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Parlamentario andino denuncia que Fiscalía de Ecuador realizó fraude procesal en su contra

© AP Photo / Fernando VergaraIndígenas ecuatorianos protestas durante la crisis política de octubre de 2019 en Ecuador
Indígenas ecuatorianos protestas durante la crisis política de octubre de 2019 en Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2021
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QUITO (Sputnik) — El analista político y parlamentario andino, Virgilio Hernández, denunció, en una entrevista con Sputnik, que la Fiscalía de Ecuador realizó fraude procesal en el caso en el que es acusado de rebelión durante las protestas de 2019.
"La Fiscalía acusó que había grandes sumas de dinero en mi casa, lo cual es absolutamente falso. Imagine que un fiscal cambie 740 dólares por 740.000 dólares, eso es fraude procesal, porque es engañar o utilizar una información falsa para engañar al juez y de esa forma justificar las órdenes de prisión preventiva. Eso fue lo que hicieron conmigo", dijo Hernández a Sputnik.
Hernández enfrenta un juicio por el presunto delito de rebelión relacionado con las violentas protestas de octubre de 2019 contra un decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y que posteriormente fue derogado por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021).
En octubre de 2020, al inicio de la instrucción fiscal en su contra, Hernández recibió orden de prisión preventiva y estuvo recluido en una cárcel de la ciudad de Latacunga (centro).
La misma medida fue aplicada a la prefecta de Pichincha (norte), Paola Pabón, y contra Christian González, quienes al igual que Hernández pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En diciembre, una jueza de la Corte de Pichincha dispuso que los tres sean liberados para que enfrenten el proceso en libertad, pero con medidas cautelares como el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, entre otras.

"Absurdo jurídico"

Hernández consideró, en diálogo con Sputnik, que el caso es un "absurdo jurídico", ya que no tiene fundamentos procesales, "más bien se motiva en consignas políticas del anterior Gobierno y de una justicia que no garantiza imparcialidad".
"En nuestro caso creo que se verifica un hecho más de lawfare que ha sacudido a la región y que en nuestro caso es evidente. Moreno se enfocó sobre todo a dirigir desde el primer día sus ataques al correísmo. Primero dijo que era fruto de una conspiración internacional entre [Nicolás] Maduro y [Rafael] Correa. En nuestro caso, ya concluyó la instrucción fiscal, la investigación, y no hay un solo elemento que pruebe que existió esta conspiración", agregó.
Asimismo, sostuvo que no hay evidencia de que hayan participado en un hecho de violencia o que hayan contratado a venezolanos para dañar la ciudad de Quito, tal como acusó la Fiscalía.
"Incluso no tenemos ninguna vinculación con ninguna fuerza armada, ni con la Policía, ni vínculo con los que eran realmente los actores de la protesta. Es decir, ¿qué posibilidad hay que tres personas seamos capaces de poner peligro la vigencia de la Constitución y del Gobierno? Esto es absurdo. En cualquier Estado de derecho serio, no habría prosperado esta acusación", expresó.
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Además, mientras la ley de otorga a la Fiscalía dos años para investigar, solo se tomó 12 horas para analizar el caso, fundamentó.
"El 5 de noviembre yo acudí a la justicia cuando el juez me vinculó legalmente. Sin embargo, cuando se determina mi prisión, se dice que había peligro de fuga, por lo que se establece una prisión preventiva. Ese juez que determinó la prisión preventiva paradójicamente, por coincidencia, yo no insinúo nada, pasó a ser juez de la Corte Nacional de Justicia", deslizó.

Pedido de amnistía

El 25 de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador admitió a trámite un pedido de amnistía para quienes enfrentan procesos judiciales por las protestas de octubre de 2019, entre los que se encuentra Hernández.
El parlamentario sostiene que es un "camino que se abre" y que tiene "fe", pero advierte que, para que se apruebe, se requieren 92 votos en una Asamblea que está "fragmentada".
"No es fácil que podamos obtener esos votos. Ojalá que esto sea por lo menos una oportunidad para evidenciar cómo se hizo este proceso", indicó.
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En octubre de 2019 diversos grupos sociales, liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), mantuvieron 12 días de protesta en contra de la decisión del Ejecutivo de eliminar los subsidios a los combustibles, decisión que finalmente tuvo que ser derogada para terminar con las protestas.
Esas jornadas de protesta provocaron la muerte de unas 10 personas, millonarias pérdidas económicas y actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.

Controlaría de Ecuador no es la que debe investigar a Lasso

Virgilio Hernández dijo a Sputnik que duda que la Contraloría de Ecuador pueda investigar al presidente Guillermo Lasso por el caso de Papeles de Pandora, en el que se señala que el mandatario tuvo un entramado de empresas off shore en paraísos fiscales antes de 2017.

"Lo que amerita es que se aclaren las dudas. Tendría que ser la Asamblea Nacional [parlamento unicameral] la que conforme una comisión o que se cumpla la ley y la Contraloría desarrolle una investigación. Tenemos una institucionalidad débil. Dudo que la Contraloría pueda hacer los controles que se deben", dijo Hernández.

El fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —ICIJ, por su sigla en inglés— publicó una investigación que pasó a conocerse como Papeles de Pandora.
Se trata de la filtración de 12 millones de documentos sobre fortunas de diversos líderes y personas de poder, entre ellos más de 330 políticos de 90 países, escondidas en paraísos fiscales.
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Según la investigación, Lasso se deshizo en 2017 de un entramado de empresas offshore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.
Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.
Por su parte, Hernández consideró que, en vez de pedir la renuncia del presidente, hay que averiguar la verdad.
"Ahora hay que esperar que la Asamblea trabaje para revelar cuál es la situación. Antes que enojarse, lo que se tiene que hacer es investigar. Yo me preguntaría, ¿a quién le hizo el traspaso en 2017?, ¿cuál fue el destino de los recursos de esa venta? ¿Realmente fue un traspaso o solo fue una simulación?", agregó.

Dichos de Lasso

En respuesta a la investigación del ICIJ, Lasso dijo en un comunicado de prensa que cumple y ha cumplido en todo momento con la Ley que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.
El mandatario añadió que, como dice la misma publicación, la mayoría de las sociedades fueron legalmente disueltas en el pasado y que no tiene relación con las que al momento pudieran existir.
Opposition presidential candidate of the Movement Creando Oportunidades, CREO, party, Guillermo Lasso, delivers a speech during his closing campaign rally in Guayaquil, Ecuador, Thursday, Feb. 14, 2013. - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2021
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"Es de conocimiento público que mi patrimonio, contenido en la declaración de bienes, rendida ante la Contraloría General del Estado, es fruto de mi trabajo de toda mi vida en el Banco Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país", enfatizó Lasso.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Villavicencio, pidió el lunes 4 a Lasso información sobre si tiene actualmente vínculos con fideicomisos, compañías y fundaciones mencionados en la investigación periodística.
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