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La Justicia argentina cita a indagatoria a Macri por espionaje en el caso del ARA San Juan

© AP Photo / Natacha PisarenkoMauricio Macri, expresidente de Argentina
Mauricio Macri, expresidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2021
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La Justicia de Argentina citó al expresidente del país Mauricio Macri a una indagatoria y le prohibió la salida del país, al involucrarlo en la causa que investiga el espionaje ilegal de familiares de la tripulación del submarino San Juan, siniestrado en 2017.
"Macri es citado a indagatoria en causa por espionaje ilegal", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El magistrado, que actúa como subrogante del juzgado federal de la localidad de Dolores, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, investiga si durante la gestión anterior se realizaron tareas de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los familiares de los 44 tripulantes que naufragaron en el submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.
"Esa producción de inteligencia ilegal no pudo deberse a una concatenación de extralimitaciones sino a una directiva precisa emanada de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional", esgrimió el magistrado.
Al asumir que ese "accionar no puede ser admisible", el juez sostuvo que "es deber del Poder Judicial sancionar, no sólo por imperativo legal, sino como garantía de no repetición de estas prácticas aberrantes".
El exmandatario, que se encuentra en la actualidad en EEUU, adonde viajó para promocionar su nuevo libro, fue así imputado en el expediente.
El entonces gobernante se reunió por primera vez con los familiares de la tripulación el 20 de noviembre del 2017, cinco días después de la desaparición del navío.
Fue a partir de ese encuentro en que comenzó "el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan (toda vez que el primer documento referido a este tema del que tenemos constancia data del diciembre del 2017)", reseñó el juez.
Esas tareas de inteligencia "no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional".
Se realizaron, entonces, "con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri", añade la resolución.
El magistrado asumió que Macri, "en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias"; indicó sobre la ley de Inteligencia Nacional.
En su sentencia, el juez procesó además al exdirector de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler y al exjefe de la delegación Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez, dado que en esa ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires (este), donde el submarino tenía su atracadero habitual, se coordinaron las tareas de vigilancia contra los familiares de los tripulantes.
En diciembre de 2020, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el procesamiento de quien fue el director de la AFI durante el Gobierno anterior, Gustavo Arribas, y de la subdirectora, Silvia Majdalani.
El caso analiza las supuestas maniobras desplegadas en el denominado proyecto "AMBA" de la AFI entre finales de 2016 y diciembre de 2017.
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De acuerdo a la pesquisa, la AFI desplegó seis bases de inteligencia en el principal cordón urbano aledaño a la capital, conformado por 40 municipios de la provincia de Buenos Aires (este).
Las bases, en concreto, funcionaron en las localidades de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes.
Estas estructuras se habrían utilizado para espiar a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino San Juan en noviembre de 2017.
Según la denuncia que impulsó el caso, la hermana de un tripulante fue seguida y fotografiada por personal de la AFI el 15 de enero de 2018, durante una misa con motivo de los dos meses los dos meses de la desaparición del submarino San Juan.
También fueron seguidas tres esposas de los submarinistas el 3 de febrero de 2018.
Dos días después, se requirió información de la madre de uno de los tripulantes porque iba a entregarle una carta a Mauricio Macri.
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En el expediente también se denuncia el espionaje de una reunión en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires, cuando se informó que los familiares reclamaron a la Armada reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes del buque y ser recibidos por el mandatario.
El caso da por probado que hubo "órdenes concretas" por parte de la dirección de la AFI "para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de Gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar".
Al asumir en diciembre de 2019, el actual Ejecutivo de Alberto Fernández anunció que la AFI dejaría de contar con fondos reservados y designó a su actual interventora, Cristina Caamaño, que fue quien presentó la denuncia con la que se dio inicio a esta causa.
El submarino San Juan desapareció el 15 de noviembre con sus 44 tripulantes a bordo y fue hallado exactamente un año después por una empresa privada que lo encontró a 907 metros de profundidad en el Mar Argentino.
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