El proceso por corrupción contra exministro boliviano se vuelve a postergar en EEUU

LA PAZ (Sputnik) — El proceso en Estados Unidos contra el exministro boliviano Arturo Murillo, por corrupción y lavado de dinero, sufrió el 8 de octubre un nuevo aplazamiento, hasta noviembre, informó el procurador general Wilfredo Chávez.

"Él, en audiencia, ha solicitado la postergación de su audiencia por el plazo de 30 días aduciendo que la nueva abogada debe revisar los documentos con su cliente para de esa manera defenderse del caso", dijo Chávez en conferencia de prensa.

Los otros cuatro acusados en el proceso, derivado de una compra irregular de materiales antidisturbios para la policía boliviana, se declararon culpables la semana pasada.

Murillo está detenido desde mediados de año en Miami, donde se había refugiado tras huir de Bolivia en coincidencia con el fin del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, del cual fue considerado el hombre fuerte, y la instalación del gobierno democrático de Luis Arce.

Desde entonces, ha logrado que su audiencia judicial preliminar sea postergada tres veces, hasta el 8 de octubre, mientras los otros acusados salieron en libertad bajo fianza cuando admitieron culpabilidad.

El procurador Chávez dijo que Murillo "ha renunciado hoy a la audiencia preliminar, que es un derecho que le correspondía, y directamente (irá) a la audiencia en la que se leerán los cargos contra esta persona", tras lo cual tendrá la opción de declararse culpable o defenderse en un juicio.

Los otros cuatro procesados —el ex jefe de gabinete y asesor de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, y los empresarios boliviano-estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfel— esperan entretanto una audiencia en la que la justicia dictará sus sentencias.

Chávez dijo previamente que Murillo "tiene muy pocas posibilidades de salir al paso porque los otros miembros están declarados culpables y esto es irrectractable".

Según Chávez, hay pruebas de que Murillo presionó al Banco Central de Bolivia para que desembolsara el dinero público utilizado en la compra de gases lacrimógenos y otros materiales policiales, por un monto de 5,6 millones de dólares.

De ese monto, 2,6 millones constituían un sobreprecio que los procesados trataron de legitimar en el sistema bancario de EEUU, donde fueron capturados por la policía federal FBI.