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Instituciones de Perú piden a presidente convocar a Consejo de Estado por crisis política

© REUTERS / John Minchillo Pedro Castillo, presidente de Perú
 Pedro Castillo, presidente de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 01.10.2021
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LIMA (Sputnik) — Los titulares del Poder Judicial de Perú, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo pidieron al presidente, Pedro Castillo, que convoque urgentemente al Consejo de Estado por la crisis política que está atravesando el país.
"Los poderes del Estado y las instituciones constitucionalmente autónomas que suscriben la presente comunicación se dirigen a usted al fin de solicitarle, en el marco de las competencias que la Constitución nos asigna, la convocatoria a una sesión urgente del Consejo de Estado. Este pedido se fórmula debido a la creciente inestabilidad política que viene afectando la buena marcha de la administración pública y el pleno ejercicio de los derechos humanos", indicaron en un oficio.
El Consejo de Estado peruano es un órgano de consenso conformado por el presidente de la República, el primer ministro, así como los titulares del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.
La situación política de Perú está atravesando una etapa crítica por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que tiene una mayoría oficialista, por lo que el presidente no cuenta con apoyo suficiente en el Congreso.
El último hecho de este enfrentamiento es la interpelación de parte del parlamento al ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus presuntos nexos con la organización maoísta terrorista Sendero Luminoso.
Frente a esta interpelación que podría llevar a la destitución de Maraví, el primer ministro, Guido Bellido, ha advertido con ejecutar el mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, que es solicitar al Congreso el respaldo a una iniciativa del Ejecutivo.
Si el Congreso niega dos veces la confianza al Ejecutivo, este quedaría facultado para disolver el parlamento y convocar elecciones legislativas.
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