La Corte Suprema de Colombia condena a exgobernador por vínculo con paramilitares

BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia anunció que condenó a siete años y once meses de cárcel al exgobernador de Antioquia (noroeste) Luis Alfredo Ramos por sus vínculos con el paramilitarismo.

"La valoración conjunta de los medios de prueba efectuada evidencia sin lugar a dudas los acuerdos a que llegó con comandantes de grupos de autodefensa para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado de la República y a la Gobernación del departamento de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido", indicó la CSJ en un comunicado.

Según el tribunal, Ramos se alió con grupos paramilitares entre el año 2001 y 2007, cuando se desempeñó como senador, para sacar provecho político y permitir su operación en Antioquia.

La sentencia, que se produce tras 10 años de investigación, señala que Ramos promocionó las autodefensas, en especial a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, hoy extintas).

La decisión mayoritaria, proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la CSJ, concluyó que Ramos "no fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001, conforme lo dieron a conocer los testigos de cargo analizados".

Asimismo, agregó que para dicha sala también quedó demostrado que el excongresista prestó "su concurso para que la Ley de Justicia y Paz (por medio de la cual se desmovilizaron las organizaciones de paramilitares en el país) fuera más benévola para los aludidos grupos ilegales".

La sentencia también señala que la conducta del exgobernador y exsenador "es antijurídica formal y materialmente, como quiera que al asociarse con organizaciones paramilitares por varios años y colocar la función pública a su servicio, no solo puso en peligro sino que lesionó, sin causa justificada, el bien jurídico de la seguridad pública".

Por último, la CSJ declaró que en el caso de Ramos no procede la prisión domiciliaria, pero dispuso que Ramos siga gozando de su libertad hasta tanto quede en firme la sentencia en su contra.