes marcharon en rechazo de esta nueva ley.
Huanca contó que "como afiliados al mercado, no hemos hecho caso a ese paro cívico. El tema político no nos interesa. Como sector estamos preocupados en generar economía, porque nos han afectado la pandemia y el golpe de Estado".
Y comentó que "la marcha que hoy se ha realizado ha sido en contra de la ley 218, para evitar que se nos investigue en temas financieros".
Los sindicatos de la ciudad decidieron realizar esa marcha "porque si vamos a permitir que se haga una ley de este tipo, después nos van a atacar a los pequeños comerciantes, que no generamos tanto como los empresarios, que mueven mucho más dinero".
En el caso de Oruro, su alto índice de comercio informal se ve fomentado porque comparte frontera con la república de Chile: "Todo el mercado acá es informal, con muchos productos de contrabando. Eso lo sabe el Estado y lo sabemos nosotros", dijo Huanca.
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Por ello, las y los comerciantes temen —infundadamente— que la ley 218 permita al Estado investigar el origen de sus menguadas fortunas.
En definitiva, los falsos rumores dispersados por la oposición les sirvieron para tener algo de presencia en las calles: la de cientos de pequeños comerciantes desinformados.
Concluido este paro cívico que pasó sin pena ni gloria, llega el turno de la militancia del MAS. Convocados por el expresidente Morales, las bases obreras y campesinas del Gobierno llenarán las ciudades de wiphalas este 12 de octubre. La movilización será en defensa de este símbolo patrio, también del mandato del presidente Arce.
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